La educación concertada, regulada por la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación), convive con la red pública en un modelo de doble titularidad y financiación pública. Casi uno de cada cuatro alumnos españoles estudia en un centro concertado.
En España, la enseñanza obligatoria es gratuita en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Esto incluye tanto los colegios públicos —de titularidad estatal o autonómica— como los centros concertados, que son de iniciativa privada pero reciben del Estado una subvención por unidad escolar en funcionamiento, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la LOMLOE. En el curso 2024-2025, el sistema atendió a más de ocho millones de alumnos, de los cuales aproximadamente el 25 % cursaba estudios en centros concertados.
La principal diferencia radica en la titularidad y la gestión: los públicos son administrados directamente por las Administraciones educativas, mientras que los concertados están en manos de entidades privadas, a menudo de carácter religioso, y gozan de autonomía en su proyecto educativo, aunque deben cumplir con los requisitos curriculares y de admisión fijados por la ley.
¿Qué es la educación concertada?
La educación concertada se creó con la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), como una vía para hacer efectivo el derecho a la educación y la libertad de enseñanza reconocidos en el artículo 27 de la Constitución. Los conciertos educativos se suscriben entre la Administración y los titulares de centros privados siempre que estos satisfagan necesidades de escolarización y cumplan los requisitos de gratuidad, no discriminación y calidad.
En términos económicos, la financiación pública cubre los gastos de personal docente y de funcionamiento, pero la cantidad por alumno varía según la comunidad autónoma. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), el gasto público por estudiante en la concertada fue aproximadamente un 30 % inferior al de la escuela pública en 2022. Los centros pueden complementar sus ingresos mediante donaciones o actividades extraescolares, siempre que sean voluntarias.
Actualmente, más de 2,5 millones de alumnos estudian en centros concertados, lo que representa alrededor del 25 % de las matrículas en la educación obligatoria, según el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte. Las comunidades autónomas con mayor implantación son Cataluña, País Vasco y Madrid, donde supera el 30 %.
Acceso y criterios de admisión
La LOMLOE reformó el artículo 84 de la LOE para reforzar la equidad en el acceso a los centros sostenidos con fondos públicos. La ley establece que no podrá haber discriminación por razón socioeconómica y obliga a las administraciones a regular la admisión mediante un procedimiento común, que incluye como criterios prioritarios la renta familiar y la proximidad al domicilio. De hecho, la norma prohíbe el cobro de cuotas obligatorias en la enseñanza básica.
En el curso 2022-2023, el 68 % de los alumnos de centros concertados pertenecía a familias de nivel socioeconómico medio o alto, frente al 45 % en la escuela pública, según el INEE.
A pesar de la normativa, distintos estudios del Consejo Escolar del Estado señalan que la segregación escolar sigue siendo un problema, sobre todo en grandes ciudades, donde los concertados concentran a más alumnado de familias con mayores recursos. La demanda social de plazas en determinados barrios y la oferta de centros concertados influyen en esa distribución.
El Marco Educativo
El sistema dual de escuelas públicas y concertadas descansa en el artículo 27 de la Constitución Española, que reconoce la libertad de enseñanza y el derecho de los particulares a crear centros docentes. La LOE de 2006, y la posterior LOMLOE, articulan los conciertos educativos como un mecanismo para garantizar la gratuidad y la libertad de elección en la educación obligatoria. Las comunidades autónomas son las responsables de la planificación de la oferta y de la concesión de conciertos, pero el Estado fija las bases para asegurar la equidad.
En el debate político, el Partido Popular defiende la extensión de los conciertos incluso a etapas no obligatorias como el Bachillerato, mientras que el PSOE y Sumar insisten en priorizar la red pública y limitar la financiación a los centros que no segreguen por sexo o ideario. La Conferencia de Consejos Escolares y los sindicatos docentes reclaman más recursos para la pública y un mayor control de las cuotas encubiertas en la concertada.
La LOMLOE introdujo, en su disposición adicional cuarta, la prohibición de que los centros concertados que segregan por sexo reciban financiación pública, una medida que ha sido recurrida por varias comunidades autónomas y que sigue pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional.
El futuro de la financiación de la escuela concertada está sujeto a los Presupuestos Generales del Estado y a la negociación en la Conferencia Sectorial de Educación. La LOMLOE introdujo limitaciones a la apertura de nuevos conciertos y refuerza la supervisión sobre la transparencia económica de los centros. El equilibrio entre el derecho de los padres a elegir proyecto educativo y el deber de garantizar la igualdad de oportunidades continúa siendo el eje de la discusión.
Resultados académicos: ¿qué dicen los datos de PISA?
El último informe PISA 2022 (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE), analizado por el INEE, muestra que los alumnos de centros concertados obtienen, en promedio, puntuaciones más altas en matemáticas, lectura y ciencias que los de centros públicos. Sin embargo, cuando se descuenta el índice socioeconómico y cultural, la brecha se reduce significativamente. En matemáticas, por ejemplo, la diferencia de 18 puntos a favor de los concertados casi desaparece al controlar ese factor, quedando en apenas 4 puntos.
El INEE publica periódicamente indicadores que confirman que el rendimiento académico está más vinculado al contexto socioeconómico que a la titularidad del centro. Es decir, el perfil del alumnado explica gran parte de la ventaja de los concertados en las pruebas estandarizadas. Estos datos son consistentes con investigaciones internacionales que muestran que, una vez controlado el nivel socioeconómico, las diferencias entre escuelas públicas y privadas sostenidas con fondos estatales tienden a desaparecer.
Además del informe PISA, el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS), también en 2023, reflejó patrones similares: los alumnos de centros concertados partían de un nivel más alto, pero el efecto del centro se diluía tras ajustar por capital cultural.
Claves de la Noticia
- Qué importa: La educación concertada representa una de cada cuatro plazas escolares en España. Su regulación define el acceso, la financiación y la equidad del sistema educativo.
- Por qué importa: La LOMLOE establece medidas para evitar la segregación y controlar los fondos públicos destinados a centros de titularidad privada, con impacto directo en la distribución del gasto educativo.
- A quién le importa: A las familias que eligen centro escolar, a los docentes de ambos sectores y a las administraciones que planifican la oferta educativa cada año.
