El presidente del Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM), Fernando Santiago Ollero, ha reclamado una colaboración más estrecha con la Policía Nacional para unificar los criterios aplicados en los expedientes de extranjería, en vísperas del I Congrego de Extranjería que se celebrará el próximo 9 de julio en Madrid.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué reclaman? Los gestores administrativos piden más cooperación con la Policía Nacional y el resto de administraciones para que un mismo expediente no obtenga resultados distintos según la provincia.
- ¿Dónde y cuándo? La reivindicación se enmarca en el I Congreso de Extranjería de ICOGAM, que se inaugura el 9 de julio en Madrid con la participación de los principales actores institucionales.
- ¿Por qué ahora? Apenas unos meses después de la entrada en vigor del nuevo Reglamento, el colectivo profesional alerta de que la falta de uniformidad lastra la seguridad jurídica.
Una brecha entre la norma y la práctica administrativa
Fernando Santiago Ollero (presidente de ICOGAM) ha explicado, en una entrevista con Confilegal, que el verdadero obstáculo del sistema no es la escasez de reformas, sino que un mismo expediente de extranjería puede tener resultados diferentes según la provincia en la que se tramite. A su juicio, la reciente reforma del Reglamento de Extranjería ha ampliado las vías de regularización, pero los profesionales necesitan «criterios interpretativos homogéneos, instrucciones claras y una aplicación uniforme en todo el territorio nacional».
El presidente de los gestores madrileños ha subrayado que toda reforma genera incertidumbre cuando pasa del Boletín Oficial del Estado a la práctica administrativa. La falta de coordinación entre ministerios, la Policía Nacional, oficinas de extranjería, consulados y registros civiles perjudica al ciudadano y aumenta la litigiosidad. Por eso, el I Congreso de Extranjería de ICOGAM reunirá a quienes elaboran la norma, a quienes la ejecutan y a quienes la interpretan.
Un foro para tender puentes con la Policía Nacional
El congreso, que arranca en Madrid el 9 de julio, contará con tres magistrados del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, la Secretaría de Estado de Migraciones y la Fiscalía General del Estado, entre otros. Santiago Ollero ha destacado que el encuentro reproduce el itinerario completo de un expediente migratorio: desde la Constitución hasta la integración laboral, pasando por el papel de la Policía Nacional en la tramitación.
«La verdadera modernización de las profesiones jurídicas pasa por que las administraciones confíen en los colaboradores sociales», ha afirmado el presidente de ICOGAM, que defiende que los gestores administrativos pueden ayudar a la Administración sin sustituirla. Un expediente correctamente preparado desde el inicio reduce requerimientos y permite a la Policía Nacional centrar sus recursos donde más valor aportan, ha argumentado.
Santiago Ollero insiste en que la coordinación no es una cuestión burocrática: cada retraso administrativo puede significar una oportunidad laboral perdida para una persona migrante.
El contexto institucional
La reivindicación de los gestores administrativos llega en un momento en que el Ministerio del Interior ha redoblado los esfuerzos de digitalización de los trámites de extranjería. Fuentes del sector estiman que más del 80% de los expedientes ya se gestionan electrónicamente, aunque la homogeneidad de criterios sigue siendo la asignatura pendiente. La participación de la Policía Nacional en el congreso de ICOGAM demuestra la voluntad de escucha de las Fuerzas de Seguridad y su compromiso con un sistema migratorio más ágil.
Precisamente, la presencia de los máximos responsables institucionales en un mismo foro permitirá abordar los cuellos de botella que a menudo se producen cuando un expediente salta de un organismo a otro. La colaboración público-privada que propone el ICOGAM —ya consolidada en ámbitos como Hacienda o la Seguridad Social— podría aliviar la carga de trabajo de las oficinas de extranjería y acortar los plazos de resolución, al tiempo que garantiza la seguridad jurídica que reclaman empresas y trabajadores migrantes.
El congreso se presenta, en definitiva, como un espacio para que la Policía Nacional, las administraciones y los colaboradores sociales definan procedimientos homogéneos que refuercen la previsibilidad del sistema. Sin ese salto cualitativo, los avances normativos corren el riesgo de quedar desdibujados por una maraña de criterios provinciales contradictorios.
