Más de 400 cajetines de llaves de viviendas turísticas han aparecido vandalizados en un solo día en Granada. La oleada, detectada este martes 10 de noviembre, confirma el pulso que la ciudad mantiene con los pisos turísticos desde el pasado mes de febrero.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Más de 400 cajetines de acceso a viviendas turísticas han sido inutilizados en un solo día, muchos de ellos con silicona en la cerradura, según AVITARGRANADA.
- ¿Dónde y quién? En Granada capital. Los propietarios afectados están asociados a AVITARGRANADA y reclaman la implicación del Ayuntamiento, la Policía Local, la Policía Nacional y la Subdelegación del Gobierno.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? Los huéspedes no pueden entrar en el alojamiento y los dueños deben desplazarse a abrir; los vecinos conviven con una escalada de sabotajes que ya no se limita a la madrugada.
Silicona en las cerraduras y más de 900 dispositivos dañados desde febrero
El modus operandi se repite con precisión de manual: los autores localizan los cajetines —las cajas metálicas que guardan las llaves de los alojamientos— y los rellenan de silicona hasta dejar la cerradura inservible. El efecto es inmediato. El huésped que aterriza con la reserva pagada se encuentra la puerta cerrada y el dueño tiene que salir de casa, muchas veces a medianoche, para abrir a mano.
Los números dibujan una escalada sostenida. A los más de 400 cajetines dañados este martes se suman los más de 500 que fueron atacados en febrero, lo que eleva el total por encima de los 900 dispositivos en apenas nueve meses. La asociación insiste en que no son hechos aislados y denuncia lo que considera una creciente sensación de impunidad.
Hay un cambio de patrón que preocupa. Según los testimonios recogidos por AVITARGRANADA, los sabotajes ya no se producen únicamente de madrugada: hay actuaciones a plena luz del día, en la calle y con viandantes delante. Ese salto de la noche al día ha llevado al colectivo a reclamar refuerzo de la vigilancia y presencia policial.
El daño no se mide solo en euros de reparación. Un cajetín reventado implica cambiar la cerradura, avisar al huésped, gestionar una entrada alternativa y, a menudo, asumir una reclamación o una reseña demoledora. En una ciudad donde el alquiler turístico sostiene a miles de familias propietarias y buena parte del empleo del centro, cada oleada golpea la confianza del viajero y el bolsillo del pequeño propietario.
Granada es la puerta de la Alhambra y el termómetro de un debate nacional: 900 cajetines dañados en nueve meses son su cara más opaca.
Reuniones que no llegan y denuncias que acaban archivadas
La asociación lleva meses llamando a las puertas de las administraciones. Ha pedido por escrito reuniones con los responsables municipales de Seguridad y con la Policía Local, con la Policía Nacional y con la representación del Gobierno en Granada. Según su versión, no ha obtenido respuesta a ninguna de esas peticiones.
El otro frente es judicial. AVITARGRANADA asegura que las denuncias de los propietarios han terminado archivándose en distintos casos y que no conoce resultados efectivos que hayan frenado los ataques. Sin una investigación que identifique a los autores, el mensaje que traslada el colectivo es que el sabotaje sale gratis.
A eso se suma el calendario. Los episodios coinciden con las movilizaciones convocadas en Granada en torno a la vivienda y la asociación teme que los dispositivos vuelvan a ser objetivo durante la huelga y las manifestaciones. La entidad respeta el derecho de manifestación y las reivindicaciones por una vivienda digna, pero rechaza que sirvan para justificar ataques contra propiedades privadas. Tampoco responsabiliza al conjunto de los manifestantes: exige perseguir a quienes cometen actos vandálicos.
El marco sobre el que se discute todo esto es autonómico. En Andalucía, cualquier vivienda de uso turístico debe estar inscrita en el registro que gestiona la Junta de Andalucía, el censo oficial que obliga al propietario a declarar su actividad y que permite cruzar datos con los ayuntamientos. Esa herramienta ordena una oferta que convierte a Andalucía en la comunidad con más viviendas de uso turístico registradas del país, con Málaga y Granada entre sus principales polos.
La Lectura Andaluza
La lectura es clara. Lo que ocurre en Granada no es un episodio local: es la versión más áspera de un debate que recorre toda la comunidad. Andalucía lidera el ránking nacional de viviendas de uso turístico y el turismo es una de sus principales fuentes de empleo, pero la convivencia entre esa actividad y el acceso a la vivienda se ha convertido en el asunto que más tensión genera en los cascos históricos de Granada, Málaga y Sevilla. Los sabotajes no resuelven nada; señalan, eso sí, dónde duele.
Para el lector de a pie el impacto es doble. El propietario pequeño —la familia que complementa ingresos con dos o tres alojamientos— asume reparaciones, cancelaciones y reseñas que no puede repercutir en nadie. Y el vecino del centro ve cómo el conflicto se cuela en su portal mientras el debate se dirime a golpe de silicona. Entre ambos, un turista que aterriza en la ciudad de la Alhambra y se encuentra la puerta cerrada.
Lo que viene no está resuelto. Las convocatorias por la vivienda en Granada seguirán en las próximas semanas y la asociación mantiene su petición de una mesa coordinada entre Ayuntamiento, Policía Local, Policía Nacional y Subdelegación del Gobierno. El precedente de febrero marca el listón: nueve meses después, más de 500 cajetines atacados, ninguno identificado y, sobretodo, ninguna respuesta coordinada. La pregunta que se hace el sector es la misma que se hace cualquier vecino de Granada: cuántos dispositivos más tienen que aparecer cubiertos de silicona antes de que alguien concrete una respuesta.
