Una investigación liderada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha destapado esta semanas una compleja red de corrupción en el sector de los hidrocarburos en España, confirmando una trama que venía siendo investigado desde hace tiempo. El caso, que involucra a altos cargos políticos y empresariales, gira en torno a la obtención fraudulenta de una autorización administrativa para que la empresa VILLAFUEL SL operara como mayorista en el mercado de hidrocarburos. El informe, que consta de 183 folios, detalla cómo la organización criminal liderada por Claudio Rivas utilizó influencias políticas y económicas para eludir los requisitos legales y obtener beneficios multimillonarios.
La investigación comenzó en septiembre de 2020, cuando se detectaron irregularidades en las operaciones de VILLAFUEL SL, una empresa vinculada a Claudio Rivas. La organización criminal, especializada en delitos contra la Hacienda Pública, buscaba obtener una autorización administrativa que le permitiera operar como mayorista en el sector de los hidrocarburos. Sin embargo, la empresa no cumplía con los requisitos legales, especialmente en lo relacionado con la capacidad financiera, que exigía la disposición de tres millones de euros en fondos propios.
Para superar este obstáculo, Claudio Rivas recurrió a la intermediación de Víctor De Aldama, quien tenía acceso a altos cargos políticos, incluido el entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. La organización criminal ofreció una serie de contraprestaciones económicas ilícitas a cambio de la influencia del ministro en los órganos ministeriales responsables de la autorización.
EL PAPEL DE LOS INTERMEDIARIOS
Víctor de Aldama desempeñó un papel clave en la trama, actuando como intermediario entre la organización criminal y el ministro Ábalos. Según el informe, De Aldama aseguró que las gestiones serían fáciles de realizar, pero condicionó su participación a la cuantía económica que recibiría. La organización criminal acordó pagarle una suma inicial de 292.416,66 euros, que se justificó mediante un contrato de prestación de servicios con la empresa HAVE GOT TIME SL, también controlada por Claudio Rivas.
Por su parte, el asesor del ministro, Koldo García, también jugó un rol importante en la intermediación. García mantuvo reuniones con altos cargos ministeriales, como Juan Ignacio Díaz Bidart, director de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y Marc Isaac Pons Pons, director de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Estas reuniones buscaban agilizar la concesión de la autorización para VILLAFUEL SL, aunque el MINCOTUR no tenía competencias en este ámbito.
La investigación detalla cómo la organización criminal realizó diversos pagos y entregas de bienes como parte de las contraprestaciones acordadas. Entre ellas, destaca la compra de un chalet en La Alcaidesa, Cádiz, por un valor de585.000 euros. La propiedad fue puesta a disposición del ministro Ábalos para su uso y disfrute, bajo la cobertura de un contrato de arrendamiento que nunca se cumplió en términos de pago de rentas.
Además, se realizaron entregas de dinero en efectivo a Víctor De Aldama, canalizadas a través de empresas interpuestas como ORNUS IMPORT SL y BLUDGER COMBUSTIBLES SL. Estas entregas, que sumaron más de 100.000 euros, se realizaron en momentos clave, como antes de reuniones en el MINCOTUR, para activar la influencia necesaria en los trámites administrativos.
OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
A pesar de las gestiones y presiones ejercidas por los intermediarios, la autorización fue denegada en varias ocasiones debido a la falta de cumplimiento de los requisitos legales. Esto llevó a la organización criminal a cambiar su estrategia y optar por cumplir con las exigencias del MITECO. Para ello, capitalizaron VILLAFUEL SL con fondos provenientes de HAVE GOT TIME SL, utilizando empresas interpuestas como COMBUSTIBLES LUCINALA SL para canalizar los recursos.
El 12 de septiembre de 2022, VILLAFUEL SL finalmente obtuvo la autorización para operar como mayorista en el mercado de hidrocarburos. La empresa comenzó sus operaciones el 15 de septiembre de 2022, lo que permitió a la organización criminal perfeccionar sus operativas fraudulentas y generar ingresos ilícitos.
DESENLACE E IMPLICACIONES
La investigación concluye que la organización criminal liderada por Claudio Rivas utilizó una estructura empresarial instrumental para cometer delitos fiscales y blanquear capitales. HAVE GOT TIME SL, una de las empresas clave en la trama, generó un fraude multimillonario contra la Hacienda Pública, cuantificado en más de 49 millones de euros entre 2021 y 2022. Estos fondos se utilizaron para financiar las actividades ilícitas de la organización, incluyendo el pago de comisiones y la adquisición de bienes de lujo.
El caso, que ha sido entregado a las autoridades judiciales, pone de manifiesto la gravedad de la corrupción en el sector de los hidrocarburos y la necesidad de reforzar los mecanismos de control y supervisión en las administraciones públicas. La investigación continúa en curso, con el objetivo de determinar la responsabilidad de todos los implicados y esclarecer los delitos de blanqueo de capitales asociados a la trama.
Los delitos mencionados en el documento de la UCO son los siguientes:
- Tráfico de influencias: Relacionado con la intermediación de Víctor De Aldama y la influencia ejercida por el exministro José Luis Ábalos en los órganos ministeriales para obtener la autorización de operador mayorista para VILLAFUEL SL.
- Cohecho: Vinculado a las contraprestaciones económicas ilícitas ofrecidas por la organización criminal, como dinero en efectivo, la compra de un chalet y pagos a intermediarios.
- Pertenencia a organización criminal: La investigación señala que los implicados formaban parte de una estructura organizada para cometer delitos en el sector de los hidrocarburos.
- Delitos contra la Hacienda Pública: La organización criminal generó un fraude multimillonario, cuantificado en más de 49 millones de euros entre 2021 y 2022, mediante operativas fraudulentas en el mercado de los hidrocarburos.
- Blanqueo de capitales: Se investigan las operaciones realizadas para ocultar y canalizar fondos de procedencia ilícita, utilizando empresas interpuestas y contratos simulados.
Estos delitos forman parte de las actividades ilícitas de la organización criminal desarticulada en el marco de las Diligencias Previas 147/2024 y otras investigaciones relacionadas. Fuentes policiales consultadas por este medio aseguran que el listado de investigados puede ampliarse en las próximas semanas y muchos de ellos estarían relacionados de una forma u otra con el PSOE.
