El proyecto político de Sumar, que nació con la vocación de aglutinar a las fuerzas a la izquierda del PSOE bajo una bandera de renovación moral y feminismo intransigente, atraviesa sus horas más bajas. Lo que en su origen se presentó como una plataforma de cuidados y protección de las mayorías sociales, se enfrenta hoy a un escenario de desmoronamiento de su capital simbólico. Las figuras que personificaron este movimiento durante la última década se encuentran ahora en el centro de graves procesos judiciales o polémicas de calado ético, precisamente por acusaciones relacionadas con agresiones sexuales y encubrimientos, golpeando el núcleo duro de su discurso.
La sacudida es total. Desde la cúpula estatal hasta las alianzas territoriales que sustentaron el experimento del «Botànic» en la Comunidad Valenciana, el goteo de informaciones judiciales ha colocado a la coalición en una posición de extrema vulnerabilidad. La formación que se autoproclamó dueña del feminismo institucional observa cómo sus referentes históricos, Íñigo Errejón y Mónica Oltra, junto a la actual líder y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, protagonizan una crónica de tribunales que amenaza con disolver la credibilidad de su mensaje político.
BANQUILLO PARA OLTRA
El frente valenciano ha recuperado un problema judicial que muchos daban por cerrada. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha dictado una resolución que ordena abrir juicio oral contra Mónica Oltra, exvicepresidenta del Consell y exconsellera de Igualdad. Junto a ella, otros doce miembros de su antiguo equipo en la Conselleria deberán sentarse en el banquillo para responder por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por el exmarido de la política contra una menor tutelada por la propia Generalitat entre los años 2016 y 2017.
Este nuevo giro judicial llega tras una larga batalla de recursos. Aunque en 2024 el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia decidió archivar las actuaciones al no apreciar indicio de delito, la Audiencia ha estimado los recursos presentados por la menor agredida y por las acusaciones populares de Vox y la asociación Gobierna-te. La decisión del tribunal provincial es una desautorización directa a la tesis del sobreseimiento, señalando que los hechos denunciados no son «conjeturas» ni «sospechas», sino indicios racionales que deben ser dilucidados en un juicio con todas las garantías.
La resolución de la Audiencia es especialmente severa con la gestión realizada desde la Conselleria que dirigía Oltra. El tribunal subraya que, a pesar de que la niña relató los abusos en repetidas ocasiones, la administración encargada de su tutela solo aplicó medidas mínimas, como el traslado administrativo del agresor, pero omitió acciones fundamentales de protección y seguimiento. La justicia destaca una «omisión» flagrante: la falta de comunicación inmediata a la Fiscalía de Menores, lo que en la práctica supuso la creación de un «muro de silencio» que desprotegió a la víctima.
En el centro de la acusación contra Oltra se sitúa la gestión de un «informe paralelo«. La Audiencia recuerda que la propia exconsellera admitió en sede parlamentaria haber ordenado un expediente administrativo para «asegurarse de la certeza del relato de la menor» cuando el caso ya estaba judicializado. Para el tribunal, esta maniobra no buscaba proteger a la niña, sino cuestionar su credibilidad y controlar el alcance de la denuncia desde dentro de la propia institución, lo que describe un retrato paradigmático de cómo se intentó tapar un escándalo de acoso desde las estructuras del poder.
EL ABISMO DE IÑIGO ERREJÓN: NUEVAS DENUNCIAS DE VIOLENCIA SEXUAL
Mientras el flanco valenciano se reabre, en Madrid el horizonte de Íñigo Errejón, exportavoz de Sumar y uno de los ideólogos fundamentales del espacio, se oscurece con nuevas denuncias. Tras el impacto inicial de las acusaciones de la actriz Elisa Mouliaá, una segunda mujer ha formalizado una denuncia contra el exdirigente por una presunta agresión sexual ocurrida en octubre de 2021.
El relato contenido en esta nueva denuncia describe un patrón de conducta alarmante que mezcla el control psicológico con la violencia física. Según la denunciante, el contacto con Errejón comenzó de forma digital y pronto derivó en una insistencia por parte del político para trasladar las comunicaciones a plataformas con borrado automático de mensajes, lo que la acusación interpreta como una voluntad deliberada de no dejar rastro. Lo que comenzó como una relación esporádica se transformó, según la víctima, en un escenario de celos extremos y comportamientos controladores.
El episodio central de la denuncia se sitúa en una fiesta y el posterior traslado al domicilio del exdiputado. La mujer describe situaciones de presión constante bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, donde Errejón habría ignorado reiteradamente las negativas de la víctima. El testimonio judicial detalla forcejeos físicos y agresiones sexuales con penetración realizadas, según el relato, de manera «sorpresiva y violenta» y mediante el uso de «intimidación directa y eficaz», incluyendo frases amenazantes para evitar que la mujer gritara o se resistiera.
Este caso ha tenido un impacto devastador en las bases de Sumar. La descripción de una relación marcada por la «obsesión de control» y la violencia sexual choca frontalmente con la retórica de las «nuevas masculinidades» y el respeto al consentimiento que Errejón defendió en sus intervenciones públicas. La denunciante, que ha solicitado la condición de testigo protegido por el trauma derivado de estos hechos, asegura que la relación finalizó solo cuando ella sufrió un ataque de pánico que la llevó a iniciar tratamiento psiquiátrico, momento en el que cortó todo contacto con el político.
YOLANDA DÍAZ ANTE LA JUSTICIA: EL CHOQUE CON JULIO IGLESIAS
El tercer vértice de esta crisis lo ocupa la propia Yolanda Díaz, figura máxima de Sumar. En este caso, la controversia no nace de una conducta personal, sino de sus afirmaciones públicas en el ejercicio de su cargo. El cantante Julio Iglesias ha interpuesto una demanda contra la vicepresidenta segunda tras las duras acusaciones que esta vertió contra él a través de las redes sociales y en medios de comunicación.
La polémica se originó cuando Díaz, haciéndose eco de unos testimonios de extrabajadoras del cantante que no habían sido admitidos a trámite por la Fiscalía por falta de competencia territorial, acusó a Iglesias de someter a sus empleadas a «abusos sexuales» y de mantenerlas en una «situación de esclavitud«. La ministra de Trabajo llegó a calificar los hechos de «escalofriantes» y afirmó que en las mansiones del artista se producía una «agresión permanente» y una vulneración sistemática de los derechos humanos.
La defensa del cantante, liderada por el abogado José Antonio Choclán, argumenta que Díaz ha incurrido en un «comportamiento injurioso y calumnioso» al emitir juicios de culpabilidad públicos contra una persona sobre la que no existe condena ni investigación abierta en España. El escrito de demanda exige una rectificación pública y una indemnización por el daño reputacional causado, denunciando que una alta autoridad del Estado ha promovido un «juicio paralelo» cargado de prejuicios.
Díaz, lejos de retractarse, ha optado por elevar el tono del enfrentamiento. En una respuesta reciente, la vicepresidenta ha reafirmado que no dejará de señalar a quienes ella considere que vulneran la integridad de las mujeres, asegurando que las demandas no la callarán. Este enfrentamiento judicial coloca a la líder de Sumar en una posición delicada: por un lado, intenta mantener el perfil de defensora a ultranza de los derechos laborales y feministas; por otro, se enfrenta a una posible condena por calumnias que podría erosionar su imagen institucional.
COALICIÓN EN LA ENCRUCIJADA
La coincidencia en el tiempo de estos tres casos supone un desafío existencial para Sumar. La coalición, que pretendía ser la alternativa ética y moderna, se ve asediada por el mismo tipo de escándalos que históricamente ha criticado en sus adversarios políticos. El caso de Mónica Oltra cuestiona la gestión de las instituciones de protección social bajo su mando; el caso de Íñigo Errejón dinamita la coherencia personal de sus cuadros dirigentes; y el caso de Yolanda Díaz pone a prueba los límites de la responsabilidad institucional en la comunicación política.
la Audiencia de Valencia reactiva la causa por el presunto encubrimiento de abusos a una menor, y los juzgados de instrucción en Madrid acumulan testimonios contra Errejón, la cúpula de Sumar se ve forzada a gestionar una crisis de confianza que va mucho más allá de lo electoral. La formación se encuentra ante el espejo de sus propias promesas, enfrentando la realidad de que el discurso feminista y de protección a los vulnerables requiere, ante todo, una gestión interna y externa libre de sospechas judiciales de esta gravedad.
El futuro de Sumar depende ahora de cómo logre desvincularse de estas figuras o de cómo estas logren defenderse en sede judicial. Sin embargo, el daño al relato fundacional parece difícil de reparar en el corto plazo. Con sus principales referentes bajo la lupa de la justicia por causas vinculadas a la libertad sexual y la integridad moral, la coalición de izquierdas enfrenta su prueba de fuego definitiva: demostrar si su proyecto político puede sobrevivir a la caída de sus propios mitos.
