EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Trump ha reclamado públicamente al Senado que confirme sus 161 nominaciones pendientes, entre ellas 25 jueces federales, antes de que el Partido Demócrata asuma la mayoría de la Cámara alta en enero.
- ¿Quién está detrás? La Casa Blanca, el senador Mike Lee y el aparato judicial conservador; enfrente, los dos senadores de Arkansas, John Boozman y Tom Cotton, que frenan a Lee Rudofsky para el Octavo Circuito de Apelaciones.
- ¿Qué impacto tiene? El tribunal que cubre el cinturón agrícola estadounidense podría quedarse sin mayoría conservadora, y su jurisprudencia condiciona los litigios que afectan a exportadores y empresas españolas en EE. UU.
Trump exige al Senado que confirme sus 25 jueces federales pendientes antes de enero, cuando los republicanos pierdan la mayoría.
El pulso de Arkansas que decide una mayoría judicial
El mensaje llegó el lunes por la noche por Truth Social y tenía un destinatario único: el Senado. El presidente de Estados Unidos reclamó la confirmación de sus 161 nominaciones pendientes, «incluidos 25 jueces federales», un texto que la Casa Blanca recogió en su registro oficial de acciones presidenciales. La fecha no es retórica. En enero, el Partido Demócrata asume la mayoría de la Cámara alta y el calendario de confirmaciones se cierra de golpe.
Todo se atasca en Arkansas. Los senadores John Boozman y Tom Cotton mantienen bloqueado el nombre de Lee Rudofsky para el Octavo Circuito de Apelaciones, según las fuentes del proceso de nominaciones judiciales consultadas por el Washington Examiner, y prefieren a la jueza del Tribunal Supremo estatal Cody Hiland. Rudofsky no es un desconocido: fue procurador general de Arkansas y Trump lo nombró juez federal de distrito en 2019. Su ascenso cubriría la vacante del juez Bobby Shepherd, designado por George W. Bush, que pasará a retiro parcial en cuanto su sucesor tome posesión.
El detalle que importa: con Rudofsky en el banquillo, los designados por Trump lograrían por primera vez la mayoría en ese tribunal de apelaciones. La escala es la de siempre. En su primer mandato, Trump colocó a tres jueces del Tribunal Supremo y a 54 jueces de apelaciones; Joe Biden, en cuatro años, nombró a uno del Supremo y a 45 de apelaciones. Ninguna otra decisión presidencial sobrevive tanto tiempo.
Los aliados del presidente no han disimulado el enfado. «Después de perder el Senado republicano, Boozman bloquea ahora a Rudofsky porque quiere negociar con los demócratas por su amigo», escribió Robert Luther III, que trabajó en nominaciones judiciales en la primera Casa Blanca de Trump. Mike Davis, asesor legal informal del presidente, calificó la maniobra de «pecado imperdonable» y apuntó a los senadores John Cornyn y Thom Tillis. Mike Lee, que en enero será el republicano de mayor rango en el Comité Judicial, fue directo: «Si el Senado no lo hace ahora, es poco probable que el presidente pueda cubrir estas plazas en el próximo Congreso».
Un tribunal de apelaciones no cambia de color cada cuatro años: la mayoría que se pierde en enero no se recupera en una década.
El calendario es el verdadero adversario. Hay cuatro nominados de apelaciones esperando turno: Rudofsky para el Octavo, Daniel Domenico para el Décimo, Anna St. John para el Quinto y Todd Butler, también para el Quinto, con comparecencia este martes. El Comité Judicial examina hoy a seis candidatos de distrito, entre ellos Daniel Ballou, Richard Bennett y Courtney Coker, mientras Rudofsky sigue retenido por las reglas internas y su voto se aplaza, como pronto, a la semana que viene. Una sola deserción republicana basta para hundirlo.
Lo que se juega España en esos tribunales
Los jueces federales no votan sobre aranceles ni sobre el aceite de oliva, pero escriben la jurisprudencia con la que después se litiga. El Octavo Circuito cubre siete estados del cinturón agrícola —Arkansas, Iowa, Minnesota, Misuri, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur— y revisa las sentencias de los tribunales federales de distrito donde se dirimen disputas sobre etiquetado alimentario, reglas sanitarias, protección de cultivos y demandas colectivas contra la industria agroalimentaria. Ahí operan los exportadores españoles de porcino, vino y aceite que venden en el mercado americano.
El alcance es mayor. La doctrina que fijan los circuitos decide cuánto puede regular una agencia federal, de la FTC a la SEC, del Departamento de Agricultura al de Comercio, y hasta dónde llegan las cláusulas de arbitraje y las demandas colectivas que afrontan las compañías con presencia en EE. UU. Santander, BBVA, Iberdrola, Repsol, Ferrovial, ACS y Telefónica litigan allí bajo esas reglas. Madrid no tiene voto en el Comité Judicial. Tiene interés.
Nadie vota esto en ninguna papeleta.
La Lógica de Washington
¿Por qué esta prisa? Porque el legado judicial es la moneda más duradera de la política americana y Trump lo sabe desde 2016. La coalición que lo sostiene —el aparato jurídico conservador, la red de la Sociedad Federalista, el electorado evangélico y buena parte del dinero corporativo— no le pide aranceles ni muros: le pide jueces. Es el compromiso que se paga con plazas vitalicias y el único que sigue rentando cuando el presidente ya no aparece en la papeleta.
El precedente es viejo y muy americano. En sus últimas semanas en el Despacho Oval, John Adams firmó en 1801 los nombramientos de los llamados jueces de medianoche para blindar el poder judicial frente a Thomas Jefferson; de aquel forcejeo nació Marbury contra Madison, la sentencia que inventó el control judicial de las leyes. Dos siglos después el patrón se repite: en 2016 el Senado republicano dejó morir la nominación de Merrick Garland y en 2020 confirmó a Amy Coney Barrett una semana antes de las elecciones. Los senadores de Arkansas libran ahora una pelea entre iguales, pero la ventana se cierra igual.
Para España, la lectura es de medio plazo. El Gobierno español sigue las negociaciones comerciales con Washington, pero no tiene palanca sobre sobre el calendario del Senado: la relación bilateral en materia judicial se limita a los tratados de cooperación y a la confianza de los inversores. Lo que observamos es que el plazo de enero puede dejar al Octavo Circuito sin ese giro de mayoría y congelar el resto de la lista. La próxima prueba llega la semana que viene, en el Comité Judicial, con una votación donde una sola baja republicana cambia el resultado. Después, a principios de enero, el nuevo Senado toma posesión y las nominaciones caducan. Nada de esto se negocia en Bruselas.
Ficha del Caso
- El caso: Trump presiona al Senado para que confirme 161 nominaciones, 25 de ellas judiciales, antes de que el Partido Demócrata controle la Cámara alta en enero.
- Datos clave: 22 nominados judiciales anunciados más tres con papeles presentados; cuatro nominados de apelaciones pendientes; Trump I: tres jueces del Supremo y 54 de apelaciones frente a uno y 45 de Biden; voto en comité previsto para la semana del 16 de noviembre.
- Para España: las sentencias del Octavo Circuito y del resto de circuitos federales fijan el marco de los litigios regulatorios, comerciales y de arbitraje que afectan a los exportadores agroalimentarios y a las grandes empresas españolas con presencia en EE. UU.
