EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? María José Catalá ha declarado como testigo que la Generalitat no le informó del envío del ES-Alert y que no hubo contacto político durante las horas críticas.
- ¿Quién está detrás? La alcaldesa de Valencia (PP), citada por la juez de Catarroja que investiga las responsabilidades por la DANA.
- ¿Qué impacto tiene? Su testimonio refuerza la imagen de una coordinación fallida entre administraciones y apunta al retraso del aviso masivo como causa de más víctimas.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha declarado este viernes en el juzgado de Catarroja que la Generalitat no le informó de la emisión del ES-Alert el 29 de octubre de 2024, día de la DANA, hasta bien entrada la noche. Lo ha hecho en calidad de testigo, después de que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra descartara indicios de responsabilidad penal en los ayuntamientos. Sin embargo, su relato ha dejado al descubierto la desconexión política absoluta durante las horas más trágicas de la riada.
La incomunicación política en las horas críticas de la DANA
Catalá ha confirmado que el Ayuntamiento de Valencia activó el Cecopal, la reunión municipal de emergencias equivalente al Cecopi autonómico, pero ha subrayado que, a pesar de ello, no hubo contacto político alguno con la Generalitat a lo largo de la jornada. Ni con el entonces president, Carlos Mazón, ni con la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ni con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. El primer mensaje con Mazón fue un WhatsApp a las 23.13 horas. “Esto es horrible”, le escribió el president. No hablaron por teléfono hasta las 2.30 de la madrugada.
Según fuentes presentes en la declaración, la alcaldesa explicó que el enlace entre el Cecopal de Valencia y el Cecopi del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat se producía “a nivel técnico”, nunca político. Por eso, nadie le informó de que en el Cecopi se estaba discutiendo la posibilidad de enviar un ES-Alert, la alerta masiva a móviles que, según la juez, llegó con un retraso que aumentó el número de víctimas.
La propia Catalá situó el momento en que fue consciente de las inundaciones a las 20.13 horas, cuando el alcalde de La Torre le llamó para decirle que la pedanía estaba inundada. Ocurrió apenas dos minutos después del lanzamiento del aviso masivo. Hasta ese instante, nadie de la Generalitat le había comunicado la dimensión de la emergencia. La desconexión política fue total.
Ni una llamada, ni un aviso. La alcaldesa de Valencia se enteró de la catástrofe por un alcalde de barrio.
El rescate con lanchas y la alerta que llegó tarde
Las consecuencias de ese vacío informativo se hicieron sentir en las pedanías del sur de la ciudad, donde la DANA acabó con la vida de 17 personas. Catalá ha relatado que los bomberos no pudieron acceder a La Torre por sus propios medios y tuvieron que recurrir a lanchas del Club Náutico de Valencia para realizar rescates. Aun así, se llevaron a cabo miles de salvamentos, según su testimonio. Las imágenes de los vecinos subidos a los tejados esperando ayuda que no llegaba a tiempo siguen siendo el recuerdo más amargo de aquella noche.
La alcaldesa ha insistido en que la Generalitat no le facilitó información sobre el ES-Alert y que el Ayuntamiento se manejó con los datos técnicos que le llegaban del Cecopi, pero sin interlocución política. Un escenario que, visto ahora, plantea serias dudas sobre la coordinación de las administraciones implicadas.
El Escenario Valenciano
La declaración de Catalá no es solo un capítulo más en la instrucción de la DANA; es un relato que alimenta la crisis política que arrastra a la Generalitat desde octubre de 2024. La juez mantiene imputados a Salomé Pradas y a su entonces número dos, Emilio Argüeso, por el retraso en la emisión del aviso a la ciudadanía, y el testimonio de la alcaldesa de Valencia, compañera de filas de Mazón, evidencia que la cadena de mando autonómica no conectó con el principal ayuntamiento de la provincia. A nivel nacional, no es solo un problema del PP valenciano: el funcionamiento del ES-Alert, un sistema gestionado por la Administración General del Estado, queda bajo sospecha cuando la comunidad autónoma no lo activa con la premura necesaria. El Gobierno central defiende que emitir la alerta es competencia de la Generalitat, pero la investigación judicial promete señalar responsabilidades sin excusas competenciales.
En las Corts Valencianes, la oposición ha utilizado las comparecencias de los cargos investigados para cargar contra el president Mazón, que en 2024 rechazó dimitir. Ahora, las palabras de Catalá corroboran que en la cadena de mando se perdió la información vital: ni la vicealcaldesa, ni la delegada, ni el president llamaron a Valencia capital hasta que ya era tarde. La pregunta política, mientras avanza la instrucción, es si esta desconexión institucional, que ya ha costado 230 vidas en la provincia, tendrá finalmente traducción penal para el escalón autonómico o si, como en otros episodios, la responsabilidad se diluirá en siglas y trincheras políticas.
Ficha del Caso
- El caso: María José Catalá declaró como testigo en el juzgado de Catarroja que la Generalitat no la avisó del ES-Alert durante la DANA y que los bomberos usaron lanchas del Club Náutico para rescatar vecinos en La Torre.
- Datos importantes: 230 muertos en la provincia de Valencia, 17 en pedanías de la capital. Primer contacto de Catalá con Mazón mediante WhatsApp a las 23.13 del 29-O. ES-Alert enviado a las 20.11 horas.
- Resumen: La alcaldesa de Valencia refuerza con su testimonio la tesis de la juez sobre el retraso fatal en la activación de la alerta masiva y la ausencia de coordinación política entre administraciones.
