La polémica por el supuesto uso de una zodiac de la Guardia Civil para trasladar a Pedro Sánchez durante una actividad de recreo privado suma un nuevo capítulo. Hazte Oír ha presentado un derecho de petición ante el Gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, además de una solicitud de información a través del Portal de Transparencia, para conocer las circunstancias que rodearon el empleo de la embarcación
La respuesta de Interior llegó, según la asociación, apenas cuatro horas después de presentar la petición. Sin embargo, el Ministerio no respondió al fondo de las cuestiones planteadas y comunicó que trasladaba la solicitud a la Guardia Civil. Una decisión que Hazte Oír interpreta como un intento de desplazar hacia el instituto armado las explicaciones sobre una actuación cuya responsabilidad política sitúa directamente en Interior.
El asunto coloca de nuevo bajo el foco la utilización de medios públicos y recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando estos son empleados en circunstancias vinculadas a actividades privadas de un presidente del Gobierno. La asociación reclama conocer quién tomó la decisión, qué cobertura tenía y qué coste tuvo para las arcas públicas.
Interior deriva el expediente a la Guardia Civil
El movimiento del Ministerio del Interior se ha convertido en el principal motivo de crítica de Hazte Oír. La asociación considera especialmente llamativo que Interior reaccionara con rapidez para trasladar la solicitud a la Guardia Civil, pero sin entrar a valorar las cuestiones concretas planteadas sobre el uso de la embarcación.
La organización sostiene que la Guardia Civil depende orgánicamente de Interior, por lo que entiende que el ministro debe ofrecer explicaciones sobre el empleo de sus medios cuando se plantea una cuestión de naturaleza política. La crítica se dirige así directamente a Marlaska, al considerar que trasladar el expediente al cuerpo no elimina la responsabilidad que corresponde al departamento ministerial.
«Marlaska puede trasladar el expediente, pero no su responsabilidad», afirma Nouna Lozano, portavoz de Hazte Oír, que considera que la decisión supone que las explicaciones recaigan sobre los agentes mientras la responsabilidad política permanece en Interior.
La controversia se produce además en un contexto especialmente sensible para la Guardia Civil. Hazte Oír vincula esta polémica con las necesidades de medios y refuerzos que, a su juicio, tiene el instituto armado, especialmente en Ceuta, donde los agentes desempeñan funciones relacionadas con la seguridad y la protección de la frontera.
Las preguntas sobre la zodiac que siguen sin respuesta
Más allá del enfrentamiento político, la petición plantea una serie de interrogantes concretos sobre la utilización de la embarcación. Hazte Oír reclama conocer quién autorizó el uso de la zodiac, qué misión concreta desempeñaba, cuántos agentes participaron en el dispositivo, cuál fue la cobertura legal de la actuación y qué coste tuvo.
Son cuestiones que la asociación considera necesarias para determinar si el empleo de un recurso de la Guardia Civil estuvo justificado y bajo qué condiciones se produjo. De momento, según la nota difundida, Interior se ha limitado a comunicar la derivación de la solicitud a la propia Guardia Civil.
El caso adquiere relevancia porque afecta a la frontera entre actividad privada y utilización de recursos públicos. Cuando se emplean medios pertenecientes a un cuerpo policial para prestar un servicio relacionado con una autoridad pública, la existencia de una autorización y la cobertura jurídica de la actuación resultan elementos esenciales para poder valorar lo ocurrido.
La nota de Hazte Oír no aporta, sin embargo, una respuesta a esas cuestiones ni documentación que permita determinar por sí misma quién autorizó el dispositivo o cuál fue su coste. Por ello, el siguiente paso queda ahora pendiente de las explicaciones que puedan ofrecer Interior y la Guardia Civil.
Marlaska queda bajo presión por la gestión de la polémica
La derivación del expediente no ha cerrado la controversia. Al contrario, ha desplazado el foco hacia la actuación del Ministerio del Interior y Fernando Grande-Marlaska. Hazte Oír sostiene que las preguntas continúan dirigidas al ministro y anuncia que realizará un seguimiento de las solicitudes hasta obtener una contestación completa.
La asociación considera que el Ministerio no puede limitarse a trasladar la petición cuando las preguntas afectan al funcionamiento de un cuerpo que depende de Interior. En su interpretación, la cuestión no consiste únicamente en determinar qué agentes participaron, sino también en establecer quién tomó la decisión y con qué criterios se permitió utilizar el recurso.
La polémica pone además sobre la mesa una cuestión recurrente en torno al funcionamiento de las administraciones públicas: la necesidad de justificar el uso de medios públicos cuando estos se emplean en situaciones que pueden generar dudas sobre su finalidad.
Desde Hazte Oír se ha elevado el tono de la crítica y se acusa a Interior de colocar a la Guardia Civil como «parapeto» frente a una decisión que la asociación considera política. «Ceuta es España. Los guardias civiles están para protegerla, no para servir de parapeto a Marlaska», sostiene la organización.
La transparencia sobre el uso de medios públicos, en el centro
El desenlace de esta polémica dependerá ahora de la información que aporten las instituciones. La solicitud presentada por Hazte Oír pretende obtener datos objetivos sobre la autorización, finalidad, participación de agentes, cobertura legal y coste del uso de la zodiac.
Hasta que esas preguntas sean respondidas, la controversia seguirá abierta. La asociación ya ha anunciado que mantendrá el seguimiento de las peticiones realizadas ante Interior y el Portal de Transparencia para intentar obtener una respuesta sobre cada uno de los extremos planteados.
El caso sitúa así a Marlaska y a la Guardia Civil ante la necesidad de explicar cómo se utilizó un medio oficial en el episodio que afecta al presidente del Gobierno. La clave ya no está únicamente en la existencia de la embarcación, sino en determinar quién ordenó o autorizó su utilización, qué servicio prestó y bajo qué marco jurídico se produjo.
Mientras esas respuestas no lleguen, la polémica por la denominada «zodiac de Sánchez» continuará creciendo alrededor de una pregunta central: si un recurso de la Guardia Civil fue utilizado para una actividad privada del presidente, ¿Quién decidió ponerlo a su disposición y con qué justificación?
