El Consejo de Ministros aprueba un recurso al Constitucional contra 20 artículos de la ley de PP y Vox en Valencia.
Lo acordado en la reunión del Gabinete de este martes es la solicitud al presidente del Gobierno para que interponga el recurso de inconstitucionalidad —el instrumento con el que el Ejecutivo impugna normas con rango de ley ante el Tribunal Constitucional— contra la Ley 5/2026, de 31 de julio, de medidas fiscales y de gestión administrativa de la Generalitat Valenciana. Se trata de la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos, el cajón de sastre que cada año utilizan los ejecutivos autonómicos para retocar decenas de normativas. El texto salió adelante el pasado mes de julio con los votos de la mayoría conservadora en las Corts Valencianes y el Ejecutivo central considera que 20 de sus 200 artículos deben quedar en suspenso.
Qué defiende Vox en la ley valenciana y con qué argumentos
Sobre la mesa hay varios bloques. El de mayor calado político es la ‘prioridad nacional’, una enmienda impulsada por Vox y aceptada por el PP que condiciona el acceso a la vivienda pública y a las prestaciones sociales al tiempo de residencia. El partido rechaza que el criterio excluya a nadie por su origen: ordena, argumenta, el reparto de recursos escasos y prima a quien reside de forma efectiva y contribuye al sostenimiento del sistema. Las administraciones, sostiene, pueden fijar criterios de prelación cuando la demanda supera con holgura la oferta disponible.
El segundo frente es la obligación de mantener el rostro descubierto en el transporte público, la función pública, la sanidad, la educación y los espectáculos públicos, con infracciones administrativas aparejadas. Vox defiende la medida por dos vías: la seguridad, con la identificación como presupuesto de cualquier control, y la igualdad efectiva, al considerar que el velo integral coloca a la mujer en una posición subordinada. En el partido se subraya además que la norma no se dirige a ninguna confesión concreta, sino al uso de cualquier prenda que impida reconocer a la persona.
Completa el cuadro la protección del derecho a la vida de los no nacidos, que el Gobierno enlaza con el artículo 15 de la Constitución y con un régimen susceptible de restringir la interrupción voluntaria del embarazo. A ese bloque se suman la modulación de la promoción de la igualdad de las personas LGTBI en los centros educativos —de previsión imperativa a potestativa—, la reagrupación familiar de menores tutelados, el régimen de la función pública y los proyectos estratégicos de energías renovables.
El recurso no apunta a un defecto formal: apunta al corazón del programa que Vox ha convertido en condición de sus pactos con el PP.
Para el Ejecutivo, la prioridad nacional quiebra el artículo 14 del texto constitucional, que prohíbe la discriminación por origen, y el 9.2, que obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos de la igualdad material. Añade que colisiona con el artículo 139, el que garantiza la libre circulación de los españoles por todo el territorio del Estado, porque el acceso a servicios queda atado al lugar de residencia.
En el capítulo competencial, el acuerdo del Gabinete sostiene que la exigencia del rostro descubierto invade títulos estatales de seguridad pública, transporte, función pública y sanidad, y aprecia un efecto disuasorio y discriminatorio contrario al artículo 14. Sobre extranjería, entiende que la regulación autonómica de la reagrupación de menores tutelados esquiva el procedimiento estatal en el que intervienen la Administración General del Estado y el Ministerio Fiscal.
Por qué el Gobierno apunta a esta ley y qué supone para el pulso con el PP
La maniobra no es aislada. Vox rompió en julio de 2024 sus gobiernos de coalición con el PP en cinco comunidades, entre ellas la Valenciana, y desde entonces cada acuerdo programático se ha convertido en escaparate y en argumento. Observamos un patrón que se repite: donde no hay gobierno conjunto queda el pacto parlamentario, y ahí la formación puede exhibir iniciativas con rango de ley sin cargar con el desgaste de la gestión diaria.
Del lado del PP, la posición es incómoda. Los populares votaron el texto en las Corts el pasado julio y ahora comparecen frente a un recurso que interpela directamente su firma. Si respaldan la prioridad nacional ante el tribunal, asumen el marco de Vox en un asunto de máxima visibilidad; si la matizan, entregan al Gobierno el flanco que busca desde hace meses.
Queda el calendario. El siguiente hito será la admisión a trámite por el Pleno del Tribunal Constitucional, paso previo a cualquier pronunciamiento de fondo. Esa admisión no implica por sí sola la suspensión de los preceptos, aunque el artículo 161.2 de la Constitución permite al Alto Tribunal acordarla. Vox tiene margen para personarse y convertir la defensa de la ley en un acto político de recorrido largo; el PP, en cambio, afronta un problema de agenda en cada comparecencia.
