Una de las principales pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se sitúa el apartado 3.4 del atestado, dedicado íntegramente a las contraprestaciones que habrían recibido los facilitadores de la trama. Según los investigadores, el éxito de la organización para obtener beneficios administrativos no fue gratuito, sino que se cimentó sobre un sofisticado sistema de pagos, regalos y contratos instrumentales que vinculan directamente a empresarios, comisionistas y cargos públicos en una red de mutuo beneficio ilícito.
La investigación apunta a que la organización, liderada por Claudio Rivas y Víctor de Aldama, buscaba consolidar su posición en el mercado estratégico de los hidrocarburos a través de la mercantil Villafuel SL. Para lograr la autorización necesaria para operar como mayoristas, requisito indispensable para su actividad, la trama habría desplegado una estrategia de influencia que culminó en una serie de pagos económicos y beneficios en especie. Estos movimientos financieros, lejos de ser aislados, seguían una hoja de ruta diseñada para premiar la intermediación ante los ministerios de Transportes, Industria y Transición Ecológica.
EL EFECTIVO DE ALDAMA
Uno de los pilares fundamentales de las contraprestaciones analizadas por la UCO es el trasvase de dinero en efectivo. Los agentes han documentado cómo la organización criminal activó el pago de las cantidades pactadas una vez que se percibió como inminente la resolución favorable del expediente de Villafuel SL en junio de 2021. Este flujo monetario no solo servía para engrasar los mecanismos de decisión, sino que también funcionaba como una garantía de fidelidad entre los miembros de la red y sus contactos en la administración.
Víctor de Aldama emerge en este escenario como la pieza clave, el «conseguidor» que conectaba los intereses empresariales con el entorno del entonces ministro José Luis Ábalos. Las evidencias recogidas muestran que Aldama no solo ejercía su influencia, sino que también canalizaba parte de los fondos a través de sus estructuras societarias. Los investigadores han identificado transferencias bancarias específicas que coinciden con momentos críticos de la tramitación administrativa, sugiriendo un vínculo directo entre el avance de los expedientes y la recepción de fondos por parte del comisionista.
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES COMO ELEMENTO CENTRAL
Más allá del dinero contante y sonante, el atestado policial detalla una operativa de contraprestación más compleja: la adquisición de propiedades inmobiliarias. En concreto, el documento señala la compra de una vivienda en la urbanización La Alcaidesa, en Cádiz, como uno de los pagos destinados a beneficiar a José Luis Ábalos. Según la UCO, los responsables de la organización criminal habrían ordenado formalizar la compra del inmueble elegido por el entonces ministro como parte de los acuerdos económicos pactados por su supuesta mediación.
Esta modalidad de pago en especie buscaba, presumiblemente, dificultar el rastreo del dinero y consolidar un patrimonio tangible para los implicados. Los mensajes interceptados entre miembros de la trama refuerzan esta tesis; en uno de ellos, tras conocerse que el título de operadora era oficial, uno de los investigados exclamaba: «Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito«, en clara alusión a la firma del ministro tras recibir la contraprestación inmobiliaria. Este nexo temporal entre la adquisición de la propiedad y la resolución administrativa favorable es uno de los indicios más sólidos que maneja la Fiscalía Anticorrupción.
TRANSFERECIAS BANCARIAS Y FACTURACIÓN FICTICIA
Para dotar de una apariencia de legalidad a los pagos, la organización recurrió a una estructura de transferencias bancarias amparadas en contratos de prestación de servicios que los investigadores consideran instrumentales o ficticios. La empresa MTM 180 Capital SL, administrada por Víctor de Aldama, recibió pagos que sumaban 292.416,66 euros en el verano de 2021. Estos fondos procedían de la órbita de Claudio Rivas y se justificaban oficialmente como «pago de facturas de asesoramiento«, aunque la Guardia Civil sostiene que eran meras coberturas para el cobro de comisiones ilegales.
El análisis de los movimientos bancarios revela una coordinación precisa: los ingresos en las cuentas de Aldama se registraban poco antes o después de hitos administrativos relevantes. La UCO destaca que estos pagos se realizaban bajo el paraguas de un contrato firmado entre Aldama y la sociedad Have Got Time SL, una de las mercantiles utilizadas por la red para canalizar fondos. Esta «ingeniería financiera» permitía a los implicados mover grandes sumas de dinero minimizando las alertas de los sistemas de prevención de blanqueo de capitales.
CONTRATACIÓN DE KOLDO GARCÍA
Otro eje de las contraprestaciones descritas en el punto 3.4 del atestado es la vinculación laboral de Koldo García asesor de máxima confianza del ministro Ábalos. Los investigadores señalan que la trama utilizó la contratación de García o de personas de su entorno como una forma de retribución indirecta. Esta táctica no solo aseguraba la lealtad del asesor, sino que garantizaba un canal de comunicación permanente y privilegiado con el núcleo duro del Ministerio de Transportes.
La presencia de Koldo García en reuniones informales con empresarios de la trama, como la celebrada en el restaurante La Tragantía a finales de 2020, evidencia su papel activo en la gestión de los intereses de Villafuel SL. Para la UCO, estas gestiones no formaban parte de sus funciones públicas, sino que eran la respuesta a los beneficios que la organización criminal le proporcionaba. La inserción de García en la operativa permitía a la red sortear obstáculos técnicos y financieros, como la exigencia de disponer de tres millones de euros en fondos propios, que la operadora intentaba eludir sistemáticamente.
CORRUPCIÓN SISTÉMICA
El conjunto de las contraprestaciones analizadas dibuja un panorama de corrupción que iba mucho más allá de un soborno puntual. Se trataba de un ecosistema donde el poder administrativo se ponía al servicio de intereses privados a cambio de una financiación continua de los implicados. Desde el dinero en efectivo hasta la compra de mansiones y la colocación de asesores, la organización criminal no reparó en gastos para asegurar que sus negocios en el sector de los hidrocarburos prosperaran al margen de la legalidad.
La conclusión de la Guardia Civil es contundente: existió una penetración real de la organización en los niveles directivos de varios ministerios. Esta infiltración fue posible gracias a que las contraprestaciones económicas se adaptaron a las necesidades y deseos de los receptores, creando una red de dependencia mutua que solo la intervención judicial ha logrado desmantelar. La UCO sigue investigando, las próximas semanas serán cruciales para descubrir la gran parte de esta trama.
