El Gobierno de Canarias no renunciará a los 320 millones de euros que reclama al Estado, según anunció ayer el portavoz Alfonso Cabello.
Los 320 millones que Canarias no piensa soltar
El portavoz Cabello fue contundente tras el Consejo de Gobierno: «No renunciamos a ni un solo euro». Las diferencias entre el Ejecutivo autonómico y el central en materia de financiación se arrastran desde hace años, y los 320 millones son solo la punta del iceberg de una negociación más amplia. La reclamación de 320 millones de euros agrupa partidas del llamado ‘decreto Canarias’ y otros conceptos que el Ejecutivo regional considera pendientes de abono por parte del Estado.
La cifra incluye los 23 millones de euros acordados la pasada semana entre el presidente Fernando Clavijo y el ministro Ángel Víctor Torres para compensar la inflación generada por la guerra en Oriente Medio. El resto son importes que, según los cálculos del Gobierno canario, aún no se han satisfecho en su totalidad o que están en fase de negociación directa entre las distintas consejerías y los ministerios.
Otro frente abierto es la cogestión de los aeropuertos. Canarias ha logrado que el Gobierno central considere razonable incluir las tasas aeroportuarias y las inversiones en un eventual acuerdo, yendo más allá del pacto alcanzado con el País Vasco. Tras la última reunión bilateral, Madrid ha pedido a Canarias que formule propuestas concretas, con la previsión de celebrar un nuevo encuentro antes de que termine julio.
Los presupuestos de 2027 arrancan con reglas fiscales de hierro
En paralelo, el Consejo de Gobierno aprobó ayer las directrices para elaborar los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2027. La consejera de Hacienda, Matilde Asián, activó así la maquinaria presupuestaria en un contexto que el portavoz definió como «relativamente complejo» por la falta de información del Gobierno central.
El objetivo es que el proyecto de ley presupuestaria entre en el Parlamento de Canarias el próximo 31 de octubre. Sin embargo, la incertidumbre sobre los Presupuestos Generales del Estado y la falta de modificación de las reglas fiscales lastran la planificación autonómica. Cabello denunció que se aplica la ley de estabilidad presupuestaria «en su versión más estricta», lo que obliga a las comunidades a cuadrar cuentas sin conocer los recursos que recibirán del Estado.
Canarias peleará por cada euro mientras dure la legislatura, pero la falta de presupuestos estatales convierte la reclamación en un pulso político tan incierto como inevitable.
El Pulso Territorial
El Gobierno de Fernando Clavijo, sostenido por una coalición que incluye a Coalición Canaria, el PP, ASG y AHI, afronta el último año de la legislatura con la necesidad de cerrar acuerdos con el Estado que legitimen su gestión ante las urnas de 2027. La reclamación de los 320 millones no es nueva: en los últimos años, la financiación autonómica canaria ha sido un caballo de batalla recurrente, especialmente en lo relativo al Régimen Económico y Fiscal (REF) y a las compensaciones por los sobrecostes derivados de la lejanía.
En el mapa autonómico, Canarias no es la única comunidad que reclama deudas al Estado. Otras regiones como Baleares o Murcia también arrastran litigios financieros, pero el archipiélago basa su ofensiva en el Estatuto de Autonomía y en la especificidad de su situación geográfica. La comparación con el acuerdo de cogestión aeroportuaria del País Vasco muestra que el Gobierno central está dispuesto a conceder mayor participación en las infraestructuras estratégicas, aunque cada caso es diferente.
Lo que viene ahora es una doble carrera: la negociación de los 320 millones antes de que decaiga la legislatura y la tramitación de las cuentas de 2027, que deberán sortear la oposición del resto de grupos parlamentarios en la Cámara regional. El calendario es apretado y la incertidumbre presupuestaria no ayuda, pero el Ejecutivo canario ha dejado claro que no bajará los brazos. El 31 de octubre será la primera fecha clave.
Ficha Autonómica
- El caso: El Gobierno de Canarias mantiene su exigencia al Estado de 320 millones de euros en conceptos pendientes, al tiempo que inicia la preparación de los presupuestos autonómicos de 2027.
- Datos importantes: 320 millones reclamados, de los cuales 23 millones ya han sido acordados para compensar la inflación. Las directrices presupuestarias fueron aprobadas ayer y el proyecto debe entrar en el Parlamento el 31 de octubre.
- Resumen: Canarias no renuncia a ningún euro y negocia directamente con los ministerios. La incertidumbre de los Presupuestos Generales del Estado lastra la elaboración de las cuentas regionales, que se presentarán en otoño.
