El Ministerio de Vivienda negocia con Junts blindar a los inquilinos que alquilan pisos propiedad de fondos de inversión. El acuerdo, que incluiría además prohibir la compra de inmuebles a estas empresas, forma parte del decreto que el Gobierno quiere aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministros.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Vivienda negocia con Junts incluir en el decreto de vivienda la prohibición de comprar inmuebles a fondos de inversión y la protección frente a desahucios para inquilinos de pisos en manos de empresas.
- ¿Quién interviene? El Ministerio de Vivienda, Junts, el PSOE y Sumar, cuya toma en consideración de su proposición contó con la abstención del PSOE.
- ¿Qué importa? El decreto se aprobará previsiblemente el próximo martes y mide el pulso de la coalición en materia de vivienda.
La fórmula se negocia contra reloj. El Ejecutivo mantiene conversaciones con sus socios parlamentarios para intentar llevar el texto al Consejo de Ministros el próximo martes, y las dos medidas clave que se discuten con los de Carles Puigdemont suponen un cambio de posición para ambas partes. Ninguna de las dos estaba sobre la mesa hace apenas unas semanas.
Los socialistas, hace un par de semanas, se abstuvieron, en la toma en consideración en el Congreso de una proposición de ley de Sumar que buscaba iniciar la tramitación de una norma para impedir la compra de viviendas a las personas jurídicas. Es, en esencia, la misma idea que ahora el Gobierno estaría dispuesto a incorporar al decreto.
Junts, por su parte, tumbó a principios de este año —junto al PP y a Vox— el escudo antidesahucios vigente desde la pandemia. Se negó a rectificar incluso cuando el Gobierno intentó reactivarlo con un recorte para que no beneficiara a los inquilinos de caseros con una o dos viviendas en propiedad.
El decreto que Vivienda negocia con Junts
La nueva protección tiene una frontera clara: solo alcanzaría a las familias que alquilan pisos propiedad de empresas y fondos buitre. Es una minoría del mercado. El parque de alquiler en España pertenece mayoritariamente a particulares, de modo que el agujero que dejaría el blindaje es considerable.
Para taparlo, el Gobierno negocia una solución intermedia. Los desalojos de familias vulnerables que vivan en inmuebles de particulares se paralizarían hasta que el inquilino tenga una alternativa, pero sería la administración competente —y no el propietario— quien asumiera los gastos mientras dure el proceso.
La protección se estrecha: solo alcanza a quien alquila a un fondo, y deja fuera al grueso del mercado de alquiler español.
La proposición de Sumar que el PSOE dejó pasar
La formación de Yolanda Díaz ya había puesto el foco ahí. Su proposición de ley buscaba prohibir la compra de viviendas a personas jurídicas, entre ellas los fondos buitre. El Grupo Parlamentario Sumar defiende la medida como una de sus señas de identidad en esta legislatura, y la vivienda es uno de los ejes que comparte con sus confluentes: Izquierda Unida, Más País, Compromís y el resto de fuerzas del espacio.
Eso sí, la abstención socialista en aquella votación dejó un poso amargo. Sumar vio cómo su iniciativa no arrancaba el trámite y ahora comprueba que parte de su contenido puede acabar dentro de un decreto negociado con Junts. La lectura interna es agridulce: el objetivo se acerca, pero por otra puerta y con menos ambición.
Lo que quedaría fuera es el blindaje general. La protección frente al desahucio que el Ejecutivo intentó revivir a principios de año no vuelve tal cual: se acota a los pisos de empresas y se combina con una compensación pública para los caseros particulares. Para el resto de los arrendatarios vulnerables, el alivio depende de que la administración pague la renta que el inquilino no puede afrontar.
La Dinámica de Coalición
Dentro de Sumar, la vivienda funciona como termómetro del equilibrio entre la dirección y las confluentes. La proposición sobre personas jurídicas fue una de las banderas del grupo, y ver al PSOE abstenerse fue un golpe. Que ahora el Gobierno negocie con Junts algo parecido permite a Sumar presentar el decreto como una victoria parcial, aunque el blindaje llegue recortado.
La dimensión de coalición es doble. El PSOE necesita a la vez los votos de Junts —para sacar el decreto— y los de Sumar, para no romper el flanco izquierdo del Gobierno. Cada concesión a los independentistas tensiona, en paralelo, a la formación de Díaz, que respalda el texto pero reclama una regulación más ambiciosa. Las cuentas no cuadran del todo.
El desenlace se medirá el próximo martes, cuando el Consejo de Ministros apruebe —o aplace— el decreto. Si sale adelante, Sumar podrá exhibir una victoria regulatoria; si se cae, la coalición tendrá que explicar por qué la vivienda vuelve a quedarse en el limbo. El tiempo lo dirá.
Ficha del Caso
- El caso: Vivienda negocia con Junts incluir en el decreto la prohibición de comprar inmuebles a fondos de inversión y la protección frente a desahucios para inquilinos de pisos en manos de empresas.
- Datos importantes: El decreto se aprobará previsiblemente el martes en el Consejo de Ministros. Sumar registró una proposición para prohibir la compra por personas jurídicas; el PSOE se abstuvo en su toma en consideración. Junts tumbó el escudo antidesahucios a principios de 2026 junto al PP y Vox.
- Resumen: El blindaje llega recortado y solo cubre alquileres de fondos; el resultado mide el equilibrio entre PSOE, Junts y Sumar dentro de la coalición.
