EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) tramita un expediente sancionador por la extracción de áridos sin autorización en 12.000 metros cuadrados de la colada del Tajogaite y prevé llevar el caso a la Fiscalía.
- ¿Quién está detrás? El empresario Manuel Rodríguez González, titular de una de las parcelas, y la agencia, dependiente de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias. Denuncian vecinas afectadas y Ben Magec-Ecologistas en Acción.
- ¿Qué impacto tiene? La actividad afecta a once parcelas ajenas de diez titulares distintos y el plazo para presentar el proyecto de restablecimiento vence el 19 de octubre.
La extracción ilegal de áridos en La Palma podría acabar en la Fiscalía mientras un empresario sigue explotando la colada del Tajogaite.
Los vecinos de La Laguna, en Los Llanos de Aridane, vieron su barrio enterrado por la lava en 2021. Entraron en la ley para la recuperación económica y social de la isla, el marco que les permite reconstruir lo perdido. Al manto de lava se sumó hace dos años otro obstáculo: un empresario ocupa sin permiso una docena de parcelas para extraer y comerciar con los áridos del volcán.
La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN, el organismo del Gobierno de Canarias que vigila el suelo rústico del archipiélago) ha abierto un expediente contra Manuel Rodríguez González por ejercer esa actividad sin autorización. El expediente, de más de 800 páginas, sitúa la extracción en 12.000 metros cuadrados de las coladas al menos desde 2024.
Un expediente de 800 páginas y una orden de demolición sin ejecutar
Todo arrancó con una denuncia del Cabildo de La Palma (la institución que gobierna la isla), que alertó de la extracción de áridos y roca volcánica con maquinaria pesada y de su procesado en una planta de machaqueo. El expediente se abrió el 15 de enero de 2025; un agente comprobó entonces que la planta ocupaba 12.000 metros cuadrados y que no daba servicio a ninguna obra pública.
En mayo de 2025 la agencia concluyó que el uso era incompatible con la ley. En junio ordenó restaurar la zona y en noviembre resolvió que las obras no eran legalizables. Según la Consejería de Política Territorial, la resolución es firme y no fue recurrida. Hasta ahora no se ha ejecutado.
El 18 de septiembre la agencia requirió de nuevo al denunciado para que presente, en el plazo de un mes, un proyecto de restablecimiento. El plazo vence el 19 de octubre. En paralelo, tramita el expediente sancionador y prevé poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía por si fueran constitutivos de delito.
Once parcelas ajenas, una orden de demolición firme y casi un año después la planta sigue moliendo roca a la vista de todos.
Las vecinas: «Nos sentimos impotentes y abandonadas»
Las titulares de una de las parcelas afectadas lo supieron en septiembre de 2025, por una carta de la agencia. «Él presenta ante la administración tener el consentimiento verbal de todos los vecinos, con lo cual somos cómplices del delito», relatan. Niegan «categóricamente» haber consentido nada.
Su terreno presenta socavones y hoyos que dificultarán la reconstrucción. «Nos duele ver cómo la actuación de este hombre violenta el recuerdo de nuestra familia», añaden, y critican que use su condición de afectado por el volcán para presentarse como víctima.
El denunciado lo niega. En una entrevista en Televisión Canaria aseguró que ocupa 10.000 metros cuadrados de su propiedad, que ha pedido permiso al Ayuntamiento «seis o siete veces» porque quiere construir en en la parcela donde tenía su casa y que solo tiene «problemas» con las vecinas del terreno que colinda por el sur.
Ben Magec-Ecologistas en Acción denuncia «total pasividad» de las administraciones. La federación pidió en octubre de 2025 los expedientes de autorización de la planta al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, y casi un año después no ha recibido respuesta. «Es imposible sostener que desconocían lo que estaba ocurriendo», sostiene su portavoz en La Palma, Pablo Díaz.
El Pulso Territorial
El asunto incomoda en una isla de algo más de 80.000 habitantes, según el INE. El Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, tiene las competencias ambientales; el Ayuntamiento, las de disciplina urbanística; y el Cabildo fue quien denunció los hechos, un detalle que concentra las críticas en el consistorio.
Tampoco ayuda el mapa político. Coalición Canaria y PP comparten el Ejecutivo autonómico desde 2023 y la reconstrucción es uno de los frentes más sensibles de la legislatura. Las próximas elecciones autonómicas y municipales están previstas para 2027, y para entonces la isla querrá saber cuántas órdenes firmadas se han cumplido de verdad.
La memoria reciente pesa. La Palma lleva cinco años reconstruyéndose de la erupción más destructiva de España en medio siglo, que cubrió cerca de 1.200 hectáreas y arrasó casi 3.000 edificaciones. En un territorio reescrito por la lava, cada expediente sin ejecutar mide la capacidad real de las instituciones.
El calendario marca los próximos movimientos. Si el proyecto de restablecimiento no llega antes del 19 de octubre, se abre la puerta a la ejecución forzosa y al avance de la sanción. Queda por ver si el caso llega a la Fiscalía y si la multa resulta disuasoria o se queda en un pago por el expolio.
Ficha Autonómica
- El caso: La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural investiga la extracción de áridos sin permiso en parcelas de la colada del Tajogaite, en Las Manchas, en el municipio de Los Llanos de Aridane.
- Datos importantes: 12.000 metros cuadrados afectados, once parcelas ajenas de diez titulares distintos, un expediente de más de 800 páginas y una orden de demolición firme desde noviembre de 2025.
- Resumen: El empresario tiene hasta el 19 de octubre de 2026 para presentar un proyecto de restablecimiento. La agencia tramita la sanción y estudia trasladar el caso a la Fiscalía.
