La Audiencia Nacional ha revocado la semilibertad de la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, y los terceros grados de otros dos miembros de la banda.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional revoca la semilibertad de la exjefa de ETA ‘Anboto’ y los terceros grados de Juan Antonio Olarra Guridi y Arkaitz Aguirregabiria.
- ¿Dónde y cuándo? Sede de la Audiencia Nacional, en Madrid; resolución hecha pública el martes 10 de noviembre de 2026.
- ¿Qué resultado? Tres internos de ETA regresan al segundo grado y queda sin efecto la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
La resolución del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, hecha pública este martes 10 de noviembre, deja sin efecto el régimen del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario aplicado a la exdirigente y devuelve a los tres internos al segundo grado, el régimen ordinario de cumplimiento.
La revocación del artículo 100.2 y de los terceros grados
El artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario es la vía que permite aplicar un régimen de flexibilidad —horarios, permisos y salidas— a un interno clasificado en segundo grado sin elevar su clasificación. En la práctica funciona como una semilibertad que no exige el tercer grado, y su concesión depende del equipo de tratamiento del centro penitenciario y del control posterior del juez de vigilancia.
La resolución afecta a tres internos. Junto a ‘Anboto’, el juzgado revoca los terceros grados de Juan Antonio Olarra Guridi y de Arkaitz Aguirregabiria, considerados por las autoridades miembros de la banda terrorista. El tercer grado es el régimen abierto: el interno solo pernocta en prisión y acude a programas de tratamiento. Con la revocación, los tres regresan al segundo grado y a las condiciones ordinarias de cumplimiento. La medida no altera las penas impuestas, solo la forma de cumplirlas.
Cada expediente se resuelve con los informes del centro, la propuesta de tratamiento y el pronóstico de reinserción sobre la mesa. El filtro judicial decide sobre condiciones, no sobre condenas, y lo hace con la gravedad del delito como referencia obligada en los delitos de terrorismo.
Vigilancia Penitenciaria, el filtro judicial de cada expediente
El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria es el órgano de la Audiencia Nacional que controla la ejecución de las penas: clasificaciones, permisos, terceros grados y libertad condicional. Cada expediente se revisa de forma individualizada y con plazos periódicos, lo que explica que decisiones de este tipo se repitan en el tiempo sobre los mismos internos.
En el caso de la exdirigente etarra, la de este martes es la segunda semilibertad revocada en un año. La resolución no es firme: contra ella cabe recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que puede confirmarla o dejarla sin efecto en las próximas semanas.
Los 853 asesinatos que los registros oficiales atribuyen a ETA explican que cada revisión de las condiciones de cumplimiento de sus condenados pase por el filtro judicial de la Audiencia Nacional.
El contexto institucional
La banda terrorista ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada en octubre de 2011 y se declaró disuelta en mayo de 2018, pero la gestión de sus consecuencias penales sigue abierta. No hay amenaza operativa activa, y ese es el principal balance del trabajo concluido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: la Guardia Civil y la Policía Nacional, con la coordinación del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el órgano del Ministerio del Interior que centraliza la inteligencia policial), desarticularon de forma sucesiva los comandos hasta la disolución de la organización.
La escala de lo que se juzga aquí la marcan las cifras: los registros oficiales atribuyen a ETA 853 asesinatos en más de cuatro decadas de actividad terrorista. Ese dato es el que da dimensión a cada revisión de clasificación penitenciaria de un condenado por la banda. La investigación que permitió llevar esos casos a juicio —atribución de autorías, análisis de explosivos, seguimiento de la estructura dirigente y cooperación con Francia— fue desarrollada por la Guardia Civil y la Policía Nacional, cuyos informes sustentan buena parte de las condenas firmes dictadas por la Audiencia Nacional.
La revisión de los expedientes no termina con esta resolución. La defensa de los tres internos puede recurrir la decisión, y el juzgado de vigilancia continuará revisando sus clasificaciones con la periodicidad que marca la ley. El Ministerio del Interior, a través de Instituciones Penitenciarias, mantiene el seguimiento individualizado de los internos por terrorismo, y cualquier cambio de grado volverá a pasar por el mismo filtro judicial que este martes ha dejado sin efecto la semilibertad de ‘Anboto’ y los terceros grados de sus dos compañeros de causa.
