La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registra la sede de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Madrid y la empresa Tubos Reunidos en Bilbao, por orden del juez Santiago Pedraz, del juzgado central de Instrrucción 5 dentro del conocido como Caso Leire.
Es una pieza que el juez todavía mantiene en secreto sobre las subvenciones concedidas por la SEPI a diferentes empresas. En esta pieza estarían investigados, además de la propia Leire Díez, Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán y el ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández.
El grupo habría mantenido varias reuniones donde, la Guardia Civil explica en su atestado, que «podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública».
Entre ellas se encontraría la concesión de un rescate otorgado por la SEPI a la empresa Tubos Reunidos por 112,8 millones de euros. Desde el grupo Hirurok que formaban los investigados se habrían realizado acciones de «intermediación» para que se otorgara esa ayuda, «percibiendo por ello un total de 114.950 euros a través de facturación, aparentemente mendaz, emitida por Mediaciones Martínez».
El sumario del caso ya mencionaba la celebración de un encuentro en noviembre de 2024 en el despacho de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, en la calle Ferraz, sede nacional del partido. En esa reunión participaron «el propio Santos, Leire y dos directivos de Tubos Reunidos». Después de aquella reunión Vicente Fernández «habría facturado 40.000 euros a Tubos Reunidos», continuaba el informe de la UCO de la Guardia Civil.
