Jorge Vázquez ha presentado este lunes su dimisión como director general de Andalucía Global, empresa pública dependiente de la Junta de Andalucía, después de que su nombre apareciera en un chat de la trama de blanqueo de capitales que investiga la UDEF en El Puerto de Santa María (Cádiz).
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El director general de Andalucía Global, Jorge Vázquez, ha dimitido tras ser vinculado a la investigación por blanqueo de capitales en Cádiz.
- ¿Dónde y quién? La operación de la Guardia Civil en El Puerto de Santa María y otras localidades ha llevado a once detenidos y registros en dependencias de la Diputación de Cádiz.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? La investigación revela un presunto desvío de fondos públicos a través de patrocinios de festivales y afecta a la credibilidad de las instituciones andaluzas que financiaban dichos eventos.
La renuncia de un alto cargo y la operación de la UDEF
La dimisión se produce justo una semana después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de El Puerto de Santa María enviara a prisión a dos de los once detenidos en una macro operación contra el blanqueo. Según fuentes judiciales, los agentes intervinieron conversaciones en las que se mencionaba a un tal “Gordo”, un alto cargo de la Junta al que, según los chats, le gustaba recibir “regalitos todo el año”. Un testigo ha declarado ante el juez que ese apodo podría corresponder a Jorge Vázquez, quien fuera delegado de Cultura en Cádiz antes de asumir la dirección de Andalucía Global.
Vázquez ha asegurado que da este paso “con el único objetivo de no perjudicar a la institución que hasta la fecha he representado” y ha mostrado su “plena confianza en que los hechos quedarán esclarecidos”. Andalucía Global, adscrita a la Consejería de Turismo y Acción Exterior, gestiona la promoción internacional de la región y la atracción de inversiones, y la dimisión de su máximo responsable abre ahora un proceso para nombrar a un sustituto.
El blanqueo a través de patrocinios de festivales
La investigación sitúa a dos empresarios como cabecillas de la trama: el portuense Pascual Llopis y el sevillano Mario García, ambos en prisión preventiva. Según el sumario, Mario García habría liderado una organización dedicada al tráfico de drogas y utilizaba a Llopis como testaferro para blanquear beneficios mediante contratos de patrocinio de conciertos y del Festival Puro Latino, cuyos eventos recibían financiación de la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz, ambas gobernadas por el PP.
Los registros practicados la semana pasada en El Puerto de Santa María, la provincia de Sevilla y en la propia Diputación de Cádiz permitieron incautar 1.166.000 euros en efectivo en el domicilio de Llopis —455.000 de ellos envasados al vacío— y otros 572.000 euros en el de García. Un volumen de dinero que, según los investigadores, evidencia la envergadura de la presunta organización criminal.
Los investigadores sospechan que el dinero del narco se blanqueó a través de contratos de patrocinio con administraciones gobernadas por el PP, un esquema que salpica ahora a una empresa pública clave para la promoción económica de Andalucía.
En una de las conversaciones intervenidas, Mario García escribe: “Primero hay que usar siempre a Germán [Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María y vicepresidente cuarto de la Diputación de Cádiz] y al PP”. Días antes, el mismo empresario había intentado averiguar si se le había ofrecido o dado “algo” a Gordo, y añade: “Yo es que para eso soy muy generoso”, antes de sugerir una mordida del 10% y “regalitos todo el año”. Otro implicado propone regalarle un jamón con “tres o cinco mil euros” dentro.
La Lectura Andaluza
La cadena de escándalos que rodea a administraciones gobernadas por el PP —la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz— llega en un momento en el que la comunidad ya arrastra el desgaste político de otros procesos judiciales en curso. Con todo, esta investigación añade un elemento especialmente delicado: la presunta utilización de dinero público para blanquear capitales del narcotráfico a través de festivales que, en teoría, servían para dinamizar la economía local.
Para los andaluces, la noticia tiene un valor de proximidad incuestionable. Los patrocinios de la Junta se financian con los impuestos de los ciudadanos, y la sospecha de que ese dinero haya podido acabar en manos de redes criminales daña la confianza en las instituciones. Además, la trama se ha cebado con El Puerto de Santa María y su entorno, una de las zonas con mayor presión del narcotráfico en el Campo de Gibraltar, donde el paro juvenil supera el 40% y las administraciones necesitan más que nunca demostrar integridad.
La dimisión de Jorge Vázquez es, en cualquier caso, un gesto de responsabilidad individual que no exime de las preguntas colectivas que quedan en el aire. El juzgado deberá ahora determinar si existió connivencia de altos cargos y en qué medida los contratos de patrocinio se utilizaron como vía de blanqueo. Mientras, el Parlamento de Andalucía puede verse obligado a dar explicaciones. De lo que ocurra en las próximas semanas dependerá en buena medida la credibilidad de las instituciones andaluzas a ojos de los ciudadanos.
