La Delegación del Gobierno en Madrid investigará la actuación de la Policía Nacional en el desahucio de Maricarmen, desalojada en Retiro.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La Delegación del Gobierno en Madrid ha abierto una revisión de la actuación policial durante el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada de su vivienda.
- ¿Dónde y cuándo? En la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro, el miércoles 23 de septiembre de 2026, con la comisión judicial llegando sobre las 09:30 horas.
- ¿Qué resultado? La Policía Nacional ejecutó el mandato judicial con un perímetro de seguridad; la mujer fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón.
Un dispositivo policial bajo mandato judicial
El operativo desplegado por la Policía Nacional en la calle Alcalde Sainz de Baranda contó con decenas de agentes y varios vehículos policiales, que establecieron un perímetro de seguridad alrededor del inmueble. La comisión judicial llegó sobre las 09:30 horas del miércoles 23 de septiembre. La Delegación del Gobierno subrayó desde el primer momento que los agentes actuaban en cumplimiento del mandato de esa comisión, la autoridad encargada de ejecutar el lanzamiento judicial.
Los agentes retiraron a las personas que permanecían sentadas ante el portal y accedieron después al interior del inmueble, donde todavía se encontraban activistas del Sindicato de Inquilinas que habían acompañado a la mujer durante la noche. La operación concluyó con la salida de Maricarmen en una camilla de los servicios sanitarios del Samur, antes de su traslado al Hospital Gregorio Marañón. La Policía Nacional cumplió así con una resolución de los tribunales tras años de litigio.
Maricarmen residía en esa vivienda desde 1956. Su padre había firmado el contrato de arrendamiento y, tras su fallecimiento, el alquiler se subrogó primero en su esposa y después en su hija. El litigio arrancó en 2018, cuando el inmueble pasó a manos de nuevos propietarios: la mujer obtuvo inicialmente una resolución favorable que fue posteriormente revocada a lo largo del procedimiento judicial.
La investigación institucional y la respuesta en la calle
Fuentes de la Delegación del Gobierno confirmaron a Europa Press que se revisará la actuación policial, después de que durante la jornada se registraran momentos de tensión, empujones y puntuales cargas contra las personas concentradas para tratar de impedir el lanzamiento. La propia institución se había desvinculado a primera hora de ese día del dispositivo y dejó claro que no había dado ninguna instrucción para impedir la cobertura informativa.
Por la tarde, una concentración posterior en Madrid reunió a cerca de 10.000 personas, según los datos de la Delegación del Gobierno. La protesta terminó también con cargas policiales después de que los manifestantes realizaran una sentada en el paseo de la Castellana. La Delegación expresó su oposición al lanzamiento y recordó que la Policía Nacional actuaba por orden de la comisión judicial.
La Policía Nacional ejecuta los lanzamientos judiciales en cumplimiento estricto del mandato de la comisión judicial, un procedimiento reglado que ampara cada intervención de los agentes.
El contexto institucional
La ejecución de lanzamientos judiciales es una de las diligencias más delicadas que asumen los cuerpos de seguridad. En operativos de este tipo, la Policía Nacional actúa con un doble objetivo: garantizar el cumplimiento de la resolución de los tribunales y proteger la seguridad de todas las personas presentes. A diferencia de una actuación ordinaria de seguridad ciudadana, el agente interviene aquí bajo la orden directa de la comisión judicial, sin margen para decidir sobre el fondo del deshaucio. La concentración posterior, que la Delegación del Gobierno cifró en cerca de 10.000 personas, da la medida de la dimensión pública que ha alcanzado el caso.
La investigación abierta por la Delegación del Gobierno se centrará previsiblemente en los protocolos de coordinación y en la cobertura informativa durante el dispositivo, no en la legalidad del desahucio, avalado por una resolución judicial. La Policía Nacional mantiene su disposición a colaborar con esa revisión y defiende su actuación como el resultado de un mandato reglado. Los datos del Ministerio del Interior confirman que las intervenciones policiales en ejecuciones judiciales se desarrollan siempre bajo la orden de la autoridad judicial competente, un marco que garantiza tanto los derechos de los afectados como el cumplimiento de las resoluciones firmes.
