La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha respaldado este martes 14 de julio de 2026 a los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz que condenaron a David Sánchez –hermano del presidente del Gobierno–, en una causa en la que la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil resultó determinante. La condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa ha desencadenado duras reacciones del Ejecutivo, que la asociación judicial califica como «graves descalificaciones».
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La AJFV ha expresado su «rechazo firme» a las críticas del Gobierno contra los magistrados que condenaron a David Sánchez, hermano del presidente, y defiende su independencia.
- ¿Cuál fue el fallo? La Audiencia Provincial de Badajoz, en sentencia unánime, condena a nueve años de inhabilitación a David Sánchez por un delito de prevaricación administrativa, por la creación irregular de una plaza en la Diputación de Badajoz en 2016.
- ¿Qué papel jugó la UCO? La investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil fue clave para acreditar los hechos que sustentan la condena.
La sentencia y las reacciones del Gobierno
La Audiencia Provincial de Badajoz dictó el fallo tras el juicio por la creación de una plaza a medida en la Diputación de Badajoz, adjudicada a David Sánchez en 2016. La condena, adoptada de forma unánime, le impone nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público como autor de un delito de prevaricación administrativa por cooperación necesaria. La sentencia es recurrible ante instancias superiores.
Tras conocerse la resolución, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, afirmó que David Sánchez es «inocente» y confió en que «instancias superiores corrijan la condena». Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, sostuvo que «hay mucha mala política detrás y nada de verdadera justicia». Estas declaraciones han sido interpretadas por la carrera judicial como un ataque directo a la independencia de los magistrados.
La defensa institucional de la AJFV
La AJFV emitió un comunicado en el que expresa su «rechazo firme a las descalificaciones dirigidas por destacados miembros del Gobierno de España y dirigentes políticos» contra los tres jueces. La asociación insiste en que, en un Estado de Derecho, las resoluciones judiciales pueden ser objeto de crítica y discrepancia, pero «lo que resulta incompatible con el respeto debido a las instituciones es convertir cada resolución que contraría los intereses de un determinado partido en una excusa para poner en cuestión la independencia de los jueces».
«Esa forma de proceder perjudica a los magistrados afectados, pero también deteriora la confianza de los ciudadanos en una institución esencial para el funcionamiento de nuestra democracia».
La AJFV denuncia que cuando una sentencia resulta «incómada» para responsables políticos, se desacredita a quienes la han dictado, se cuestiona su imparcialidad y «se proyecta sobre toda la carrera judicial una sospecha injusta y peligrosa». Para la asociación, esta dinámica daña de forma directa la confianza ciudadana en la Justicia y, por extensión, en el trabajo de los cuerpos que investigan los hechos —en este caso, la Guardia Civil a través de su UCO.
El Contexto Institucional
La condena a David Sánchez se asienta, en buena medida, en el exhaustivo informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Esta unidad de élite especializada en corrupción y crimen organizado goza de un amplio reconocimiento por la solidez de sus pesquisas. Según los datos del Ministerio del Interior, más del 90% de las investigaciones de la UCO derivan en procesamientos judiciales, y la tasa de condenas firmes en los casos instruidos por esta unidad supera el 85% en el último lustro.
El comunicado de la AJFV no solo defiende a los magistrados, sino que pone en valor la labor de los investigadores que, «con respeto escrupuloso a la legalidad y a los derechos de los ciudadanos», permiten que la Justicia cuente con pruebas determinantes. La asociación subraya que esparcir sospechas infundadas sobre jueces y agentes «es contribuir al deterioro constante de la democracia». En ese sentido, recuerda que la propia sentencia puede ser recurrida por los cauces legales, sin necesidad de recurrir a descalificaciones personales.
El caso se ha convertido en un nuevo episodio de tensión entre el poder político y el judicial, donde la Guardia Civil queda en el centro de las críticas políticas. Sin embargo, desde la AJFV insisten en que la confianza en las instituciones se construye respetando sus procedimientos, no atacando a quienes los aplican. La asociación concluye que «esparcir sospechas infundadas una y otra vez sobre los jueces no es defender ni el Estado de Derecho ni la democracia; es, por el contrario, contribuir a su deterioro constante».
