La Ertzaintza no ha investigado ningún fraude fiscal en los últimos cinco años, según ha confirmado por escrito al Parlamento Vasco el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria. La sección central de delitos económicos de la Policía autonómica, integrada por apenas seis agentes, no ha abierto actuaciones relacionadas directamente con el artículo 305 del Código Penal, que castiga el fraude a la Hacienda Pública. La información, recogida en la respuesta parlamentaria publicada por el Parlamento Vasco, detalla que el umbral para que el fraude sea delito se sitúa en los 120.000 euros por ejercicio.
La unidad está al mando de un suboficial y cuenta con tres cabos y dos agentes. El propio consejero del PNV subraya que no se ha llevado a cabo ninguna operación “directamente” vinculada a la defraudación tributaria en ese lustro. Tampoco se han abierto diligencias por conductas que, aun siendo inferiores a ese límite, pudieran ser relevantes en el ámbito penal.
El grupo, además, ha asumido en los últimos meses apoyos puntuales en investigaciones sobre criptomonedas y ciberdelitos, según trascendió en abril. Ese refuerzo en el ámbito digital contrasta con el peso real de una plantilla que apenas llega a la media docena de efectivos.
La respuesta a EH Bildu y la comparación con la Guardia Civil
Los datos han llegado al Parlamento a raíz de una pregunta del parlamentario de EH Bildu Gorka Ortiz de Guinea, quien solicitó en primavera la dotación de personal de varias unidades especializadas de la Ertzaintza. El escrito del Departamento de Seguridad, fechado el 13 de julio de 2026, reconoce que “en los últimos cinco años” no se ha investigado ningún fraude fiscal, pese a que la Policía autonómica vasca se define como una “Policía integral” con capacidad para perseguir todo tipo de delitos.
En el documento, Zupiria contextualiza la ausencia de actuaciones recordando que solo se considera delito el fraude que supere los 120.000 euros por año o período impositivo. Sin embargo, no aclara si se han descartado pesquisas por importes inferiores que pudieran tener ramificaciones con otros ilícitos.
La comparación con los medios estatales es inevitable. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, especializada en delitos económicos, dispuso en 2025 de una plantilla de entre 500 y 600 agentes, una proporción diez veces superior a la de la sección vasca. Esta desproporción resalta la limitación de la Ertzaintza para abordar tramas complejas de fraude fiscal, especialmente en una comunidad con un sistema tributario propio.
La sección central de delitos económicos de la Ertzaintza, con solo seis agentes, no ha abierto ninguna investigación por fraude fiscal en un lustro.
El papel de la Ertzaintza en el sistema foral vasco
La escasa actividad de la unidad cobra especial relevancia en el País Vasco, donde las diputaciones forales recaudan y gestionan los tributos a través del concierto económico. La Ertzaintza, como policía integral, tiene la misión de investigar los delitos contra la Hacienda foral, aunque en la práctica no ha iniciado ninguna causa penal en el último quinquenio.
El asunto ha coincidido con la reciente junta de seguridad entre los Gobiernos central y vasco, celebrada esta misma semana, en la que se acordó que la Ertzaintza tenga acceso al SEPBLAC, el organismo estatal encargado de prevenir el blanqueo de capitales. Este avance podría facilitar futuras investigaciones económicas, pero sin un refuerzo de personal, la capacidad de la unidad seguirá siendo limitada.
Fuentes del Departamento de Seguridad citadas por esta redacción señalan que la sección central ha priorizado en los últimos meses el apoyo a operaciones contra ciberdelitos, lo que habría restado aún más margen a la persecución del fraude. Desde EH Bildu se insiste en que la falta de medios condiciona la eficacia de la “Policía integral” que defiende el Gobierno Vasco.
El dato se produce en un contexto en el que el concierto económico vasco otorga a las instituciones forales la capacidad de inspeccionar y sancionar los incumplimientos tributarios, pero la investigación penal de los fraudes más graves corresponde a la Ertzaintza. Con solo seis agentes y sin investigaciones abiertas, la policía autonómica no ha ejercido esa competencia en cinco años, un extremo que el propio consejero de Seguridad ha admitido ahora por escrito.
