La baliza V16 se va a poner en funcionamiento plenamente este verano y por eso, la asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) reclama una planificación realista, un análisis de riesgos y un incremento de medios personales antes de imponer nuevas obligaciones asistenciales a las patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. IGC manifiesta su preocupación tras el anuncio realizado por el director general de Tráfico, Pere Navarro, de que la Dirección General de Tráfico dictará próximamente una instrucción para que las patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil acudan de forma obligatoria a auxiliar a los conductores que activen una baliza V16 conectada.
Desde IGC explican que «comparten plenamente cualquier medida encaminada a mejorar la seguridad vial y la protección de los usuarios de las carreteras. Sin embargo, considera que la implantación de esta nueva obligación debe ir acompañada de un análisis previo de su impacto y de una dotación suficiente de recursos humanos y materiales que garantice su viabilidad».
El presidente de IGC, Daniel Fernández, ha manifestado que «la realidad diaria de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil es bien distinta a la que parece desprenderse del anuncio realizado por la DGT. En numerosas provincias las plantillas son claramente insuficientes para atender los cometidos que actualmente tienen encomendados, lo que obliga a prestar servicio con un número muy limitado de patrullas, especialmente en determinados horarios y zonas geográficas».
Es decir, que imponer una obligación de acudir a todas las activaciones de balizas V-16 sin reforzar previamente las plantillas «puede provocar que las escasas patrullas disponibles deban abandonar otras funciones esenciales de vigilancia, prevención y auxilio, reduciendo significativamente la capacidad de respuesta ante accidentes, infracciones graves o situaciones de emergencia que se produzcan simultáneamente», añaden.
Además, desde una perspectiva estrictamente policial, resulta imprescindible valorar los posibles riesgos derivados de un uso indebido o malicioso del sistema. Porque «la generación intencionada de avisos falsos o innecesarios podría ser utilizada por organizaciones criminales o grupos organizados para atraer patrullas hacia puntos concretos y dejar temporalmente sin presencia policial determinadas zonas o itinerarios, facilitando la comisión de otros hechos delictivos mientras los efectivos disponibles se encuentran movilizados atendiendo dichas incidencias», dicen desde IGC.
Utilidad de la baliza V16
No se trata de cuestionar la utilidad de la baliza V16 ni el avance tecnológico que supone para la seguridad vial, sino de advertir que cualquier sistema que genere una respuesta automática de los servicios policiales debe incorporar protocolos de gestión del riesgo, criterios de priorización y una adecuada planificación operativa.
Especialmente llamativo resulta que, según los datos facilitados por la propia DGT, «el número de incidencias conocidas haya pasado de unas 8.600 mensuales antes de la implantación generalizada de la baliza a aproximadamente 69.000 incidencias al mes en la actualidad. Este incremento exponencial pone de manifiesto la enorme carga potencial que puede recaer sobre unas plantillas que ya soportan una importante falta de efectivos», dice IGC.
Independientes de la Guardia Civil considera que antes de aprobar cualquier instrucción que incremente las obligaciones operativas de la Agrupación de Tráfico resultaría imprescindible:
- Realizar un estudio técnico sobre el impacto real que tendrá la medida en el servicio.
- Reforzar las plantillas de la Agrupación de Tráfico para garantizar una respuesta eficaz sin menoscabar el resto de funciones policiales.
- Establecer protocolos de priorización de avisos que permitan gestionar los recursos disponibles de manera eficiente.
- Incorporar mecanismos que detecten y minimicen posibles usos fraudulentos o malintencionados del sistema de avisos.
Los guardias civiles llevan décadas prestando auxilio a los usuarios de las carreteras siempre que las circunstancias operativas lo han permitido. «Lo que no puede hacerse es seguir incrementando las obligaciones de servicio sin dotar previamente a la Guardia Civil de los efectivos necesarios para cumplirlas con las debidas garantías», añade IGC.
La seguridad vial exige medidas eficaces, pero también realistas. Ninguna instrucción administrativa puede suplir la falta de personal que desde hace años viene denunciando esta asociación.
Independientes de la Guardia Civil reitera la disposición a colaborar con la Dirección General de Tráfico y con el Ministerio del Interior «para que cualquier medida destinada a mejorar la seguridad de los ciudadanos sea compatible con una prestación del servicio eficaz, sostenible y basada en criterios estrictamente operativos», concluyen.
