El PP ha diseñado un plan de choque judicial que traslada a la Audiencia Nacional las macrocausas de crimen organizado hoy repartidas entre juzgados de instrucción desbordados. La propuesta, incluida en su programa electoral, aspira a descongestionar los tribunales locales y a dar una dirección única a investigaciones que la Policía Nacional y la Guardia Civil sostienen durante años.
El documento, al que ha tenido acceso ABC, no se limita a un reajuste de competencias. Génova plantea una arquitectura penal completa apoyada en tres ejes: retirar a los juzgados locales el monopolio de las macrocausas de criminalidad organizada, inyectar remesas periódicas de magistrados, fiscales y personal de la Administración de Justicia, y profundizar en la especialización de los órganos judiciales en materias de extrema sensibilidad social.
El punto de partida es un problema que las unidades de élite conocen bien. Una misma red puede generar piezas separadas en cuatro provincias, con cuatro titulares, cuatro calendarios y cuatro criterios sobre la misma prueba. Esa dispersión encarece la investigación, retrasa las comisiones rogatorias y complica la coordinación con Europol. La Audiencia Nacional concentra ya terrorismo, narcotráfico con efectos transfronterizos y criminalidad económica grave, y el PP considera que ese modelo debe absorber ahora el conjunto de las macrocausas.
Tres ejes para una arquitectura penal distinta
El primero de los ejes es el que más discusión jurídica va a generar. El PP quiere que los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional asuman las investigaciones de criminalidad organizada que hoy se tramitan en partidos judiciales sin medios para afrontarlas. La lógica es operativa: una sola instrucción para toda la red, un único criterio sobre intervenciones telefónicas, registros y medidas patrimoniales, y un solo interlocutor para las autoridades judiciales extranjeras.
El segundo eje es de medios: remesas periódicas de magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia. Sin plantilla suficiente, sostiene el programa, ningún reparto de competencias funciona. Las unidades de élite de la Guardia Civil y de la Policía Nacional trabajan con cronogramas de dos y tres años, con decenas de investigados y con prueba digital que exige meses de análisis pericial; una instrucción infradotada convierte ese esfuerzo en papel mojado.
Las unidades de élite de la Policía Nacional y la Guardia Civil sostienen investigaciones de años que exigen una instrucción estable, no juzgados fragmentados por provincias.
El tercer eje apuesta por la especialización en áreas de extrema sensibilidad social: violencia de género, derecho de familia y cibercriminalidad. En este último terreno, la saturación judicial choca con una delincuencia que no entiende de partidos judiciales: estafas con centenares de víctimas repartidas por varias provincias, suplantaciones de identidad y extorsiones con ransomware que se investigan con apoyo técnico del INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad, el organismo público que gestiona la ciberseguridad de empresas y ciudadanos).
Un cambio que afecta de lleno a la operativa policial
Para las unidades que sostienen las investigaciones, la reforma tiene consecuencias medibles. La UCO (Unidad Central Operativa, el cuerpo de élite de la Guardia Civil especializado en crimen organizado) y la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) trabajan con equipos conjuntos de fiscalía y con gabinetes que analizan toneladas de documentación societaria. Concentrar la instrucción reduce duplicidades, evita diligencias repetidas y permite que una misma estructura criminal se juzgue en una sola causa.
La propuesta exige, en todo caso, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y por tanto una mayoría parlamentaria que la respalde en la próxima legislatura. Requeriria también informes del Consejo General del Poder Judicial y de las fiscalías afectadas, además de un calendario de transición que evite colapsar los juzgados centrales con el trasvase de macrocausas ya en marcha.
El Contexto Institucional
El marco de amenaza que justifica el debate es un fenómeno en expansión. Europol identifica en sus evaluaciones periódicas de criminalidad organizada estructuras cada vez más transnacionales y más digitales, que combinan narcotráfico, fraude y blanqueo en cadenas de suministro que atraviesan varios Estados miembros. España, por su posición geográfica y por la presión del narcotráfico en el Campo de Gibraltar y en la fachada atlántica, aparece de forma recurrente en esos análisis como país de entrada y de asentamiento logístico de las redes.
Sobre ese escenario, la estadística oficial dibuja una curva sostenida. Europol ha llegado a identificar 821 redes criminales de alto riesgo operando en la Unión Europea en su análisis de las estructuras más peligrosas del continente, y los balances del Ministerio del Interior vienen registrando el peso creciente de la criminalidad grave y de la cibercriminalidad sobre el total de infracciones conocidas. Las unidades de élite de la Policía Nacional y la Guardia Civil han cerrado en los últimos ejercicios operaciones con decenas de investigados y sociedades interpuestas que exigieron años de instrucción para acreditar el blanqueo.
La proyección es clara. Si la reforma sale adelante, la Audiencia Nacional necesitará más plazas judiciales, más fiscales especializados y refuerzos técnicos para absorber un volumen de causas que hoy se reparte entre decenas de órganos. Si no sale adelante, el mapa de instrucciones fragmentadas seguirá siendo el mismo que la Policía Nacional y la Guardia Civil ya conocen. El PP traslada así la discusión al terreno del modelo judicial: si España quiere juzgar las redes del siglo XXI con una planta diseñada en 1985.
