EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes la solicitud formal al Gobierno de España de una auditoría técnica integral e independiente de la red ferroviaria que une Andalucía con Madrid.
- ¿Quién está detrás? El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet Sánchez, con el respaldo del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que reclama el examen desde el accidente de Urda del 28 de octubre.
- ¿Qué impacto tiene? Traslada a Moncloa la responsabilidad sobre la seguridad de la red y abre un frente territorial con datos de ADIF y de la CNMC.
La Junta de Andalucía ha exigido formalmente este martes una auditoría integral de la red ferroviaria que conecta la comunidad con Madrid. El Consejo de Gobierno ha aprobado la solicitud al Ejecutivo central de un examen técnico independiente de la infraestructura y de sus sistemas de seguridad.
El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet Sánchez, ha resumido la posición andaluza en tres palabras: ‘Queremos máximas garantías’. El acuerdo pide determinar si, más allá de las causas concretas de los siniestros, existen deficiencias estructurales o sistémicas en la planificación, la conservación, y el mantenimiento de la red.
El detonante es el accidente de Urda del pasado 28 de octubre, cuando un AVE impactó contra un convoy de Iryo. La mujer del propio consejero viajaba en el vagón número siete y sufrió fracturas en las costillas y policontusiones. El Gobierno andaluz no lo ha ocultado y eso explica el tono empleado desde entonces.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, reclama la auditoría desde el mismo día del choque y lo ha dicho sin rodeos: ‘Yo ahora mismo no viajaría en el AVE, por lo menos en la línea de Madrid’. La frase condensa la factura política del asunto. No se discute solo un informe técnico, sino la confianza en el transporte que vertebra la conexión entre Andalucía y la capital.
La auditoría tiene dos capas: la investigación de lo ocurrido y el examen de las condiciones en que se presta el servicio, del estado de conservación de las vías y del funcionamiento de los sistemas de señalización. El objetivo declarado es triple: seguridad máxima, fiabilidad del sistema y recuperación de la confianza ciudadana.
Andalucía no pide un favor político: pide que alguien certifique, con papeles y peritos independientes, que la vía por la que circulan millones de personas al año resiste.
A eso se suma el antecedente de Adamuz (Córdoba), ocurrido hace nueve meses. La Junta subraya que ambos siniestros afectan de manera directa a Andalucía y exige un compromiso institucional de todas las administraciones dentro de sus competencias.
Una auditoría independiente, más inversión y una mesa de trabajo con el Ministerio
El acuerdo no se limita a pedir el informe. Insta a reforzar las inversiones en conservación y mantenimiento y a incrementar las medidas extraordinarias de movilidad que palíen la interrupción de las comunicaciones ferroviarias entre Andalucía y Madrid. La conexión estratégica está alterada y eso obliga a reforzar alternativas por avión y por carretera.
La Junta reclama además una mesa de trabajo permanente con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. No una reunión puntual: un cauce de interlocución ágil para hacer seguimiento conjunto de las actuaciones en el corredor. Y deja caer un reproche acumulado: las peticiones para abrir un debate sobre el mapa ferroviario andaluz se han topado con una ‘respuesta nula’.
El dato que sostiene la denuncia: un 56% más de tráfico y un 30% menos de conservación
El argumento más sólido del Ejecutivo andaluz no es político, es estadístico. Según los informes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la actividad medida en trenes-kilómetro —ratio que refleja la intensidad de uso de la red— creció un 56,3% entre 2019 y 2025. En el mismo periodo, el gasto en reparaciones y conservación por tren-kilómetro cayó un 29,9%.
El desequilibrio se agranda al comparar lo presupuestado con lo que el propio Ministerio considera necesario. Transportes cifra en 1.800 millones de euros al año el gasto requerido para el conjunto de la red —Alta Velocidad, Media Distancia y Cercanías—, un 64% más que los 1.100 millones consignados para 2025. La Junta pregunta si los medios empleados están a la altura de la explotación real.
El contexto autonómico completa el cuadro. El mismo Consejo de Gobierno autorizó un nuevo límite de compromisos de gasto que permitirá disponer de 202 millones de euros en actuaciones en la red de carreteras de titularidad autonómica. La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, puso en valor tener los presupuestos aprobados en tiempo y forma como condición para poder ejecutar.
El Eje del Poder Popular
La lectura estratégica excede Andalucía. Moreno ha convertido una demanda técnica en una posición de Estado que interpela a Moncloa y que encaja con el eje de gestión que Génova subraya: los gobiernos populares administran, planifican y exigen rigor frente a la improvisación. No es casual que el acuerdo se apoye en datos de ADIF y de la CNMC, dos organismos ajenos al Ejecutivo andaluz. Ese detalle blinda la denuncia frente al reproche de partidismo y convierte la auditoría de la red ferroviaria en un asunto de interés general.
En el plano territorial el movimiento tiene recorrido. El patrón de más tráfico y menos mantenimiento afecta a todas las comunidades, y ahí el PP gobierna en once territorios que suman en torno al 60% del PIB. La comparación con el trato dispensado a Rodalies y a las Cercanías de Madrid aparece sola en cualquier conversación entre barones. Andalucía pone cifras; otras federaciones esperan turno.
El riesgo inmediato también existe. Si la auditoría se dilata o se convierte en un grupo de trabajo sin calendario, la Junta quedará con la palabra dada y sin resultado, y el desgaste lo pagará quien reclamó primero. El precedente de Adamuz, nueve meses después sin conclusión pública conocida, marca la vara de la paciencia. El examen se juega en si la mesa de seguimiento se constituye y en si Transportes pone fecha a la revisión técnica del corredor.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Seguridad y mantenimiento ferroviario como prueba de gestión: el PP exige rigor técnico donde el Gobierno ofrece promesas.
- Protagonista: Juanma Moreno (presidente de la Junta de Andalucía) y Mario Muñoz-Atanet Sánchez (consejero de Fomento y Movilidad).
- Próximo hito: Constitución de la mesa de trabajo entre la Junta y el Ministerio de Transportes y respuesta del Ejecutivo central a la solicitud de auditoría.
