Kaja Kallas ha dado este lunes un paso al frente en el debate sobre cómo presionar a Israel para que detenga la expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania. La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores defendió, a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores en Luxemburgo, que la futura restricción al comercio con esos asentamientos debería aprobarse por mayoría cualificada, no por unanimidad. ‘Necesitamos mayoría cualificada, porque es una cuestión comercial’, declaró ante la prensa citando la opinión del servicio jurídico del Consejo. Una postura que choca con la línea defendida hasta ahora por la Comisión Europea, partidaria de exigir unanimidad a los Veintisiete.
La batalla legal que puede desbloquear (o no) el veto a los asentamientos
La clave de la divergencia está en la base jurídica. Para la Comisión, la medida se enmarca en la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), donde rige la unanimidad. El servicio jurídico del Consejo, en cambio, considera que al tratarse de una restricción comercial puede aplicarse la mayoría cualificada, como sucede con el grueso de la política comercial común. Kallas, abogada de formación, ironizó sobre el choque de pareceres: ‘Como yo misma soy abogada, hay un dicho: cuando hay dos abogados, hay tres opiniones’. Pese a ello, insistió en que su papel es buscar el terreno común entre los Veintisiete y confió en que las opciones concretas presentadas por la Comisión ayuden a destrabar el bloqueo.
La disputa no es nueva. En 2019 el Tribunal de Justicia de la UE ya falló que los productos de los asentamientos deben etiquetarse como originarios de ‘territorios ocupados’, una victoria parcial para quienes pedían medidas más contundentes. Ahora el debate se eleva de la etiqueta a la prohibición, y con él revive la vieja tensión entre el método comunitario y la resistencia de los Estados que consideran la PESC un reducto de soberanía.
España, Irlanda y los que quieren medidas; Alemania y Chequia, los que frenan
España e Irlanda llevan meses liderando el grupo de países que exige acciones concretas contra los asentamientos. La propia Kallas organizó un desayuno informal con la ministra irlandesa Helen McEntee antes de la reunión, dedicado a la situación de Ucrania pero que reforzó la sintonía entre ambos gobiernos. Sin embargo, la mayoría de los países liderados por España e Irlanda impulsa una postura que choca con la resistencia de Alemania y de la República Checa, que hasta ahora han sido los principales frenos a cualquier avance sin unanimidad.
En el trasfondo late también la crisis en Ucrania. Los ministros aprobaron 250 nuevos listados de sanciones contra Rusia, la cifra más alta acordada de una sola vez, pero el vigésimo primer paquete de sanciones sigue sin acuerdo por discrepancias sobre el sector pesquero y el alcance del veto de entrada a excombatientes rusos. La paradoja es evidente: mientras la UE muestra rapidez y unidad frente a Moscú, se enreda en tecnicismos jurídicos cuando el foco se gira hacia Oriente Próximo.
Con la herida de Ucrania abierta, el debate sobre los asentamientos israelíes revela la misma fractura: la necesidad de actuar sin vetos y la resistencia de quienes aún creen que la unanimidad protege algo más que el inmovilismo.
La réplica de Kallas intenta desactivar esa paradoja. Al calificar la cuestión como comercial, la Alta Representante busca sortear el bloqueo húngaro que durante años ha paralizado decisiones en política exterior. Pero el camino es estrecho: la Comisión defiende la unanimidad y varios Estados miembros, encabezados por Berlín, no están dispuestos a erosionar el principio de consenso en un área tan sensible.
El Eje del Poder Europeo
El pulso sobre los asentamientos israelíes expone una vez más la geometría variable que domina la política exterior de la UE. Por un lado, el eje franco-alemán, donde París se muestra más matizada —sin un posicionamiento explícito hoy— y Berlín obstruye cualquier deslizamiento hacia la mayoría cualificada. Por otro, los países del sur, encabezados por España, que ven en esta batalla una oportunidad para que la UE demuestre coherencia con el derecho internacional y la solución de dos Estados. Los bálticos y los nórdicos, tradicionalmente alineados con Washington, guardan silencio, mientras los de Visegrado, con Hungría a la cabeza, vigilan cualquier precedente que pueda aplicarse a sus propios vetos futuros.
Para España, el envite es de alto voltaje. Los gobiernos de Pedro Sánchez han hecho de la defensa del multilateralismo y del derecho internacional una seña de identidad en Bruselas. Liderar junto a Dublín el bloque de presión contra los asentamientos refuerza ese perfil, pero abre flancos con Tel Aviv —ya tensas— y con aliados en la UE que aún priorizan las relaciones económicas y de seguridad con Israel. A corto plazo, Moncloa se juega credibilidad diplomática; a medio, la posibilidad de que esta crisis sirva como banco de pruebas para reformas más ambiciosas de la PESC.
Si la vía comercial prospera, sería un precedente de primer orden. La mayoría cualificada para restricciones al comercio con territorios ocupados podría replicarse en otros conflictos, desde el Sáhara Occidental hasta Crimea. La UE entraría así en un terreno resbaladizo para sus relaciones con aliados clave, pero también daría un paso hacia una política exterior más ágil y menos rehén de la unanimidad. El riesgo, sin embargo, es que el debate se eternice y la acción concreta se diluya en informes jurídicos contrapuestos, mientras los asentamientos siguen creciendo.
El Consejo de hoy no tomó una decisión formal, pero las palabras de Kallas dejan claro que la lucha por el método de votación será tan intensa como la propia medida. El próximo trílogo informal sobre el paquete de sanciones a Rusia y el seguimiento del expediente israelí en el Comité Político y de Seguridad serán las primeras pruebas de fuego. Una cosa es segura: España no va a soltar la bandera de la mayoría cualificada, y Bruselas deberá elegir entre la coherencia jurídica y el cómodo abrazo del veto.
