El hemiciclo del Congreso de los Diputados fue testigo de un duro enfrentamiento, donde el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, dirigió contundentes críticas a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, a quien no dudó en señalar por su cercanía a casos de corrupción y por la gestión económica del Gobierno de Pedro Sánchez.
Bravo acusó al Ejecutivo de ser un «Gobierno de gestos, no de gestión«, al presentar nuevamente unos objetivos de estabilidad que ya habían sido rechazados previamente por la Cámara, e incurrir en un incumplimiento legislativo por no someter su segunda propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Su principal foco de crítica se centró en el techo de gasto propuesto, que asciende a 212.000 millones de euros. Esta cifra, a su juicio, excede con creces la previsión de crecimiento económico y augura una fórmula que los ciudadanos tendrán que sufragar inevitablemente «con más impuestos y más deuda». En un tono de advertencia, el dirigente popular instó al Gobierno a que «deje de engañar a los españoles».
El dirigente popular esbozó varias teorías para justificar un gasto público tan elevado. Argumentó que esta inversión masiva de recursos podría deberse a la intención de generar una mayor dependencia de los ciudadanos hacia el Gobierno de Sánchez, a la preparación de un escenario electoral mediante el riego de dinero a «ciertos colectivos», o bien, a una combinación de ambas estrategias.
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
El debate escaló al abordar la financiación autonómica, una materia que Montero se comprometió a reformar al inicio de la legislatura. Bravo reprochó a la ministra que, en lugar de impulsar un nuevo modelo que garantice que «todos los territorios puedan pagar sanidad y educación«, la única modificación efectiva haya sido la del cupo independentista, junto con la fragmentación de la Agencia Tributaria. «Para que todos los territorios puedan pagar sanidad y educación no encuentra tiempo en siete años, pero para pagar investiduras, ahí le son suficientes dos meses», espetó el vicesecretario en un duro reproche a la ministra.
Bravo exigió al Gobierno de Sánchez la reforma inmediata del sistema de financiación y le achacó la responsabilidad directa de que las Comunidades Autónomas no dispongan de mayor capacidad para invertir en servicios esenciales como la educación y la sanidad, fruto, según sus palabras, de una mala gestión a lo largo de siete años.
Finalmente, el dardo de Bravo se centró en el pasado de Montero como consejera en Andalucía y su historial político. Instó a la actual candidata socialista en las elecciones andaluzas a sincerarse con sus electores y recordar cómo, durante su gestión autonómica, la sanidad andaluza «quebró con un recorte de 1.600 millones», lo que supuso el despido de 7.700 profesionales, el cierre de hospitales y la práctica de «esconder en los cajones a medio millón de pacientes» para reducir las listas de espera.
Además, el vicesecretario popular arremetió con dureza, aludiendo a la trayectoria de la ministra en el gobierno de los ERE, el Gobierno de Sánchez y Ábalos y en el PSOE de Cerdán y Salazar, aseverando que Montero «está rodeada de la corrupción«. Incluso la acusó de hablar con las víctimas de una denuncia de acoso «para callarlas y para proteger al supuesto agresor» antes de que la denuncia se hiciera pública. Con un llamado a la acción, Bravo abogó por «pasar página» del Gobierno de Sánchez y defendió que el Partido Popular abrirá una etapa de «reconciliación, sin muros, de fin de infierno fiscal y de trabajar con los autónomos», una etapa, concluyó, para una España «que trabaja y en la que merece la pena trabajar».
EL CONGRESO RECHAZA LA SENDA DE DÉFICIT
El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves por segunda vez en menos de un mes los objetivos de estabilidad y de deuda para las administraciones públicas entre 2026 y 2028 con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, por lo que para elaborar los Presupuestos de 2026 se usará una senda fiscal más estricta para las comunidades autónomas.
Durante el debate de los objetivos de estabilidad, PP, Vox y Junts ya avanzaron su voto en contra de la senda de déficit y reprocharon que los objetivos presentados este jueves eran los mismos que se rechazaron el pasado 27 de noviembre y no se había introducido ningún cambio al respecto.
Tal como sucedió hace dos semanas, Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, se han abstenido; mientras que el resto de formaciones han apoyado el texto. Pese al rechazo de la senda, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha confirmado que seguirá adelante con la presentación de los Presupuestos de 2026, que tendrán de base una senda fiscal más estricta para las comunidades autónomas.
