EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Ministerio de Defensa firmará antes del 31 de diciembre los contratos de 15 nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM), con más de 10.000 millones comprometidos y casi 1.500 desembolsados en 2026.
- ¿Quién está detrás? Margarita Robles y el departamento de Defensa, con el Consejo de Ministros que elevó el techo de gasto en verano y los decretos de prefinanciación del Ministerio de Industria.
- ¿Qué impacto tiene? España cumple el 2% del PIB en la OTAN por segundo año consecutivo y eleva a 94 sus grandes programas de armamento, con el calendario atado antes del 29N.
El Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles firmará antes del 31 de diciembre los contratos de 15 nuevos programas de armamento. La operación supera los 10.000 millones de euros comprometidos y deja casi 1.500 desembolsados en este mismo ejercicio.
Son los Programas Especiales de Modernización (PEM), el instrumento administrativo con el que Defensa compromete gasto plurianual en material militar. Se suman a los 79 ya en curso —35 de ellos firmados el año pasado por valor de 34.000 millones—, de modo que el departamento eleva a 94 los grandes programas de armamento vivos. La cifra sitúa la decisión en el terreno de la planificación industrial, no en el del anuncio puntual.
Quince contratos, 10.000 millones y un techo de gasto elevado en verano
El calendario no es casual. El Consejo de Ministros aprobó el pasado verano la elevación del techo de gasto (el límite que fija cuánto puede comprometer el Estado en cada ejercicio) necesaria para dar cobertura a estos programas. En este último trimestre, el Ejecutivo está dando luz verde a los decretos del Ministerio de Industria que permiten la prefinanciación de la mayor parte de ellos.
Sin esa pieza, los contratos no podrían adjudicarse. La prefinanciación permite abonar parte del coste antes de que el material se entregue y evita que los programas queden bloqueados por el ritmo anual de las cuentas públicas. Todo debe quedar cerrado antes del 31 de diciembre, a pocas fechas de que tome posesión el Gobierno salido de las elecciones del 29 de noviembre.
El objetivo declarado es doble. Por un lado, sostener el compromiso con la OTAN de destinar el 2% del PIB a gasto militar, que España cumple por segundo año consecutivo. Por otro, mantener la carga de trabajo de una industria que arrastra a proveedores de componentes, electrónica, sensórica y mantenimiento en varias comunidades autónomas.
Cumplir con el 2% es la meta visible; la decisión de fondo es si ese dinero construye tejido industrial propio o solo compra catálogo ajeno.
La oposición hizo bandera durante años de ese 2% y ahora ha desplazado su crítica del cumplimiento a la ejecución: cuánto de esos 10.000 millones retorna en carga industrial y tecnológica y cuánto se queda en compras llave en mano. Es un terreno donde el Ministerio tiene argumentos, pero también deberes pendientes de aterrizaje.
Qué se juega España ante la OTAN y qué aterriza en el territorio
En los criterios aliados, la inversión en equipamiento mayor pesa más que el gasto corriente a la hora de evaluar la aportación de cada socio. De ahí que los PEM se hayan convertido en la pieza central del relato español en Bruselas: compromisos plurianuales, verificables y con calendario. España alcanzó el 2% por primera vez en 2025 y lo repite en 2026, con la mirada puesta en los compromisos de la Alianza para la próxima década.
En clave interna, Ferraz quiere presentar la política de defensa como política industrial. Empleo cualificado, transferencia tecnológica, capacidad exportadora. Es un terreno incómodo para una parte de la izquierda y la dirección federal lo sabe, de modo que insiste en vincular cada contrato con retorno productivo y no con un simple apunte presupuestario.
El aterrizaje territorial se mide en plantas y subcontratas. Los territorios con tejido aeronáutico y naval han colocado la carga de trabajo como prioridad política, y los gobiernos autonómicos socialistas vienen reclamando que el retorno se concrete en pedidos verificables, no en declaraciones. Ahí se juega el PSOE buena parte de su credibilidad gestora: la misma que exhibe cuando habla de sanidad, educación o dependencia.
El riesgo está en la ejecución. Quince contratos en un trimestre exigen músculo administrativo y una coordinación fina entre Defensa, Industria y Hacienda. Cualquier retraso en la adjudicación no sería un problema presupuestario, sino político: dejaría los programas en el aire justo cuando se constituye el nuevo Gobierno.
El Eje del Poder Socialista
La lectura interna en Ferraz es nítida. Defensa deja el expediente cerrado antes del 29N y entrega al nuevo Ejecutivo una hoja de ruta ya comprometida, con 94 programas en marcha y un cumplimiento aliado acreditado. Es la forma de blindar un área que siempre abre flancos en la izquierda: la dirección federal asume el coste político del gasto militar y lo compensa con relato industrial y con la vertebración territorial de las inversiones.
El pulso con los socios parlamentarios se gestiona con la misma lógica. La mayoría que sostiene al Gobierno ha digerido el aumento del gasto en defensa a cambio de contrapartidas sociales y de un discurso de autonomía estratégica europea. Es un equilibrio frágil y revisable, pero ha funcionado legislatura tras legislatura. El precedente sirve: desde la cumbre de Gales de 2014, ningún gobierno español había logrado encadenar dos ejercicios consecutivos por encima del 2% sin romper la coalición ni el grupo parlamentario.
Queda el terreno social, el que de verdad mide el PSOE. Cada PEM adjudicado es un contrato de suministro, un turno de trabajo y una cadena de proveedores que sostiene empleo en comarcas donde la industria es la única alternativa real. Ese es el argumento que Ferraz pondrá por delante cuando la oposición hable de derroche: no se trata de comprar armas, se trata de no depender de terceros para fabricarlas.
El siguiente examen llega pronto. Antes de que acabe el año deben estar firmados los quince contratos y constituido el Gobierno que salga de las urnas. Si ambas cosas se cumplen, Defensa cerrará el ciclo con el expediente en orden y con el 2% acreditado. Si alguna falla, el debate dejará de ser industrial y volverá a ser el de siempre.
Cosas que pasan en política. Y no siempre en el orden previsto.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La defensa como política industrial y de soberanía tecnológica, no como gasto sin retorno para el país.
- Protagonista: Margarita Robles (ministra de Defensa).
- Próximo hito: Adjudicación de los 15 contratos antes del 31 de diciembre y toma de posesión del Gobierno tras el 29N.
