EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Comisión Europea respalda la reforma del Reglamento del Congreso que permitió suspender las acreditaciones de agitadores ultras como Vito Quiles y Bertrand Ndongo, según el Informe sobre el Estado de derecho de 2026.
- ¿Quién está detrás? La Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Sumar, aprobó la reforma en julio de 2025 y la normativa de acreditación dos meses después, con el voto en contra del PP y Vox.
- ¿Qué impacto tiene? El aval de Bruselas refrenda la lucha parlamentaria contra la desinformación y el acoso a diputados, y fortalece la posición del Gobierno en la defensa del Estado democrático.
La Comisión Europea ha bendecido la reforma del Congreso que permitió retirar la acreditación al agitador ultra Vito Quiles y a otros perfiles similares como Bertrand Ndongo, en el capítulo español del Informe sobre el Estado de derecho de 2026. El documento, conocido este lunes, califica de avance la modificación del Reglamento aprobada en julio de 2025 con los votos del bloque de investidura y subraya que fue bien recibida por los actores interesados, como las asociaciones de periodistas. La decisión de Bruselas refuerza la actuación de la Mesa de la Cámara, dominada por PSOE y Sumar, que en mayo suspendió definitivamente las credenciales de ambos por su historial de incidentes y acoso a diputados.
La reforma que puso coto a los agitadores y el aval europeo
La modificación del Reglamento, aprobada el 22 de julio de 2025 por el Pleno del Congreso, introdujo por primera vez un marco formal de acreditación y estándares de comportamiento para los profesionales que cubren la Cámara. Dos meses después, la Mesa concretó las normas: prohibió dirigirse a cualquier persona con un equipo de grabación en funcionamiento sin permiso previo y vetó la grabación engañosa con dispositivos móviles. Se tipificaron como infracciones muy graves los insultos, las descalificaciones, la grabación oculta y la difusión de imágenes que vulneren la intimidad, conductas que Vito Quiles y Ndongo habían protagonizado repetidamente.
La suspensión indefinida de las acreditaciones, adoptada el 13 de mayo de 2026, fue el colofón a un rosario de expedientes. Quiles, acreditado como redactor literario –sin permiso para grabar vídeo–, había sido denunciado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) tras grabar al presidente Pedro Sánchez en un pasillo anexo a la Sala Constitucional y protagonizar otro encontronazo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. A eso se sumaban quejas del PSOE y Podemos. En el caso de Ndongo, la denuncia de Sumar por interrumpir una rueda de prensa de su portavoz, Verónica Martínez, y el dictamen del Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria –que apreció obstrucción y violencia verbal– fueron determinantes.
La batalla contra la desinformación y la oposición
El aval de Bruselas, recogido en el capítulo español del Informe sobre el Estado de derecho de 2026, otorga un respaldo internacional a una medida que PP y Vox rechazaron en bloque. Ambos partidos votaron contra la reforma en julio de 2025 y han criticado desde entonces la actuación de la Mesa, tachándola de censura. Sin embargo, la Comisión Europea constata que el nuevo sistema “fue generalmente bien recibido por las partes interesadas”, en alusión explícita a organizaciones como la APP y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), que llevaban meses reclamando un marco regulador frente al acoso de agitadores camuflados de periodistas.
La postura de los populares y de Vox queda así expuesta como una defensa indirecta de prácticas que erosionan la convivencia parlamentaria. De hecho, el informe europeo subraya que la reforma contribuye a preservar el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara, valores que el PSOE y sus socios sitúan en el centro de su acción institucional. La Comisión no menciona censura alguna sino, al contrario, celebra el avance normativo.
La defensa de la democracia empieza por poner normas claras a quienes utilizan la prensa como ariete del odio.
El Eje del Poder Socialista
Internamente, la decisión refuerza la autoridad de la mayoría de investidura en el Congreso y proyecta una imagen de solvencia democrática que contrasta con el ruido de la oposición. Para el PSOE, la reforma no es solo una cuestión de orden interno: es un mensaje de que la defensa de las instituciones pasa por poner límites a quienes intentan dinamitarlas desde dentro. El tándem entre la Mesa del Congreso y el Gobierno socialista ha funcionado con precisión quirúrgica para desactivar a los agitadores ultras sin menoscabar la libertad de prensa, un equilibrio que Bruselas reconoce. Además, la creación del Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, previsto en la reforma, dota a la Cámara de una herramienta de autorregulación que sindicatos y asociaciones del sector venían demandando.
En el tablero territorial, la medida no tiene un impacto directo sobre las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, pero sí refuerza la narrativa del partido como dique de contención frente al extremismo. En un contexto en el que la ultraderecha utiliza las redes sociales para acosar a representantes públicos, el blindaje del Congreso sienta un precedente que los ejecutivos autonómicos socialistas –como el de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha o Adrián Barbón en Asturias– podrían replicar en sus parlamentos. El riesgo más inmediato para la oposición es que el aval europeo convierta su ‘no’ en una posición cada vez más insostenible ante la opinión pública.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Defensa de las instituciones democráticas y de la calidad informativa frente a la agitación ultra.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Verificar si PP y Vox mantienen su rechazo a la reforma tras el informe de la Comisión Europea y si los agitadores recurren la suspensión ante los tribunales.
