EN 30 SEGUNDOS
- ¿A quién afecta? Conductores sancionados en cualquier ZBE de Madrid, no solo en Distrito Centro o Plaza Elíptica. Los juzgados extienden la nulidad a todas las calles afectadas.
- ¿Cuándo ocurre? La Sección Segunda concede 20 días al Ayuntamiento para alegar, tras los que se activará la ejecución forzosa.
- ¿Qué cambia hoy? La Justicia apremia al consistorio a anular las multas y devolver lo cobrado. Los embargos en curso deben paralizarse.
El Ayuntamiento de Madrid tiene 20 días para alegar contra la ejecución forzosa de la nulidad de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). La Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo ha abierto una pieza separada a instancias de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que reclama la paralización inmediata de los cobros y embargos que la Agencia Tributaria madrileña sigue aplicando por multas que ya están anuladas.
Qué exige AEA y qué plazo tiene el Ayuntamiento
La petición de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) no se limita a tumbar las sanciones. Según la información publicada por La Razón, el presidente Mario Arnaldo califica de “administración tramposa” al equipo de José Luis Martínez‑Almeida y exige “la paralización inmediata de todos los expedientes y la devolución del dinero recaudado de forma indebida”.
El juzgado ha concedido un plazo improrrogable de 20 días al Ayuntamiento y al resto de partes para presentar alegaciones. Sin embargo, la decisión llega después de que el Tribunal Supremo rechazara el recurso de casación municipal en marzo de 2025, lo que dejó firme la nulidad de las ZBE. Con esta pieza separada, la Sección Segunda activa la ejecución forzosa y abre la puerta a un aluvión de reclamaciones individuales si el consistorio no acata el fallo.
Los 3,5 millones de multas que la Justicia anula de raíz
La cifra que maneja AEA es demoledora: más de 3,5 millones de expedientes sancionadores por un valor estimado de 700 millones de euros. No se trata solo de Madrid Distrito Centro ni de Plaza Elíptica. El Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo nº 15, en línea con los juzgados 34 y 29, ha ordenado anular absolutamente todas las multas de 200 euros impuestas en cualquier calle afectada por las ZBE de la capital.
El Ayuntamiento, sin embargo, pretendía limitar el impacto exclusivamente a las zonas de especial protección. Pero los tribunales consideran que la nulidad es total. Un varapalo que alcanza también a las sanciones que la Agencia Tributaria de Madrid ya está cobrando o embargando.
El Ayuntamiento mantiene el cobro de multas anuladas por el Supremo mientras la justicia le exige ahora que las devuelva.
De hecho, AEA solicitó la apertura de esta pieza separada precisamente para evitar lo que describen como “un insoportable peregrinaje de recursos judiciales”. Sin la ejecución forzosa, cada conductor tendría que pleitear de forma individual, con el riesgo de que muchos desistieran por el coste.
El precedente de Madrid Central y por qué Almeida se resiste
No es la primera vez que el consistorio madrileño se topa con la justicia por una zona de bajas emisiones. Madrid Central, la antecesora de la actual ZBE, fue anulada en 2020 por el mismo tribunal por un defecto de forma. Entonces, el gobierno de Almeida apostó por aprobar una nueva ordenanza en lugar de devolver las multas, una estrategia que ahora parece repetirse, aunque con un matiz: aquella anulación no contaba con el respaldo del Supremo.
El número de sanciones afectadas, sin embargo, es hoy mucho mayor: los 3,5 millones de expedientes multiplican por varias veces los que estuvieron en juego entonces. A eso se suma la doctrina unificada de los juzgados de Madrid, que no deja resquicio para interpretaciones parciales. En esta redacción observamos que el Ayuntamiento se expone a un rosario de ejecuciones singulares si no acata el fallo de raíz, lo que añadiría costas e intereses a los 700 millones ya en el aire.
Cosas de la burocracia. Mientras el área de Movilidad estudia sus próximos pasos, los conductores que ya han pagado sus multas se preguntan cuándo recuperarán su dinero. La pelota está en el tejado de Almeida. Con 20 días para alegar, podría prolongar el litigio, pero la imagen de administración tramposa que denuncian los automovilistas socava cualquier estrategia. La próxima pieza del puzle se verá en agosto, cuando venza el plazo y los tribunales decidan si activan la maquinaria de devolución.
