Merz y su veto al presupuesto UE: exige que todos los Estados financien a Ucrania

La carta enviada a António Costa condiciona el marco financiero plurianual a un reparto común de los 70.000 millones que faltan para 2027. Hungría, Eslovaquia y la República Checa ya lograron exenciones del préstamo de 90.000 millones aprobado en diciembre de 2025.

Merz blinda su veto al presupuesto de la UE: sin reparto común de Ucrania, no habrá próximo marco financiero.

El canciller alemán ha enviado una carta al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la que subordina la aprobación del próximo marco financiero plurianual —el presupuesto septenal de la UE— a que todos los Estados miembros, sin excepción, se comprometan a cubrir el déficit de Kiev. Bruselas calcula que a Ucrania le faltarán 70.000 millones de euros en 2027 y ya ha prometido cubrir unos 45.000. La operación la adelantaron varios medios alemanes el lunes; ni el Gobierno federal ni el Consejo Europeo han confirmado el contenido.

En el texto, citado por Bloomberg y Euronews, Merz sostiene que sostener a Ucrania es ‘un asunto de nuestra seguridad europea indivisible’. Añade después que un compromiso colectivo de que todos, sin excepción, contribuyan de forma justa a cerrar la brecha es ‘requisito esencial’ para resolver ese asunto y para discutir ‘cualquier otro’ con implicaciones financieras.

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La fuente exige distancia. La información llega por medios alemanes y circula en medios como RT, cadena de titularidad estatal rusa, sin que la cancillería alemana haya publicado la misiva. Tomamos la versión como no confirmada: encaja con la posición negociadora que Berlín defiende en Bruselas, pero la literalidad de las citas sigue pendiente de verificación documental.

De los 70.000 millones de 2027 a los intereses de 2028

Merz no se detiene en el ejercicio en curso. Reclama ‘una perspectiva de financiación sólida y multianual para Ucrania a partir de 2028, incluidos los intereses ya devengados’. Es la frase que convierte un debate presupuestario en una decisión de arquitectura: el apoyo a Kiev dejaría de ser una línea extraordinaria, revisable cada año, y pasaría a estar incrustado en el techo de gasto de la próxima década.

Atar Ucrania al marco financiero no es una técnica contable: es aceptar que Bruselas asume la guerra como un gasto estructural.

El precedente que explica el enfado alemán está en diciembre de 2025. La UE aprobó un préstamo de 90.000 millones para Kiev del que Hungría, Eslovaquia y la República Checa lograron exenciones, incluidos los pagos de intereses. Desde entonces, el reparto real de la ayuda bilateral recae sobre muy pocas capitales. ‘La asistencia bilateral a Ucrania se distribuye de forma desigual y la soportan solo unos pocos Estados miembros’, escribió el canciller.

El frente de los que no quieren pagar es explícito. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, advirtió el mes pasado de que vincular la financiación ucraniana a la negociación del presupuesto de largo plazo sería ‘peligroso’, y sostiene que financiar la guerra alarga el conflicto en lugar de cerrarlo. El checo Andrej Babiš defiende que los fondos para Kiev ‘no deberían formar parte del marco financiero plurianual, donde los Estados miembros no tienen dinero suficiente’. Y Bulgaria, según las mismas informaciones, podría sumarse.

Por qué Merz necesita este pulso dentro de Alemania

ayuda a Ucrania

El calendario doméstico aprieta. Según el barómetro ARD-DeutschlandTrend publicado el 5 de noviembre, solo el 12% de los alemanes aprueba la gestión de Merz y el 85% la desaprueba. En septiembre, la ultraderechista AfD ganó los comicios estatales de Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Pomerania Occidental, y Die Linke se impuso en Berlín al CDU. El propio canciller calificó aquel resultado de ‘desastre’.

Ese dato ordena la lectura. Un canciller al 12% no puede permitirse en casa la imagen de pagador único de una guerra ajena, y menos con la extrema derecha rentabilizando cada factura. El veto es, en parte, política interior: transforma una concesión inevitable en una exigencia de equidad. Sería un error quedarse solo ahí, eso sí. Berlín lleva dos años avisando de que la carga bilateral es insostenible y de que la solidaridad, si no se regula, se erosiona sola.

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La contradicción es evidente. Alemania es el mayor contribuyente neto del club y el principal sostén bilateral de Kiev; exigir a los demás no la convierte en reticente, pero introduce un riesgo nuevo. Al colgar el MFP de la solidaridad con Ucrania, Merz entrega a Fico y a Babiš un rehén de mucho más valor que cualquier partida anual.

Equilibrio de Poder

La jugada se lee mejor desde Washington que desde Bruselas. La administración Trump convirtió el reparto de la carga en doctrina, y cada vez que un líder europeo exige a sus socios arrimar el hombro, la Casa Blanca gana un argumento. Moscú, en paralelo, no necesita mover un batallón: le basta con que la unanimidad europea se atasque en una factura. Bruselas queda atrapada en su propia regla, porque el marco financiero se aprueba por unanimidad. El veto alemán no es retórica: es un mecanismo.

Para España el asunto no es abstracto. Como beneficiaria neta de la cohesión, Madrid tiene interés en que el próximo MFP no se convierta en un fondo de seguridad con envoltorio presupuestario: cada euro preasignado a Ucrania dentro del techo de gasto es un euro menos en la negociación de cohesión, política agraria y fondos de migración, con Canarias esperando respuestas. A eso se suma el flanco sur. Si el debate europeo se ordena en torno a Kiev, el Sahel y el Estrecho pierden centralidad en el reparto, justo cuando Moscú y Ankara se disputan la influencia que Europa dejó libre.

Hay un matiz que conviene a Madrid. España ha combinado ayuda bilateral con contribuciones a los instrumentos europeos, de modo que tiene poco que perder y bastante que ganar con un criterio de reparto homogéneo. Es la paradoja del órdago alemán: formulado como chantaje presupuestario, coincide con el interés español de que la solidaridad se mida con el mismo rasero.

La lectura a cinco años es la que importa. Si el precedente cuaja, cada marco financiero posterior nacerá hipotecado por una emergencia de seguridad, y la cohesión —el instrumento que sostiene la convergencia española desde 1986— competirá en igualdad de condiciones con el gasto en defensa. El hito no es lejano: el actual MFP expira el 31 de diciembre de 2027 y la propuesta de la Comisión para el periodo siguiente tendrá que estar sobre la mesa mucho antes. Ahí se sabrá si el órdago de Merz era táctica o el primer ladrillo de otra UE.

De momento ha logrado lo más difícil: que se hable de su veto y no de su 12%. Cosas que pasan en 2026.