EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El TSJC ordena al Ayuntamiento de Yaiza ejecutar la demolición parcial del Hotel Princesa Yaiza, en Playa Blanca (Lanzarote), con un año para redactar el proyecto y dos para las obras.
- ¿Quién está detrás? La Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal canario, el Ayuntamiento de Yaiza y la propietaria, Hotel Princesa Yaiza SA.
- ¿Qué impacto tiene? La empresa paga el derribo, pero la responsabilidad técnica y política recae en un consistorio que lleva dos décadas sin ejecutar la sentencia.
El TSJC ordena demoler parte del Hotel Princesa Yaiza, en Lanzarote, 21 años después de anular su licencia.
El auto, fechado el 29 de octubre de 2026, concede al Ayuntamiento de Yaiza un año para contratar la redacción del proyecto técnico y la dirección de obra, según la nota difundida por el propio tribunal canario. Después, la demolición deberá ejecutarse en un plazo máximo de dos años. El coste de los trabajos corresponde a Hotel Princesa Yaiza SA, la empresa propietaria del establecimiento.
La Sala desestimó los dos recursos de revisión que la mercantil presentó contra los requerimientos judiciales. Rechazó también su petición de suspender la ejecución y le impuso las costas, fijadas en 300 euros. Los magistrados califican esos recursos de «actuaciones dilatorias» y, sobre el segundo, aprecian «mala fe procesal y abuso de derecho». Al alcalde le exigen un informe semestral sobre el estado del procedimiento.
Todo empezó el 31 de octubre de 2005. Aquel día, el tribunal anuló la licencia de obras que había permitido levantar el hotel, bautizado entonces como Son Bou. Veintiún años después, la sentencia sigue sin ejecutarse. El TSJC ya no lo considera un retraso tolerable: «no puede prolongarse indefinidamente mediante sucesivos procedimientos administrativos de legalización y recursos judiciales».
Un acuerdo municipal de enero de 2016, ya firme, había declarado imposible la legalización del edificio y ordenado su derribo. Tampoco se movió nada. Diez años más sin una sola valla. El tribunal reparte ahora la responsabilidad entre la propiedad y un consistorio que ha dejado pasar los plazos sin abrir la licitación.
Canarias puede ordenar una demolición, pero el problema real es un edificio que sigue abierto y vendiendo habitaciones con la licencia anulada.
Veintiún años de sentencia firme y el hotel aún funciona
El exceso de edificabilidad ronda el triple de lo autorizado, según la Fundación César Manrique, lo que obligaría a demoler más del 60% de lo construido. La entidad, creada en 1982 para preservar la huella del artista en la isla, advierte además de que el establecimiento continúa operando con normalidad pese a la anulación judicial de su licencia. Las habitaciones se venden. La sentencia, no.
Los magistrados respaldan la fórmula que el ayuntamiento planteó en noviembre de 2024 —contratar primero el proyecto y licitar después las obras— con los plazos ampliados por la «especial complejidad técnica». La empresa buscó otra salida: confiar en que un nuevo planeamiento urbanístico, tras la anulación del Plan General de Ordenación Supletorio de Yaiza, permitiera conservar parte de lo construido. La Sala lo rechaza de plano. Una norma que aún no existe no paraliza una sentencia firme.
En Lanzarote, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1993, el suelo turístico es el principal activo económico de la isla. El caso deja una pregunta incómoda para el sector: qué ocurre con un complejo que opera, factura y da empleo mientras su licencia está anulada desde hace dos décadas. El auto no entra en eso. Fija plazos, reparte culpas y señala quién paga.
El Pulso Territorial
El urbanismo es competencia municipal, y ahí está la primera grieta: el Ayuntamiento de Yaiza tendrá que licitar un proyecto que ningún gobierno local ha querido ejecutar desde 2005. La segunda es autonómica. El Gobierno de Canarias que preside Fernando Clavijo, con la coalición de Coalición Canaria y PP que sostiene el Ejecutivo desde 2023, afronta el tramo final de la legislatura, con las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027. Un derribo de esta escala en una isla turística no es un asunto neutro en campaña.
Conviene mirar los tiempos. El alcalde debe informar cada seis meses, de modo que el primer parte llegará a finales de abril de 2027, en plena precampaña. El proyecto técnico tiene hasta finales de 2027. Las obras, dos años más: no antes de 2029. Tres años de trámites frente a 21 de incumplimiento. La proporción explica por qué la Sala habla de abuso de derecho.
Queda un riesgo abierto. La propiedad puede intentar un último recurso ante el Tribunal Supremo o confiar en que el futuro planeamiento de Yaiza, todavía sin aprobar, reabra la puerta a una legalización parcial. El tribunal ya avisó de que no. Pero en este litigio los avisos han servido de poco: el hotel abrió sus puertas con una licencia anulada y las sigue teniendo abiertas.
Ficha Autonómica
- El caso: El TSJC ordena ejecutar la demolición parcial del Hotel Princesa Yaiza, en Playa Blanca (Lanzarote), 21 años después de anular la licencia con la que se construyó.
- Datos importantes: Auto de 29 de octubre de 2026; un año para el proyecto técnico y dos para las obras; costas de 300 euros a la propietaria; más del 60% del edificio afectado, según la Fundación César Manrique.
- Resumen: El Ayuntamiento de Yaiza debe licitar el derribo, que pagará Hotel Princesa Yaiza SA. El alcalde informará cada seis meses; el primer parte vence a finales de abril de 2027.
