El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha solicitado este lunes al Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE, reunido en Bruselas, que prohíba por completo el comercio de productos procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania y Gaza. La petición se ampara en la opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de 2024, que califica de ilegales estas actividades comerciales.
“España hace ya mucho tiempo que ha prohibido su importación a nivel nacional, y la Unión Europea tiene que hacerlo”, declaró Albares a su llegada a la reunión. El ministro recordó que el TIJ, el máximo órgano judicial de Naciones Unidas, dictaminó que el comercio con esos territorios ocupados es contrario al derecho internacional.
La base jurídica: la opinión del TIJ y el veto español
La Corte Internacional de Justicia emitió en julio de 2024 una opinión consultiva —un dictamen no vinculante pero con gran peso jurídico— que declaraba ilegales los asentamientos israelíes. El tribunal subrayó que cualquier transacción comercial con ellos vulnera las normas internacionales. España, por su parte, adoptó en 2022 una medida unilateral para vetar la entrada de esos bienes, una decisión que ahora quiere que se extienda a todo el bloque comunitario.
La petición de Albares llega en un momento de creciente debate en Europa sobre las relaciones comerciales con Israel. Varios socios europeos, como Bélgica o Irlanda, también han abogado por una postura más firme, aunque hasta ahora no se ha adoptado una prohibición generalizada. La solicitud española intenta transformar el consenso político en una medida concreta que limite la viabilidad económica de los enclaves.
La agenda del Consejo: Ucrania y el grupo de donantes para Palestina
Además de la cuestión palestina, los ministros europeos abordaron la guerra en Ucrania con la participación del titular ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha. Éste expuso las necesidades energéticas de cara al invierno: los ataques rusos destruyeron cerca del 70% de la capacidad eléctrica del país en 2025, según los datos facilitados. España ya ha enviado generadores y equipos de alta tensión, además de colaborar en un proyecto de cogeneración en la ciudad de Sama.
En paralelo, Albares participó en la segunda reunión del Grupo de Donantes para Palestina. Allí anunció una nueva contribución de 4 millones de euros para 2026, que se suma a los 50 millones comprometidos en la primera cita. A esto se añaden otros 5 millones canalizados bilateralmente a través de la AECID y el PNUD, y 15 millones ya desembolsados en 2026 a la UNRWA —de la que España fue el cuarto mayor donante en 2025, con 38 millones—. El total aportado hoy por España asciende a 24 millones.
La opinión del Tribunal Internacional de Justicia es contundente: las actividades comerciales con los asentamientos israelíes violan el derecho internacional, y España aspira a que la UE lo convierta en prohibición efectiva.
El impacto para España y Europa
La iniciativa española refuerza su perfil diplomático como uno de los socios europeos más activos en la defensa de la solución de dos Estados. A nivel comercial, el impacto para España sería marginal, pues ya no importa esos bienes, pero una prohibición comunitaria elevaría los costes reputacionales y económicos para los asentamientos. Para Bruselas, asumir esta postura acercaría su política exterior a las posiciones de Naciones Unidas y podría tensar las relaciones con el Gobierno israelí, que se opone frontalmente a cualquier medida de boicot.
La petición, sin embargo, no se ha traducido aún en un acuerdo concreto: el Consejo ha tomado nota, pero no ha fijado una fecha para una eventual decisión. Albares confía en que la presión acumulada de varios países lleve a la adopción de sanciones comerciales en los próximos meses.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? Albares ha pedido al Consejo de la UE que prohíba el comercio con los asentamientos israelíes, basándose en la opinión del TIJ de 2024.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? El ministro español y el Consejo de Ministros de Exteriores de la UE, con el precedente del Tribunal Internacional de Justicia.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? La UE no ha fijado una fecha para la decisión, pero España espera que el debate avance hacia una prohibición comunitaria en los próximos meses.
