EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Sumar ha advertido al PSOE en el Congreso que la única vía para sostener la legislatura es reactivar leyes sociales, de vivienda y de regeneración democrática.
- ¿Quién está detrás? Gerardo Pisarello (secretario primero de la Mesa del Congreso y coportavoz de los Comuns) y Alberto Ibáñez (portavoz adjunto de Sumar).
- ¿Qué impacto tiene? Eleva la presión sobre el Gobierno de coalición para acelerar una quincena de propuestas atascadas, desde la regulación del alquiler de temporada hasta la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Sumar ha pasado este lunes del susurro a la advertencia explícita. En una rueda de prensa en el Congreso, el socio minoritario del Gobierno ha urgido al PSOE a desbloquear un paquete de leyes que considera imprescindible para dar oxígeno a una legislatura que, a su juicio, se asfixia entre los casos judiciales y la parálisis parlamentaria. La consigna es clara: sin acción legislativa contundente, el bloque progresista pierde su razón de ser.
El coportavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, ha enunciado el núcleo de la presión: “Esta legislatura solamente puede subsistir si se aceleran las reformas sociales que la mayoría nos está exigiendo y si se aceleran las reformas de regeneración democrática que el PSOE debería haber implementado hace mucho tiempo y no lo ha hecho”. Una frase que sitúa la pelota en el tejado de Ferraz y de Moncloa.
Una batería de medidas que duermen en el cajón
Sumar ha detallado una lista concreta que pretende reactivar de inmediato en la Mesa del Congreso. Sobre la mesa hay desde la proposición de ley para regular el alquiler de temporada —destinada a cerrar el fraude que esquiva la ley de vivienda— hasta la eliminación de las cláusulas abusivas hipotecarias, pasando por una ley de embargo de armas a Israel y la recuperación de la jurisdicción internacional para perseguir crímenes de lesa humanidad.
Pero el plato fuerte es la exigencia de devolver al calendario legislativo medidas de regeneración democrática que llevan meses enquistadas. Pisarello ha mencionado la necesidad de impulsar reformas anticorrupción, actuar contra los sectores económicos que corrompen, frenar el tráfico de influencias y revisar el estatuto de los expresidentes. Una agenda que interpela directamente al discurso de “tolerancia cero” que el propio PSOE ha esgrimido ante los escándalos judiciales.
La vocalía de Sumar en la Mesa del Congreso será la palanca. Pedirán formalmente descongelar estas iniciativas, y confían en que el Grupo Parlamentario Socialista no se oponga si quiere mantener viva la coalición. “Vamos a seguir con la presión”, ha enfatizado Pisarello, que no descarta forzar debates incluso sin el acuerdo previo de los socialistas si llega el caso.
El PSOE, entre la urgencia y el equilibrio parlamentario
Fuentes socialistas consultadas por Moncloa.com admiten que existe sintonía con muchas de las medidas que reclama Sumar, pero piden realismo. El Ejecutivo maneja una mayoría frágil que no solo depende de los socios a la izquierda, sino también de Junts, ERC, PNV y EH Bildu. Con los posconvergentes, la negociación de un nuevo decreto de prórroga de alquileres —incluyendo sus demandas— “va lenta”, reconoció Alberto Ibáñez, portavoz adjunto de Sumar, que sabe que el nudo gordiano de la estabilidad está en Waterloo.
Sin embargo, el equipo de Pedro Sánchez no puede permitirse que el relato de la parálisis cuaje. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, lleva semanas subrayando que el Gobierno está “centrado en las cosas del comer” y que la actividad legislativa no se ha detenido. Pero Sumar lee otra cosa: la opinión pública asocia los escándalos a inacción, y solo los hechos legislativos pueden virar ese ruido. El diputado Ibáñez fue gráfico: “No podemos estar hablando de que hay fuerzas oscuras que quieren tambalear a este Gobierno y luego no hacer cosas para la gente”.
La credibilidad del proyecto progresista se medirá en las próximas semanas por los boletines oficiales, no por las comparecencias.
El Eje del Poder Socialista
La andanada de Sumar no es un rayo en cielo sereno. Es la cristalización de un malestar que recorre al ala más a la izquierda del bloque de investidura. Y aunque Ferraz intenta mantener el pulso sin estridencia, en privado admiten que el calendario judicial —el llamado lawfare político— se ha convertido en una losa que urge contrarrestar con gestión. La vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha repetido en los pasillos del Congreso que “gobernar es legislar”, y en esa línea se espera que el Gobierno active en las próximas semanas algunos de los decretos prometidos.
El aterrizaje territorial de esta tensión es inmediato. Las comunidades gobernadas por el PSOE —Cataluña con Salvador Illa, Castilla-La Mancha con Emiliano García-Page, aAsturias con Adrián Barbón o Navarra con María Chivite— verían reforzadas sus políticas de vivienda y regeneración si las leyes pendientes se desatascan. Page, por ejemplo, ya ha implantado rebajas fiscales para rentas medias que casan con el relato social, pero necesita que el paraguas normativo estatal le acompañe. Sin esas leyes, el discurso autonómico se queda a medio camino.
El riesgo inmediato para el PSOE es doble. Primero, que Sumar convierta la presión en una suerte de moción de confianza encubierta si percibe que Ferraz da largas; segundo, que la parálisis legislativa dé oxígeno a una oposición que, con Alberto Núñez Feijóo al frente, ya habla de legislatura agotada. En Ferraz son conscientes de que la próxima Junta de Portavoces —previsiblemente en la semana del 9 de junio— marcará la temperatura del otoño parlamentario. Y de que, como reza una vieja máxima socialista, el BOE es el mejor antídoto contra el ruido.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: “Gobernar es legislar: el PSOE responderá con hechos y calendario legislativo al ruido judicial”.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Reunión de la Junta de Portavoces del Congreso en la semana del 9 de junio para calificar las proposiciones de ley pendientes.
