La investigación desarrollada en el marco del Atestado 164/2025 revela una compleja red de intereses que trasciende las fronteras españolas, situando a Venezuela y a sus altos representantes en un lugar estratégico dentro de la operativa liderada por Víctor de Aldama y Claudio Rivas. De acuerdo con las evidencias recabadas por la Unidad Central Operativa (UCO), la relación con el país caribeño no era meramente circunstancial, sino que formaba parte de una arquitectura de poder diseñada para abrir puertas institucionales al más alto nivel.
Allí, Víctor de Aldama, identificado como una figura clave con acceso directo al Ministerio de Transportes entonces dirigido por José Luis Ábalos, actuaba como un puente no solo en la política nacional, sino también como un interlocutor con intereses vinculados al gobierno de Nicolás Maduro. Esta conexión se manifestaba en la capacidad de influencia que los investigadores de la UCO atribuyen a la trama para navegar entre los intereses económicos del sector de los hidrocarburos y las relaciones diplomáticas de alto calado.
EL PAPEL DE DELCY RODRÍGUEZ
Uno de los puntos de mayor fricción y relevancia en el análisis de la Guardia Civil es la mención a las gestiones realizadas en el entorno de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. El atestado subraya cómo la trama aprovechaba su cercanía con el núcleo de decisión del Gobierno de España para facilitar contactos que afectaban directamente a la relación bilateral con Venezuela. Los indicios apuntan a que estas gestiones no buscaban únicamente beneficios comerciales inmediatos para la operadora Villafuel SL, sino que se enmarcaban en un contexto de favores cruzados donde la figura de Aldama servía de «facilitador» para los intereses de Caracas en Madrid. La investigación sugiere que el nivel de confianza alcanzado permitía a los miembros de la organización criminal proponer operativas que implicaban la mediación en asuntos de Estado, utilizando para ello los canales informales creados en torno al asesor Koldo García y el propio ministro Ábalos.
La relación con el gobierno venezolano también se proyectaba en el ámbito financiero, con sospechas que apuntan a la coordinación de movimientos de fondos y posibles transacciones vinculadas a recursos estratégicos del país sudamericano. El análisis de las comunicaciones intervenidas por la UCO muestra cómo la organización criminal discutía asuntos que afectaban a la solvencia y los intereses de entidades o representantes venezolanos en territorio europeo. Estas operativas no solo buscaban el blanqueo de capitales procedentes del fraude en el sector de los hidrocarburos en España, sino que exploraban vías de colaboración con la administración venezolana para la canalización de recursos bajo el pretexto de servicios de consultoría o intermediación comercial. La capacidad de la trama para integrar estos intereses internacionales en su operativa doméstica subraya la sofisticación de una red que veía en Venezuela un socio estratégico para consolidar su influencia política.
El atestado pone especial énfasis en cómo la «penetración» de la organización criminal en los niveles directivos de varios ministerios españoles (Transportes, Industria y Transición Ecológica) servía como una herramienta de doble uso. Por un lado, facilitaba la obtención de licencias administrativas para Villafuel SL, eludiendo requisitos legales de capacidad financiera. Por otro lado, consolidaba a Víctor de Aldama como un agente con capacidad real para influir en la política exterior española, especialmente en lo relativo a Venezuela. Los investigadores detallan que esta infiltración permitió que intereses ajenos a la administración pública, y vinculados a gobiernos extranjeros, tuvieran voz en procesos de decisión que deberían haber estado protegidos por el rigor administrativo y la seguridad nacional. El uso de salvoconductos emitidos por el Ministerio de Transportes para personas vinculadas a la trama durante la pandemia es solo un ejemplo de la porosidad de estas fronteras institucionales.
DIPLOMACIA PARALELA E ILÍCITA
Finalmente, el documento policial concluye que la actividad de la organización criminal no solo supuso un perjuicio millonario para la Hacienda Pública española, cuantificado en más de 182 millones de euros, sino que puso de manifiesto la existencia de una «diplomacia paralela» alimentada por comisiones y favores políticos.
El cese de José Luis Ábalos en julio de 2021 marcó un punto de inflexión que obligó a la trama a reconfigurar su relación con los contactos venezolanos, incrementando la presión sobre los canales que aún permanecían activos. No obstante, los vínculos ya establecidos y la información manejada por la red de Aldama confirmaron que la relación con el Gobierno de Venezuela fue uno de los pilares que sostuvo la ambición de la organización, permitiéndoles operar con una sensación de impunidad derivada de su cercanía a los centros de poder de ambas naciones.
La trama, por tanto, no puede entenderse únicamente como un caso de fraude fiscal, sino como un entramado de intereses geopolíticos donde Venezuela jugó un rol determinante. En ese contexto, aparece de forma inquietante figura del ex presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, cuya vinculación con el régimen de Maduro parece que puede condenar su futuro más inmediato. Las próximas semanas serán clave en este sentido.
