El Pla de Pobles, fruto del pacto presupuestario entre PSC y ERC, arranca con 400 millones de euros para los municipios rurales catalanes y un calendario que condiciona toda su ejecución.
La presentación oficial este sábado, con el president Illa y seis consellers desplazados a la II Trobada de Municipis Rurals en Vergós de Cervera, escenifica la urgencia de un Govern que necesita reconciliarse con el territorio tras meses de tensiones en las comarcas. El plan llega como una de las condiciones que ERC impuso para dar sus votos a los presupuestos de 2026.
¿Qué contiene el Pla de Pobles y quién puede beneficiarse?
Con una inversión total de 400 millones de euros en cuatro años —100 millones por ejercicio—, el Pla de Pobles se estructura en cuatro capas de intervención: rehabilitación de núcleos urbanos, patrimonio histórico, regeneración de viviendas y polígonos de actividad económica. Está previsto que cada año se ejecuten entre 80 y 100 proyectos y, según las bases que la Generalitat publicará este mes de julio, los municipios se clasifican en cuatro categorías por población.
Los más pequeños, con menos de 500 habitantes, recibirán hasta 500.000 euros; los de entre 500 y 2.000, un millón; los de entre 2.000 y 5.000, dos millones; y las capitales de comarca de menos de 15.000, seis millones. La Generalitat financia al 100% los proyectos de las dos primeras categorías y, para el resto, solo exige un 2% de cofinanciación.
El plan nace de la constatación de que los ayuntamientos con menos recursos han tenido históricamente muchas más dificultades para optar a las convocatorias: limitación presupuestaria, falta de personal técnico, alta carga administrativa y urbanística, y la la escasa capacidad de cofinanciar los proyectos.
El president Illa y hasta seis consellers se dieron cita este sábado en la II Trobada de Municipis Rurals, en Vergós de Cervera, ante más de 200 alcaldes y alcaldesas. Allí remarcaron que ocho de cada diez municipios catalanes tienen menos de 5.000 habitantes —de estos, 590 son oficialmente declarados rurales— y que el Govern quiere «ayudar a los jóvenes a volver a su pueblo», aunque sin «decirle a los ayuntamientos lo que tienen que hacer».
El Pla de Pobles no es una simple línea presupuestaria; es la primera gran apuesta del Govern Illa por reconstruir los puentes con la Cataluña que se siente olvidada.
El calendario que todo lo condiciona
Las bases de la convocatoria estarán listas este mismo mes de julio, según confirmó el conseller de Presidència, Albert Dalmau. El gasto plurianual se aprobará en los próximos meses para que en octubre de 2026 se publiquen las convocatorias. Los municipios tendrán hasta marzo de 2027 para presentar alegaciones, y la resolución definitiva está prevista para abril de 2027, justo un mes antes de las elecciones municipales.
La lectura política: ERC se rearma para las municipales; Illa suma equilibrio territorial
Tanto para ERC como para el PSC, el Pla de Pobles es una pieza electoral de primer orden. Para los republicanos, que forzaron su inclusión en los presupuestos, supone un argumento de peso ante los alcaldes rurales: su voto en el Parlament se traduce en inversiones reales en sus municipios. Para el Govern de Illa, supone incorporar al relato una política de equilibrio territorial que contrarresta las críticas habituales de abandono del interior.
No obstante, la coincidencia del calendario de resolución con la precampaña municipal genera suspicacias. La Generalitat insiste en que los criterios serán estrictamente técnicos, pero la oposición ya apunta que se trata de una estrategia clientelar. El precedente del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya), que también repartía fondos antes de elecciones, está fresco en la memoria. El riesgo para el Govern es que la percepción de electoralismo opaque la legitimidad de una iniciativa que, sobre el papel, es una demanda histórica del municipalismo catalán.
En el entorno de la negociación, fuentes de los dos partidos admiten que el Pla de Pobles es ‘la única forma de romper la infrafinanciación endémica’, pero también reconocen que el ritmo de ejecución será clave para no defraudar las expectativas generadas entre los 729 municipios de menos de 5.000 habitantes que son su público objetivo.
