La política extremeña atraviesa una jornada de sacudidas institucionales tras hacerse pública la sentencia 152/2026 de la Audiencia Provincial de Badajoz en la que ha sido condenado a 9 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos a David Sánchez, hermano del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un fallo judicial que también pone el foco directamente sobre la figura de Miguel Ángel Gallardo Miranda, el sorprendente ex candidato del PSOE a la Junta de Extremadura.
Quien ha visto cómo su gestión al frente de la Diputación de Badajoz ha quedado marcada por una condena que desentraña una compleja red de prevaricación, tráfico de influencias y nombramientos ilegales que han acabado con una condena a 18 años de inhabilitación para empleo público. Un duro palo para alguien que casi toda su trayectoria profesional ha estado marcada por empleos públicos, políticos y bajo subvención y deja una «muerte social» intentando salvar el buen nombre de la familia de su líder.
Además, este veredicto no solo cierra un capítulo procesal iniciado hace años, sino que arroja luz sobre los mecanismos de contratación en la administración pública local y la utilización de recursos públicos para beneficiar a figuras vinculadas al entorno del poder ejercido por el PSOE en su versión central y extremeña. Tras más de 30 años teniendo el poder de Junta de Extremadura. Hay que recordar que la elección de Gallardo como candidato fue una sorpresa tras imputación en el caso, fuentes del propio entorno socialista indicaron que se debía a la lealtad que el pacense había mostrado hacia Sánchez.
El diseño de un puesto «a medida»
El núcleo de la sentencia reside en la creación, allá por el año 2016, de un puesto de Alta Dirección bajo la denominación de «Coordinador de las Actividades de los Conservatorios». Según los hechos probados por el tribunal, esta plaza fue concebida con el único propósito de ser ocupada por David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del entonces, y futuro, Secretario General del PSOE. Lo que sobre el papel parecía una necesidad técnica para la gestión cultural, se destapó ante los jueces como una construcción administrativa ficticia.
El tribunal subraya que la creación del puesto careció de la motivación necesaria y de una verdadera necesidad real de servicio, siendo el objetivo final la colocación de un perfil específico. El fallo detalla cómo, incluso ante las advertencias internas de directores de conservatorios y representantes sindicales que tacharon la figura de innecesaria o «disparatada», la cúpula de la Diputación, liderada por Gallardo, siguió adelante con el procedimiento.
La maniobra incluyó la redacción de unas bases de convocatoria que, llamativamente, no incluían criterios de baremación claros, facilitando así el camino hacia la adjudicación directa que, finalmente, se formalizó en julio de 2017.
La apariencia de legalidad como escudo
Uno de los aspectos más reveladores de la sentencia es el relato de cómo la Diputación intentó dar un barniz de legalidad a una realidad que ya era cuestionada incluso por los trabajadores de la propia institución. Cuando el programa «Ópera Joven», que el Sr. Sánchez impulsó dejando de lado sus otras obligaciones, necesitó un respaldo institucional más sólido, los responsables del Área de Cultura buscaron adaptar la estructura administrativa.
Para lograrlo, se tramitó una modificación del puesto de trabajo transformándolo en la «Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas». El tribunal califica este movimiento como una forma de «disfrazar» el cambio de funciones, evitando los controles reglados y el conocimiento del Pleno sobre lo que realmente se estaba aprobando.
Esta gestión, apoyada en un supuesto reglamento interno que ni siquiera había sido publicado oficialmente, refleja una forma de operar donde el fin último no era la eficiencia del servicio público, sino la protección y consolidación del cargo ocupado por el beneficiario.
Consecuencias de una gestión bajo sospecha
Más allá de la condena penal, este proceso judicial ha servido para exponer el funcionamiento del entorno digital y administrativo de la Diputación. El acceso a los correos electrónicos corporativos, autorizado durante la instrucción, fue fundamental para que la justicia pudiera reconstruir la proximidad y la comunicación constante entre los responsables públicos y los beneficiarios de estos nombramientos. Los correos demuestran cómo la gestión de la Diputación de Badajoz se volvió personalista, con contactos estrechos y una planificación que poco tenía que ver con la meritocracia exigible en la administración pública.
La sentencia no solo afecta a Gallardo, sino que arrastra a otros responsables que participaron activamente en la validación y ejecución de estos procedimientos. El fallo es contundente al señalar que el trabajo efectivamente realizado por los beneficiarios fue esporádico, distando mucho de las obligaciones de plena dedicación y diligencia que se suponía debían cumplir. Con este veredicto, la justicia pone coto a prácticas que, bajo la fachada de la discrecionalidad administrativa, ocultaban un uso desviado del poder y de los fondos públicos, enviando un mensaje claro sobre los límites éticos y legales en la ocupación de cargos de alta dirección en el sector público extremeño.
