El coronel Manuel Sánchez Corbí, exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha defendido este miércoles en el Real Centro Universitario Escorial-María Cristina que el mayor poder de la Policía Judicial reside en la capacidad de decidir qué hechos se investigan y, por tanto, qué indicios llegan al juez, y ha alertado de las graves consecuencias que tienen las filtraciones de sumarios para la reputación del investigado.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? El exjefe de la UCO ofreció una conferencia sobre el papel de la Policía Judicial en el proceso penal, en el marco del curso «Justicia y Estado de Derecho» del CEU.
- ¿Qué ha dicho? Que el verdadero poder no es detener, sino seleccionar las líneas de investigación, y que las filtraciones y los sesgos de confirmación pueden dañar irreparablemente la imagen del investigado.
- ¿Por qué es relevante? Porque las reflexiones provienen de un mando con 30 años de experiencia que dirigió la UCO en investigaciones como Púnica, Lezo o el esclarecimiento del asesinato de Diana Quer.
La selección previa: el poder silencioso de la Policía Judicial
Sánchez Corbí, coronel en la reserva y hoy directivo de una empresa del IBEX 35, sostuvo que la actuación más trascendente de la Policía Judicial no es mediática —no son las detenciones televisadas ni los registros— sino el momento en que un investigador decide hacia dónde orientar una pesquisa. «El mayor poder de la Policía Judicial no es detener, sino decidir a quién investigar», afirmó. Ese poder, silencioso pero determinante, condiciona todo el procedimiento penal porque los tribunales solo valoran aquello que previamente ha sido descubierto y documentado.
El exjefe de la UCO insistió en que la Policía Judicial no acusa, pero sí controla qué indicios se recopilan, cuáles se descartan y cómo se redacta el atestado. «La Policía Judicial no existe para perseguir personas; existe para buscar la verdad de los hechos», subrayó. En ese sentido, defendió un principio de mínima afectación: una simple citación, una entrada y registro o una detención producen consecuencias inmediatas sobre la reputacion, el empleo y la familia del investigado, aunque la presunción de inocencia siga intacta desde el punto de vista jurídico.
Sesgo de confirmación y filtraciones: las autocríticas del exjefe de la UCO
Uno de los pasajes más personales de la conferencia giró en torno a los riesgos internos de la investigación. Sánchez Corbí recordó que en la UCO existía una regla operativa clara: buscar deliberadamente aquello que pudiera exculpar al investigado, no solo pruebas de cargo. «No basta con encontrar pruebas de cargo; el buen investigador debe preguntarse constantemente qué podría demostrar que está equivocado», afirmó, reconociendo que el sesgo de confirmación es un enemigo que anida en la propia mente del agente. La práctica de rastrear indicios exculpatorios se convirtió en un antídoto frente a investigaciones que, sin base sólida, podían prolongarse durante años y causar daños irreparables.
Respecto a las filtraciones de sumarios, el exjefe de la UCO fue especialmente crítico. Denunció que la opinión pública accede solo a fragmentos descontextualizados que fabrican una asociación automática entre detención y culpabilidad. Su receta fue clara: más trazabilidad en los accesos a la documentación, sanciones efectivas para quien filtre y menos reproducción indiscriminada de documentos procesales. También censuró ciertas ruedas de prensa posteriores a grandes operativos que, pese a ser legítimas para rendir cuentas del uso de recursos públicos, presentan al detenido como culpable antes de que exista resolución judicial.
«La Policía Judicial no existe para perseguir personas; existe para buscar la verdad de los hechos», insistió Sánchez Corbí, una máxima que centra la esencia de su intervención sobre el delicado equilibrio entre eficacia y garantías.
Sobre la tecnología, el coronel en la reserva advirtió que la inteligencia artificial puede ayudar a investigar, pero nunca debe sustituir el juicio humano; ninguna máquina decide quién merece ser objetivo de una investigación penal. Esa responsabilidad, dijo, sigue siendo de personas sometidas al control judicial y al principio de legalidad.
El contexto institucional
La reflexión de Sánchez Corbí cobra especial peso en un momento en que la Guardia Civil instruye decenas de miles de diligencias judiciales cada año —en 2025, más de 230.000, según datos del Ministerio del Interior—, y en el que la UCO sigue participando en las operaciones de mayor complejidad contra el crimen organizado y la corrupción. La credibilidad, patrimonio intangible de la Policía Judicial, se fortalece con controles internos como los que describió el exjefe de la unidad, garantizando que el filtro previo de la investigación no se convierta en arbitrariedad.
El mensaje final del coronel en la reserva resume décadas de oficio: el mayor patrimonio de la Policía Judicial no son los medios técnicos ni el número de operaciones, sino la credibilidad. «Detrás de cada investigado hay un ser humano cuya vida depende de que, en la oscuridad de la investigación, hayamos sido justos, pacientes y rigurosos», concluyó. Una defensa del equilibrio entre eficacia y garantías que, viniendo de quien viene, pesa más que muchas teorías.
