El Concello de Ourense (el ayuntamiento) pagó 1,2 millones de euros por 330 bicicletas eléctricas que nadie sabe dónde están. El grupo municipal del PSOE ha reclamado explicaciones urgentes: en qué lugar se almacenan, quién responde de su custodia y qué plan existe para conservar unas baterías paradas desde hace meses.
El contrato se adjudicó a la empresa alemana Nextbike por 1.258.400 euros de inversión total, de los cuales 279.286,91 procedían de los fondos europeos Next Generation. El pliego preveía 330 vehículos con autonomía para 30 kilómetros y una treintena de estaciones de recarga repartidas por toda la ciudad.
330 bicicletas, 1,2 millones y treinta estaciones sin servicio
Las estaciones están colocadas. El servicio, no. Treinta puntos de recarga mudos y 330 bicicletas sin ruta resumen el balance de un proyecto llamado a sustituir el préstamo público que funcionaba desde 2007 y que el actual regidor canceló en 2020 con la promesa de uno más moderno.
«Non podemos seguir acumulando atrasos nin permitir que se poña en risco este financiamento», advierte la portavoz y candidata socialista, Natalia González Beneitez. La subvención tenía un requisito incómodo: los gastos debían quedar justificados antes del 31 de diciembre de 2025. Ese plazo ya ha vencido y el servicio sigue sin arrancar.
A la pregunta por el dinero se añade la pregunta por las cosas. La oposición no discute el diseño, sino el rastro: quién firmó la recepción de las unidades, dónde están guardadas y bajo qué condiciones. Sin uso, una batería se degrada y encarece la puesta en marcha.
Treinta estaciones instaladas y 330 bicicletas sin uso: el problema de Ourense no es la falta de dinero, sino la falta de gestión.
El pleno que desmontó el anuncio de septiembre
En septiembre, Gonzalo Pérez Jácome anunció que el servicio saldría a licitación en dos semanas. En el último pleno, la versión cambió. El alcalde aseguró que los pliegos estaban en marcha y añadió una frase que retrató el expediente: «no sé si estaba en Intervención u otro departamento».
Tuvo que intervenir el secretario de la corporación para ordenar el relato. La ordenanza de uso —la norma municipal que regula el servicio— está redactada, pero la oficina de Intervención la devolvió con correcciones: primero la ordenanza, después los pliegos. De ahí la conclusión del propio regidor, que la puesta en marcha tardará «seis meses mínimo».
Desde la oposición traducen el calendario a lenguaje político: «A este paso, as bicicletas eléctricas van quedar para o próximo mandato municipal». No es una exageración. Si el expediente encadena corrección, nueva redacción y licitación, el servicio no arrancará antes de mediados de 2027.
El Laboratorio Gallego
En clave gallega, el caso ordena los papeles de la política local. El PSOE ejerce de oposición fiscalizadora y ha encontrado en la gestión del regidor un filón que piensa repetir en cada pleno. El gobierno municipal responde con anuncios de calendario que después corrige el propio secretario de la corporación. Entre ambos queda un dato que no admite interpretación: 1,2 millones gastados y ningún usuario.
La lectura nacional está en los fondos. Los Next Generation son el canal por el que España recibe el dinero del plan de recuperación y, también, el terreno donde la Comisión Europea examina hitos. En una comunidad con 313 municipios, el ayuntamiento es la primera puerta por la que entra ese dinero y la última administración que suele auditarse. Un Concello que no justifica 279.286,91 euros no provoca una crisis de Estado, pero sí abre un expediente que acaba pesando en la contabilidad del programa. Cada euro municipal sin justificar es un euro que puede acabar devolviéndose.
La incógnita inmediata es el calendario. La ordenanza vuelve a Intervención, luego tocará redactar los pliegos y solo entonces licitar. Con seis meses mínimo reconocidos por el alcalde, la puesta en marcha se irá, como poco, al tramo final de 2027, en el último año del mandato municipal. Para entonces la subvención llevará año y medio con el plazo de justificación vencido, y la pregunta del PSOE seguirá sobre la mesa del próximo pleno.
Ficha del Caso
- El caso: El Concello de Ourense compró 330 bicicletas eléctricas por 1,2 millones y canceló en 2020 el servicio anterior. Las unidades no están operativas y el PSOE exige saber dónde se guardan.
- Datos importantes: 1.258.400 euros de inversión; 279.286,91 euros de fondos Next Generation; 330 vehículos con 30 kilómetros de autonomía; una treintena de estaciones ya instaladas; plazo de justificación vencido el 31 de diciembre de 2025; seis meses mínimo para licitar.
- Resumen: El servicio no llegará antes de 2027 y el riesgo de perder o devolver la subvención europea queda abierto. La gestión municipal de los fondos Next Generation vuelve al centro del debate político gallego.
