En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, Juan Bravo, actual vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, ha lanzado una dura acusación contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, vinculando directamente la gestión de los fondos europeos con la desaparición de casi 67.000 empresas en el territorio nacional. Según el dirigente popular, la falta de ambición y una ejecución que ha calificado de inaceptable constituyen la crónica de un fracaso anunciado que ha dejado a miles de negocios sin el oxígeno financiero necesario en un momento crítico para la economía española.
Bravo ha centrado sus críticas en la incapacidad del Gobierno para canalizar 83.000 millones de euros en préstamos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia entre los ejercicios de 2022 y 2023. El representante de la oposición lamentó que este capital no llegara a las manos de los empresarios cuando más lo necesitaban, señalando que la estrategia del Gabinete socialista ha pecado de centralismo al ignorar el papel de las comunidades autónomas y los ayuntamientos en la distribución de estos recursos. Esta falta de coordinación, asegura, ha derivado en una reducción sistemática de los objetivos estratégicos iniciales, que han pasado de representar el 12% del Producto Interior Bruto a apenas un 6%.
El impacto de esta supuesta ineficiencia se refleja, según los datos expuestos por Bravo, en sectores vitales como la digitalización y la vivienda. El político puso de relieve que el objetivo original de digitalizar a 2,5 millones de pymes fue drásticamente recortado hasta las 676.000 empresas en septiembre de 2025, lo que supone un retroceso del 73% respecto a las metas iniciales. En materia residencial, denunció que la meta de rehabilitar 510.000 viviendas se vio mermada hasta las 410.000 en sucesivas revisiones del plan, debilitando la respuesta pública ante la actual crisis habitacional.
Citando datos de la Comisión Europea, el vicesecretario recordó que la ejecución real de los fondos en España apenas alcanza el 19,5%. Con este precedente, calificó de poco realista la pretensión de ejecutar los más de 48.000 millones restantes antes de agosto de 2026, dado que en un lustro solo se han gestionado 31.250 millones. Ante este panorama, Bravo concluyó su intervención interpelando directamente al ministro Carlos Cuerpo, preguntándole si puede garantizar que España no se verá obligada a devolver fondos a Bruselas debido a las deficiencias administrativas de su departamento y el resto de ministerios.
