EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Agencia Valenciana Antifraude ha resuelto que el Ayuntamiento adjudicó un contrato de 153.430 euros para tablets y sistemas embarcados de bomberos con pliegos calcados de una propuesta comercial previa y un sobrecoste de casi 15.000 euros.
- ¿Quién está detrás? La adjudicataria Aprolis Iberia (antes Alfaland), que fue la única licitadora, obtuvo información privilegiada y firmó una declaración falsa de ausencia de conflicto de intereses.
- ¿Qué impacto tiene? Antifraude recomienda anular el beneficio económico de la empresa y que el Ayuntamiento ponga en marcha los mecanismos de control ético que lleva años sin activar.
La Agencia Valenciana Antifraude ha constatado que el Ayuntamiento de Valencia adjudicó un contrato de 153.430 euros para sistemas informáticos del servicio de bomberos con pliegos copiados de una propuesta comercial previa y un sobrecoste de casi 15.000 euros.
Un contrato a medida y un precio hinchado en el servicio de Bomberos
La resolución, emitida por el organismo que dirige Eduardo Beut, detalla que la empresa Aprolis Iberia (antes Alfaland) remitió al consistorio una propuesta comercial en 2022, meses antes de que se redactaran los pliegos. Las especificaciones técnicas del concurso, que se publicó finalmente en 2023, coincidían punto por punto con aquella oferta. La firma, además, negoció con el fabricante Zebra Technologies un precio cerrado, con el compromiso de «inflar ligeramente» el importe, según conversaciones recogidas en el expediente.
El contrato ascendió a 153.430 euros, pero la agencia ha calculado que el coste de mercado era unos 15.000 euros inferior. La empresa fue la única que concurrió. La documentación de Antifraude revela que un funcionario municipal mantuvo contactos con la adjudicataria desde 2022, pero el Ayuntamiento no verificó la declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) firmada por la mercantil, en la que negaba haber participado en la preparación. Una mentira, a juicio de la agencia.
El Ayuntamiento no activó sus propios mecanismos de control
El Ayuntamiento de València dispone desde 2023 de un Plan de Medidas Antifraude y un Comité Ético de Contratación que, sin embargo, nunca se han puesto en marcha. Antifraude ya había reclamado al gobierno de María José Catalá que los activara, y en esta resolución insiste: la falta de controles permitió que un contrato se adjudicara a la empresa que, según todos los indicios, redactó de facto los pliegos.
El contrato fue adjudicado a Aprolis Iberia, la única empresa que se presentó.
La Agencia ha resuelto que el contrato fue diseñado para una sola empresa, que conocía de antemano lo que el Ayuntamiento iba a licitar.
Las conversaciones telefónicas aportadas muestran a responsables de la empresa diciendo «tú le pasas la información al Ayuntamiento o a los bomberos de lo que tienen que sacar» y «ya estamos hablando con el fabricante (…) tenemos el precio protegido». La agencia ve en estos hechos «prácticas potencialmente fraudulentas» o «banderas rojas» de la contratación pública.
Antifraude también apunta a un pacto de precios entre fabricante y distribuidor y recomienda anular el beneficio empresarial, de modo que solo se abone el coste de los dispositivos ya entregados. La Fiscalía archivó la vía penal en 2024, pero la agencia puede investigar irregularidades administrativas.
El Escenario Valenciano
El hallazgo pone contra las cuerdas al equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de València, que ha defendido su colaboración con Antifraude pero no ha activado el plan ético. Juan Carlos Caballero, concejal de Bomberos, ha facilitado la información, según fuentes municipales, pero la agencia señala que los informes técnicos no justificaron las limitaciones de los pliegos. La oposición municipal, con PSPV y Compromís, ya ha pedido explicaciones. A nivel nacional, los casos de contratación opaca en ayuntamientos del PP pueden erosionar la confianza ciudadana, justo cuando el partido de Alberto Núñez Feijóo aspira a consolidar su gestión autonómica. La resolución obliga al consistorio a remitir un informe de medidas correctoras, un cronograma de implantación y un análisis de los fallos del plan antifraude. El reloj corre.
La Agencia Valenciana Antifraude, creada en 2017, es un organismo independiente que supervisa la integridad institucional en la Comunitat. Su director, Eduardo Beut, ha reiterado que sin controles preventivos los contratos a medida pueden repetirse.
Ficha del Caso
- El caso: Contrato de 153.430 euros del servicio de Bomberos de Valencia para tablets y sistemas embarcados; las especificaciones se copiaron de una propuesta previa de la empresa ganadora, que además infló el precio y mintió sobre su falta de conflicto de intereses.
- Datos importantes: Resolución de la Agencia Valenciana Antifraude; pliegos a medida detectados; recomendación de anular el beneficio; plan antifraude municipal sin activar desde 2023.
- Resumen: Antifraude urgió al Ayuntamiento a reforzar los controles de contratación para evitar que un proveedor redacte los pliegos del servicio que luego se adjudica.
