El último atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el Caso Leire recoge que «entre los días 10 y 12 de diciembre de 2025, se llevaron a cabo una serie de actuaciones tuteladas por el, en ese momento. Juzgado Central de Instrucción núm. 6, enmarcadas en las Diligencias Previas 89/2025 y en donde se recabaron numerosas evidencias en el marco de las entradas y registros vinculadas a las personas de Leire Díez Castro, Vicente Cecilio Fernández Guerrero y Joseba Antxón Alonso Egurrola . Dicho procedimiento acabó conformando finalmente las presentes diligencias previas».
Pero advierte que «más allá de derivar en la identificación de nuevos elementos relacionados con los hechos que ya estaban siendo objeto de investigación, el análisis derivado revelaría el desarrollo de otra actividad criminal cuyo inicio se fecha en 2024, que tendría como objetivo principal la protección de los intereses afectados por diversas causas judiciales que, directa o indirectamente, presentaban afectación a miembros del PSOE o el Gobierno. Todo mediante actos de aparente naturaleza delictiva que buscaban desestabilizar estos procedimientos judiciales».
Las investigaciones de los guardias civiles determinaron que había «hechos en los que participarían también otras personas como son Santos Cerdán León, Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, Javier Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano Quintana, Jacobo Teijelo Casanova o Ismael Oliver Romero. Adicionalmente, valiéndose también de otros colaboradores como Leticia De La Hoz Calvo«.
Además, «estas líneas se traducirían en diferentes actuaciones tales como promesas, ofrecimientos, compensaciones o influencias sobre terceros a cambio de información sensible u otras acciones enfocadas en el directo entorpecimiento de los procedimientos penales».
El atestado, destaca que «aquellas que además supondrían la posible responsabilidad penal de esas personas contactadas por la organización como es el caso de Juan Sánchez Yepes. Dicha actividad se habría desarrollado bajo el soporte del PSOE, mediante la
puesta a disposición a través de Santos Cerdán de infraestructuras y soporte económico para sufragar las actuaciones y dar cobertura logística a las acciones de este grupo de personas».
Es por esto, siguen los investigadores, que «dos empleadas del partido, Covadonga San Pedro Pascual y Celia Rodríguez Alonso serían las encargadas de gestionar algunas de las necesidades surgidas en cuanto a transportes, desplazamientos o gastos».
Sigue la UCO explicando que «por otra parte, la cobertura económica iría más allá, valiéndose de terceras personas físicas y jurídicas para hacer llegar a los miembros de la organización las cuantías previstas a cambio de las tareas desempeñadas.
El hallazgo de esta operativa dio lugar a la emisión del «Informe sobre hechos de aparente naturaleza delictiva», emitido por esta Unidad el 26.05.2026 (diligencias policiales núm. 89/2026). Con base en este y a los efectos de avanzar en el esclarecimiento de estos hechos, ese mismo día, mediante oficio con número 3576/2026, se solicitó una serie de medidas urgentes de, entre otras, entradas y registros y requerimientos judiciales de información».
Los agentes refieren que, a modo de conclusión inicial, «por todo lo anteriormente expuesto, los Instructores de las presentes diligencias policiales, tenidos en cuenta los indicios probatorios obtenidos y el desarrollo de los hechos; acuerdan dar exacto cumplimiento a lo prevenido por el arts.13, 282 y 492.4 de la LECrim sobre los presuntos partícipes en los supuestos hechos delictivos narrados; adoptando todas las medidas de actuación oportunas, así como la práctica de las diligencias necesarias al
efecto que se detallan en el presente atestado».
