Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un recurso contra la decisión de la Fiscal General del Estado (FGE), Teresa Peramato, de autorizar a su antecesor, Álvaro García Ortiz, a volver a la carrera fiscal destinado en la Sección de lo Social en el Tribunal Supremo. La defensa de González Amador argumenta su «pérdida de la condición de fiscal».
El abogado de González ha pedido también acceso al expediente incoado por Peramato para no expulsar de la carrera fiscal a García Ortiz. González Amador pide a Peramato, a través de su abogado, que «se anule» dicho expediente y que «declare la incapacidad para el ejercicio de funciones fiscales» del ex fiscal general «por haber sido condenado por delito doloso a pena superior a seis meses y la pérdida de la condición de fiscal por la anterior causa de incapacidad y por la pena principal de inhabilitación para cargo público».
El Tribunal Supremo condenó a García Ortiz por revelación de secretos de González Amador, en concreto la investigación fiscal a la que estaba sometido, a la pena de dos años de inhabilitación como Fiscal General y al pago de una multa de 7.200 euros y de una indemnización de 10.000 euros.
Los magistrados indicaron expresamente en su sentencia que la inhabilitación lo era únicamente para el cargo de Fiscal General del Estado, advirtiendo de que sería «excesiva su proyección a otros» y dejando en manos de la Fiscalía el nuevo destino de García Ortiz.
LA VUELTA DEL EX FISCAL GARCÍA ORTIZ
Sin embargo, la actual Fiscalía General del Estado (FGE) daba luz verde a que García Ortiz se incorporase a su anterior puesto en la fiscalía del Supremo el pasado 13 de enero, argumentando que la sentencia que le condenó a dos años de inhabilitación por el delito de revelación de secretos solo le incapacitaba para el puesto que tenía, no para otros, según informaron fuentes del Ministerio Público a Europa Press.
La incorporación de García Ortiz a esa sección en el Alto Tribunal se realizó «de conformidad con las previsiones estatutarias, quedando sin efecto su anterior situación de servicios especiales» cuando ejercía como Fiscal General.
Desde el Ministerio Fiscal indicaron que «el alcance del fallo de la sentencia resulta claramente delimitado». La sentencia del Supremo, añadieron, «impone a García Ortiz la pena de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de dos años, sin que se efectúe ninguna referencia más ni respecto de su condición de fiscal de carrera y/o el ejercicio de sus funciones fiscales, ni respecto de otros cargos análogos».
«Esa concreción es particularmente relevante», indicaron, señalando que el Código Penal «obliga a los tribunales a indicar en la sentencia los empleos y cargos afectados por la inhabilitación, estando vedada cualquier extensión automática y/o interpretación expansiva u omnicomprensiva de su contenido».
