Santiago Abascal sostiene que la huelga general del 11-N ‘no debería ser legal’ y augura un respaldo muy escaso.
Qué defiende Abascal y con qué argumentos
El presidente de Vox fijó este martes su posición sobre la convocatoria de CC.OO. y UGT en una entrevista en COPE, y lo hizo con dos exigencias previas: que no haya ningún tipo de violencia y que nadie coaccione a los españoles que quieran trabajar. El paro está convocado para este miércoles, 11 de noviembre.
El argumentario arranca por el calendario. Al líder de Vox le parece ‘un insulto a los españoles’ que las dos centrales mayoritarias convoquen una huelga general a pocos días del inicio de la campaña electoral y que no lo hayan hecho durante ocho años de Gobierno en los que, a su juicio, las condiciones materiales de los españoles han empeorado drásticamente. Esa secuencia —silencio durante tres legislaturas y movilización en el arranque de la campaña— es, en su lectura, la prueba de que la convocatoria responde a una consigna política y no a una demanda laboral sin atender.
De ahí su acusación más dura. Los sindicatos, dijo, ‘actúan únicamente al servicio del Gobierno, al servicio de Pedro Sánchez, solo aspiran a la subvención pública, no están defendiendo a los trabajadores y vienen a hacer un servicio contra la oposición’. Un paso más: ‘actúan como los enemigos del pueblo, de los trabajadores’.
La posición de Vox no cuestiona el derecho a secundar el paro. Abascal lo dejó claro: quien quiera hacer huelga ‘es libre de hacerlo’ porque España es una democracia. Lo que rechaza son los piquetes. Su deseo es que quienes secunden la convocatoria ‘dejen de utilizar la coacción, la violencia y los piquetes contra los españoles que quieren trabajar’.
La objeción de Vox no es a que se pueda protestar, sino a que se haga con piquetes y a las puertas de una campaña electoral.
El respaldo esperado y el marco legal de la convocatoria
Sobre el seguimiento, el presidente de Vox fue explícito: espera ‘muy poco respaldo’. Y remachó la tesis que sostiene toda su intervención: ‘Es una huelga política y creo que es una huelga que no debería ser legal’.
Conviene precisar el marco. El derecho de huelga se regula en España por el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, que exige preaviso a la autoridad laboral, impone garantías para el mantenimiento de los servicios esenciales y contempla supuestos de ilegalidad cuya apreciación corresponde a los jueces y tribunales. La afirmación de Abascal pertenece al terreno de la huelga general como instrumento de confrontación política, no al de una calificación jurídica cerrada.
La información difundida no incluía reacción pública de CC.OO. ni de UGT a las palabras del líder de Vox, tampoco del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Y el contexto pesa: la convocatoria llega a pocos días del arranque de la campaña, un detalle que la dirección del partido considera decisivo para explicar por qué ahora y no antes.
La estrategia de Vox ante el 11-N
El 11-N se celebra en un momento de máxima tensión política y Vox se sitúa en él con un perfil reconocible: el de la defensa de la libertad de trabajar frente a la coacción. La formación sostiene desde hace años que las grandes centrales funcionan como correa de transmisión del Ejecutivo y como estructura sostenida con dinero público, un discurso que en esta ocasión se apoya en un hecho verificable —el calendario— y en una predicción, el escaso seguimiento.
En clave de competición por el espacio de la derecha, el movimiento tiene lectura doble. Coloca a Vox del lado del trabajador amenazado por el piquete y, al mismo tiempo, obliga al PP a elegir entre la prudencia institucional con unas centrales con las que ha cultivado relación durante décadas y el desgaste de quedar en tierra de nadie si la jornada deriva en incidentes. Vox no necesita ganar la partida el miércoles; le basta con que la jornada le deje argumentos.
La entrevista dejó además el tono que el partido quiere para las semanas de campaña. La referencia a la crisis de Ceuta —casi 80.000 llegadas en dos días a finales de julio, según el relato del propio dirigente— y la exigencia de una respuesta diplomática a Marruecos colocan la inmigración en el centro del debate. Abascal llegó a afirmar que Sánchez ‘está chantajeado o comprado por Marruecos’.
El 11-N se resolverá en las calles y en los recuentos de seguimiento, pero su lectura política se juega en otro terreno: en si la jornada transcurre sin incidentes y en si el relato del sindicato subvencionado gana terreno entre los votantes que Vox corteja. Una convocatoria pensada como presión contra el Ejecutivo puede acabar rentabilizándose en el flanco opuesto. Ese es el cálculo.
