EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Compromís estudia acciones penales contra el Consell de Pérez Llorca por presunta prevaricación en la parálisis de obras escolares.
- ¿Quién está detrás? El diputado Gerard Fullana, alcaldes y concejales afectados y la consellera de Educación, Carmen Ortí, tras su comparecencia en las Corts.
- ¿Qué impacto tiene? La Generalitat recurre ante el Tribunal Supremo expedientes que el TSJCV avala, lo que retrasa las aulas al menos dos años.
Compromís estudia acciones penales contra el Consell de Pérez Llorca por presunta prevaricación en obras escolares.
Del silencio de 113 días a la vía penal
La comparecencia de la consellera de Educación, Carmen Ortí, en las Corts Valencianes ha reavivado la confrontación por las infraestructuras escolares. Llegó después de 113 días sin dar explicaciones parlamentarias. A las puertas del parlamento valenciano, alcaldes y concejales de los municipios afectados, acompañados por el diputado de Compromís Gerard Fullana, exigieron la retirada inmediata del recurso que la Generalitat mantiene ante el Tribunal Supremo.
Los representantes locales califican la estrategia procesal de «caso inaudito». Según exponen, el departamento de Ortí recurre sus propios expedientes técnicos con una única finalidad: retrasar el inicio de las actuaciones durante al menos dos años. En juego hay más de 70 millones de euros en instalaciones educativas cuya necesidad cuenta con el respaldo del TSJ, el máximo órgano judicial de la Comunitat Valenciana por debajo del Tribunal Supremo.
La sombra sobre la Conselleria es más larga. Según Fullana, el departamento presionó a las corporaciones locales para forzar la renuncia voluntaria a las delegaciones de competencias bajo la amenaza de demandas judiciales. En los municipios donde se cedió, el nivel de ejecución presupuestaria tras tres años es nulo. A eso se suma la falta de consignación para nuevas infraestructuras no proyectadas antes de julio de 2023.
Ante la existencia de informes técnicos que acreditaban el carácter imprescindible de estas obras, Compromís estudia emprender acciones penales por presunta prevaricación. El partido sostiene que se dictaron resoluciones injustas a sabiendas. Las cifras no cierran.
Un recurso contra el propio expediente no protege el interés público: lo paraliza, y quien paga el retraso son los alumnos.
Los 70 millones que el TSJCV avala y el Consell recurre
Ortí presume de un presupuesto récord en Educación: 7.749 millones. La cifra choca con la parálisis de las obras delegadas del Plan Edificant, el programa autonómico de construcción y rehabilitación de colegios e institutos. Los alcaldes insisten en que el problema no es el dinero consignado, sino su ejecución.
En paralelo, Compromís ha registrado una propuesta para reestructurar el calendario lectivo de Primaria y corregir los resultados que acredita el informe PISA. La iniciativa plantea revertir el incremento de horas de Religión en los primeros cursos y trasladar esa materia fuera del horario ordinario de mañana. El argumento: cerca del 75% del alumnado opta por no cursar Religión y permanece en el aula bajo la asignatura no evaluable de Atención Educativa. La normativa vigente prohíbe avanzar materia en ese periodo, lo que reduce el tiempo útil para reforzar la comprensión lectora, o el razonamiento matemático.
La sesión ha evidenciado la fractura entre el Consell y la oposición, que considera urgente rectificar el rumbo en infraestructuras y planificación curricular. La exigencia de reanudar las obras del Plan Edificant sin el obstáculo de los recursos judiciales se suma a la voluntad de priorizar el rendimiento académico en las aulas públicas. El pacto aguanta, por ahora.
El Escenario Valenciano
El movimiento de Compromís coloca al Consell de Juanfran Pérez Llorca ante un dilema que trasciende la Educación. El PP y Vox sostienen la Generalitat desde diciembre de 2025, cuando Pérez Llorca fue investido en las Corts. La amenaza de una querella por prevaricación añade una capa judicial a una legislatura ya marcada por la reconstrucción tras la DANA, la Depresión Aislada en Niveles Altos que causó las inundaciones de octubre de 2024.
La dimensión nacional no es menor. El pulso entre el Consell y el Tribunal Supremo por la gestión de fondos educativos proyecta sobre el PP una imagen de conflicto institucional con la justicia. En Madrid, el Gobierno de Pedro Sánchez observa el caso como un nuevo frente valenciano, en la misma línea que las derivadas judiciales de la DANA.
Queda en el tejado de Compromís decidir si presenta la querella. Si lo hace, la vía penal podría cruzarse con la fiscalización parlamentaria en las Corts, donde los grupos ya han registrado iniciativas sobre el calendario lectivo. Ocho meses y contando.
Mientras, la reconstrucción de la confianza en la gestión educativa avanza más despacio que los anuncios, igual que la de la DANA.
Ficha del Caso
- El caso: Compromís estudia una querella por presunta prevaricación contra el Consell de Pérez Llorca por la parálisis de obras escolares del Plan Edificant en la Comunitat Valenciana.
- Datos importantes: más de 70 millones en instalaciones avaladas por el TSJCV; 113 días sin explicaciones parlamentarias de la consellera Ortí; presupuesto educativo de 7.749 millones.
- Resumen: el pulso entre la Generalitat y el Tribunal Supremo añade presión judicial al Consell y proyecta un conflicto institucional con impacto nacional para el PP.
