El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha confirmado que antes de que termine el mes de julio el Gobierno aprobará un nuevo real decreto-ley de prórroga obligatoria de alquileres. Lo ha anunciado en una entrevista en ‘Hoy por hoy’ de la Cadena SER, donde ha precisado que la medida será «reforzada» y afectará a unos 3 millones de inquilinos en zonas de mercado tensionado.
Qué incluye el nuevo decreto: prórroga, alquiler de temporada y más IVA turístico
Según ha detallado el ministro, el texto que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en las próximas semanas abordará tres ejes principales. En primer lugar, la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de vivienda habitual, que impedirá el fin automático de la relación arrendaticia cuando el propietario no ofrezca una alternativa viable. «Antes de final de mes habrá un nuevo Decreto Ley para llevar de nuevo la prórroga reforzada para proteger a 3 millones de inquilinos», ha declarado.
En segundo lugar, la regulación de los alquileres de temporada, un mecanismo que, según Bustinduy, «se utilizan año a año para subir la renta sin ningún control». La nueva norma pondrá coto a esta práctica para evitar que los arrendadores encadenen contratos temporales con el mismo inquilino y sorteen así los límites a la actualización de rentas. Y en tercer lugar, regulará los alquileres de habitaciones, «que es donde vive la gente más vulnerable.
Además, el decreto incluye una medida fiscal concreta: gravar los alquileres turísticos con el tipo general del 21% de IVA, en lugar del 10% reducido que se aplica actualmente. El Gobierno justifica este cambio en la necesidad de equiparar fiscalmente los alojamientos de corta duración con el resto de consumos.
El contexto: la derogación de mayo y las nuevas matizaciones a Junts
Este decreto recupera lo esencial de la normativa que el Congreso derogó en mayo de 2026 con los votos de PP, Vox, Junts y UPN. Aquella votación tumbó la prórroga automática de alquileres que el Ejecutivo de coalición había aprobado meses antes. Ahora el texto vuelve con «matizaciones» que, según el ministro, «hicieron algunos de los grupos políticos que entonces no la apoyaron», en clara referencia a Junts.
Bustinduy ha asegurado que incluso «los mayores fondos de inversión propietarios de vivienda en este país» han aceptado la legalidad de las prórrogas. La afirmación busca despejar las dudas sobre un posible recurso judicial por parte del sector, aunque juristas consultados recuerdan que un decreto-ley puede ser impugnado ante el Tribunal Constitucional si se aprecia vulneración de derechos.
El nuevo decreto recupera lo esencial de la norma derogada en mayo e incorpora las exigencias que Junts puso sobre la mesa para no volver a tumbarlo.
El impacto en inquilinos y propietarios
Para los cerca de 3 millones de hogares que residen en alquiler en zonas tensionadas, la prórroga obligatoria significa que ningún contrato de vivienda habitual caducará sin que el propietario ofrezca una prórroga en condiciones similares. Si el propietario necesita recuperar la vivienda para uso propio o de un familiar, deberá demostrarlo con un preaviso y garantías, según el borrador que maneja el Ministerio.
Del lado de los propietarios, la extensión forzosa de los contratos limita la capacidad de ajustar rentas al alza, pero el decreto mantendrá la actualización máxima anual vinculada al índice de precios al consumo (IPC) —con topes— para evitar la congelación absoluta. La patronal del sector ya ha anunciado que estudiará la constitucionalidad de la medida una vez se publique en el BOE.
El texto también prevé un régimen sancionador para los arrendadores que recurran fraudulentamente a los contratos de temporada o de habitaciones para eludir la prórroga. La cuantía de las multas quedará fijada en el articulado definitivo, que el Ministerio de Derechos Sociales ultima estos días.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? El ministro Pablo Bustinduy ha confirmado en la Cadena SER que antes de que termine julio se aprobará un decreto-ley de prórroga obligatoria de alquileres.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el Consejo de Ministros y unos 3 millones de inquilinos en zonas tensionadas.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El Gobierno llevará el decreto al Consejo de Ministros antes del 31 de julio; una vez aprobado, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.
