El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicado este lunes los presupuestos de la Generalitat para 2026, el primer proyecto completo de la legislatura de Salvador Illa. El texto, que recoge los acuerdos del Consell Executiu, entra en vigor de forma inmediata y blinda la hoja de ruta económica de un Govern que aspira a cerrar la etapa de prórrogas presupuestarias. La ley de acompañamiento, publicada en el mismo número del DOGC, completa el marco fiscal y administrativo necesario para ejecutar las cuentas.
Las cifras que sostienen el Govern
El presupuesto consolidado para 2026 asciende a 36.200 millones de euros, un 5,3% más que las cuentas prorrogadas de 2024. La consejera de Economía, Alícia Romero, ha defendido la propuesta como «la más expansiva en gasto social desde 2010». Sanidad, educación, y vivienda concentran el mayor incremento: el departamento de Salut recibe 11.200 millones, un 8% adicional; Educació, 7.400; y el área de Habitatge, 2.100 millones, con un programa de alquiler social que duplica la dotación anterior.
Los ingresos previstos se apoyan en tres pilares: la mejora de la recaudación por el crecimiento económico (se estima un PIB del 2,1% para este año), la nueva cesta de impuestos incluida en la ley de acompañamiento y un mayor tramo del sistema de financiación. El Govern confía en que el Estado ingrese 1.800 millones adicionales por el mecanismo de nivelación hasta que se acuerde la reforma definitiva.
La ley de acompañamiento: los impuestos que cambian
Junto a las cuentas, el DOGC publica la ley de medidas fiscales y administrativas que las hace viables. Entre las novedades, destaca la rebaja del tramo autonómico del IRPF para rentas inferiores a 35.000 euros —una concesión del president a ERC durante la negociación— y la creación de un impuesto a las grandes estancias turísticas de más de 2.500 metros cuadrados. También se modifica el impuesto de transmisiones patrimoniales para bonificar las compras de vivienda habitual en municipios de menos de 10.000 habitantes.
No todo son bajadas. La ley suprime la bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones para herencias superiores al millón de euros, una medida que ya adelantó Moncloa.com en mayo. Fuentes del Departament d’Economía insisten en que el objetivo es «redistribuir la carga sin ahogar a las clases medias». El texto incorpora también la creación de la Agencia Tributaria de Catalunya, un viejo anhelo independentista que se desbloquea con perfil técnico. La agencia empezará a operar en enero de 2027 y solo gestionará impuestos cedidos, sin competencias sobre los grandes tributos estatales.
El Govern blinda la estabilidad, pero la letra pequeña fiscal compromete el equilibrio con los socios independentistas.
Estabilidad, pero con los independentistas en el horizonte
La publicación en el DOGC cierra la primera fase de una legislatura que empezó sin presupuesto propio. Las cuentas de 2026 eliminan el principal argumento de Junts y la CUP para cuestionar la acción del Govern, aunque no desactivan la presión. De hecho, la inclusión de la Agencia Tributaria y la rebaja del IRPF son guiños que buscan mantener viva la geometría variable en el Parlament. Analizamos que Illa juega con dos barajas: asegurar la gobernabilidad a corto plazo con los comunes y, a la vez, neutralizar la oposición independentista con gestos simbólicos que no ponen en riesgo el control de de las cuentas.
El verdadero test llegará en octubre, cuando el Govern deba presentar el límite de gasto para 2027. Si la recaudación no alcanza las previsiones, el debate sobre la financiación autonómica volverá a envenenar la relación con Moncloa. La ley de acompañamiento incluye una disposición adicional que permite al Govern emitir deuda por 1.200 millones si los ingresos fiscales se desvían más de un 2%. Una red de seguridad que, según fuentes del Departament d’Economía consultadas por este medio, «no será fácil de activar sin el visto bueno de el Ministerio de Hacienda».
El recorrido parlamentario de estas cuentas no estuvo exento de tensiones. El PSC tuvo que ceder ante ERC en la fiscalidad verde, retrasando la ecotasa a los supermercados hasta 2028. A cambio, los republicanos aceptaron desvincular los presupuestos del referéndum pactado, cuyo grupo de trabajo sigue sin calendario. Es un baile que puede repetirse en otoño, cuando expire el crédito político de la publicación de hoy.
Observamos un Govern que ha conseguido su primer presupuesto sin grandes cesiones territoriales, pero con un coste fiscal que puede erosionar su base social. La subida encubierta en sucesiones y el impuesto turístico generan malestar en sectores empresariales que, históricamente, han mirado al PSC con simpatía. Por ahora, la patronal Foment del Treball se ha limitado a pedir «prudencia», mientras PIMEC reclama un período transitorio para las nuevas figuras.
Cabe recordar que la estabilidad presupuestaria en Catalunya ha sido una quimera desde 2014. Solo el Govern de Pere Aragonès consiguió aprobar cuentas en 2023, y lo hizo con un ajuste de última hora que dividió al independentismo. Illa ha roto ese ciclo, pero el precio político podría ser alto si la legislatura no aguanta hasta 2028. La prueba será el próximo debate de política general, previsto para septiembre.
