La demanda Apple Pay avanza con la certificación de la clase: los bancos emisores podrán reclamar juntos las comisiones. El juez federal Jeffrey White ha admitido como grupo demandante a todas las entidades de Estados Unidos que emitieron tarjetas habilitadas para el pago sin contacto de Apple y que pagaron a la compañía por esas operaciones, un negocio que, según la acusación, reporta a Apple hasta 1.000 millones de dólares al año.
Claves de la operación
- Una clase abierta a cualquier emisor estadounidense. Bancos, cooperativas de crédito y entidades financieras que hayan abonado comisiones por Apple Pay entran en el grupo demandante.
- La factura que se discute. Apple cobra un 0,15% en tarjetas de crédito y medio centavo por operación con tarjeta de débito. En una compra de 1.000 dólares, se lleva 1,50.
- El precedente que debilita su defensa. Desde iOS 18.1 los desarrolladores acceden al chip NFC en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil o el Espacio Económico Europeo, y ese cambio llegó después de la demanda.
El auto, dictado esta semana, es el paso procesal más relevante del caso desde que se presentó en 2022. El magistrado ha rechazado además la petición de Apple para excluir el testimonio de los peritos de la acusación, que sostienen que la compañía tiene poder de monopolio sobre el mercado de carteras móviles. Ese detalle pesa: sin el informe pericial, la parte demandante se queda sin el armazón técnico que sostiene la tesis del abuso.
Cuando un usuario paga con el iPhone, el emisor de la tarjeta abona a Apple un 0,15% en crédito y medio centavo en débito por operación. Los abogados calculan que la compañía ingresa hasta 1.000 millones de dólares anuales por esta vía. La clave no está en el importe, sino en la palanca: si Apple Pay es el único monedero que funciona en el iPhone, el emisor no tiene alternativa y la comisión deja de ser negociable.
La acusación compara la situación con Android, que permite varios monederos en el mismo teléfono y no cobra al emisor por los pagos sin contacto. El razonamiento: si Apple tuviera que soportar competidores dentro de su propio sistema, no podría mantener tarifas que la demanda califica de sustanciales.
Apple sostiene que ya ha movido ficha. Desde iOS 18.1, los desarrolladores pueden ofrecer pagos sin contacto en sus aplicaciones con acceso al chip NFC en Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil, Japón, Reino Unido y el Espacio Económico Europeo. La compañía presenta esa apertura como prueba de que el mercado se liberalizó por su propia iniciativa.
El caso no se decide por lo que Apple cobra, sino por si el emisor tenía alguna forma de decir no.
El calendario juega contra la defensa de Apple
El problema para la compañía es la secuencia temporal. La demanda se presentó en 2022 y la apertura del NFC llegó dos años después, empujada en Europa por la presión del Reglamento de Mercados Digitales. Para los demandantes, ese orden demuestra lo contrario de lo que alega Apple: la compañía abrió el chip cuando la presión regulatoria se volvió insostenible, no cuando el mercado lo pidió.
También ha avalado el juez que el mercado relevante se defina como el de monederos móviles en iOS, no como el de pagos digitales en general. En un mercado definido así, la cuota de Apple es prácticamente total. La defensa intentará mover esa frontera en las próximas fases.
El caso sigue ahora su curso hacia la fase de fondo. Los abogados piden la devolución de las comisiones ya abonadas y una orden judicial para poner fin a las políticas que consideran ilegales. Sobre la mesa hay una reparación económica modesta, y un remedio estructural mucho más valioso: la obligación de abrir el iPhone a otros monederos.
Por qué el pago sin contacto cerrado valía 1.000 millones al año
La cifra que maneja la acusación sirve para dimensionar el negocio. Hasta 1.000 millones de dólares anuales procedentes de una función que el usuario no percibe como un servicio de pago independiente, sino como una capa invisible sobre la tarjeta que ya tiene en el bolsillo. El servicio se apoya en el chip NFC del iPhone, una función que la propia compañía documenta en su página para desarrolladores.
Los emisores han convivido con esa factura porque el coste unitario es pequeño. El 0,15% sobre el crédito no mueve la cuenta de resultados de un banco, pero el volumen agregado sí construye una línea de ingresos sólida para Apple. El conflicto real no es de precio, sino de control sobre la relación con el cliente y sobre los datos de cada operación.
El recibo que también pagan Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell
La clase certificada solo incluye a emisores estadounidenses, pero el modelo de comisión es idéntico en Europa. Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, los cuatro grandes del IBEX 35, abonan a Apple las mismas tarifas por cada pago con iPhone y ninguno ha presentado una reclamación equivalente en España. Santander es el único de los cuatro con red minorista en Estados Unidos y podría entrar en el grupo demandante a través de su filial norteamericana, algo que la entidad no ha aclarado.
Europa aporta un dato incómodo para Apple. Bruselas ya obligó a abrir el NFC a terceros en el Espacio Económico Europeo y desde entonces operan monederos alternativos sobre el mismo hardware. El argumento de que el chip es una barrera técnica insalvable se ha desmontado en la práctica.
El caso tiene, eso sí, un punto débil evidente. La indemnización por comisiones pasadas sería modesta incluso si los demandantes ganan, y el remedio estructural depende de un juicio que aún no tiene fecha. Apple puede seguir defendiendo que el mercado de monederos se define de forma más amplia y que su cuota no es la que sostiene la acusación. La próxima cita es la fase de instrucción, con una resolución que, por el calendario habitual de este tipo de litigios, difícilmente llegará antes de 2027. Hasta entonces, la banca seguirá pagando cada operación y anotando la factura.
