EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La AIReF ha advertido de que Castilla-La Mancha incumplió la regla de gasto en 2025 y su plan económico financiero para 2026‑2027 no contiene medidas correctoras suficientes.
- ¿Quién está detrás? La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, presidida por Emiliano García-Page, presentó un programa que no convence al organismo fiscal.
- ¿Qué impacto tiene? La región se expone a un control más estricto del CPFF (Consejo de Política Fiscal y Financiera) y deberá reformular sus cuentas si quiere evitar desviaciones estructurales a partir de 2027.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF, el organismo que vela por el equilibrio de las finanzas públicas en España) ha encendido una luz roja sobre Castilla‑La Mancha. El gasto autonómico creció un 5,2 % en 2025, muy por encima del 3,2 % que marcaba la regla de gasto (el límite al aumento del desembolso público que las comunidades deben respetar para garantizar la estabilidad presupuestaria). Y lo que es más preocupante: el plan que el Gobierno de Emiliano García‑Page ha diseñado para 2026 y 2027 no convence al supervisor.
La AIReF fue clara en su informe: “No recoge medidas sustanciales de corrección”. A pesar de que el Ejecutivo autonómico había esbozado un camino de vuelta, el organismo considera que las propuestas incorporadas “implican un crecimiento estructural del gasto a partir de 2027”, una dinámica que, de no atajarse, perpetuará el incumplimiento más allá de 2029.
Un plan que, según la AIReF, no corrige la desviación
La regla de gasto, fijada por el Gobierno central, establece topes máximos de incremento anual para las administraciones. Para Castilla‑La Mancha, esos límites eran del 3,2 % en 2025, del 3,5 % en 2026 y del 4 % en 2027. Sin embargo, el gasto regional se disparó hasta el 5,2 % en 2025, y las previsiones del propio Ejecutivo regional apuntan a subidas del 3,5 % y 3,4 % en los dos años siguientes. La AIReF, en cambio, calcula que el alza real será del 4,1 % en 2026 y del 6,6 % en 2027, cifras que duplican los márgenes permitidos.
El documento remitido al Consejo de Política Fiscal y Financiera (el foro donde el Estado y las comunidades coordinan sus políticas presupuestarias) apenas contiene un esbozo de corrección. La autoridad fiscal echa en falta “medidas que ajusten el crecimiento del gasto computable a las tasas de referencia, con calendario, efectos y detalle de implementación”. En otras palabras, la Junta no explica cuándo ni cómo piensa rebajar el ritmo de desembolso.
El plan económico financiero de Castilla-La Mancha no contiene medidas correctivas ni elementos que sustancien la corrección de la desviación, según la AIReF.
Los motores del gasto: sueldos públicos, inflación y el Sescam
El análisis desagrega las causas del desajuste. La subida salarial pactada a nivel nacional para los empleados públicos ha costado a las arcas regionales 111 millones de euros adicionales. A eso se suma un encarecimiento de 47 millones por la inflación, que ha elevado el precio de los servicios que presta la Administración. Y en el horizonte de 2027 aparece un factor extra: la reactivación de la carrera profesional en el Sescam, el Servicio de Salud de Castilla‑La Mancha, una medida que la propia Junta cuantifica en 48 millones de euros y que la AIReF considera que presionará de manera definitiva las cuentas de ese ejercicio.
“Los factores explicativos de la desviación de 2025 se replican en los años siguientes”, advierte el informe, subrayando que el aumento y el envejecimiento de la población —fenómeno común a buena parte de las autonomías de interior— elevan de forma estructural la factura de los servicios públicos.
El Pulso Territorial
Castilla‑La Mancha gobierna en minoría con el PSOE de Emiliano García‑Page al frente de una legislatura que se prolongará, salvo adelanto, hasta 2027. El Ejecutivo autonómico ha hecho de la estabilidad presupuestaria una bandera, pero los datos de la AIReF revelan que, aunque el déficit se ha reducido drásticamente —del 2 % del PIB en 2013 a apenas el 0,1 % en 2025—, la disciplina de gasto sigue fallando. De hecho, desde 2013 la región ha incumplido cinco veces la regla de gasto y seis el objetivo de estabilidad.
La deuda autonómica, situada en el 28,3 % del PIB, se mantiene por debajo de la media de las comunidades cubiertas por este vertical, pero la dependencia de los mecanismos de financiación estatal (el 86 % de su pasivo se sostiene a través del Fondo de Liquidez Autonómica o instrumentos similares) la convierte en especialmente vulnerable a cualquier cambio en el sistema de reparto. La comparación con Extremadura, que afronta un endeudamiento similar y una demografía igualmente envejecida, muestra que el margen para maniobras expansivas es muy estrecho en las dos regiones.
Lo que viene ahora es un calendario de exigencia creciente. La AIReF reclama que el plan se reformule con un horizonte de corrección ya para 2026, y el CPFF tendrá que pronunciarse en las próximas semanas. Si no se introducen medidas concretas, la Junta podría verse abocada a un ajuste más severo justo en la antesala de las elecciones de 2027, un escenario que pondrá a prueba la sintonía entre las consejerías económicas y los sindicatos de la sanidad pública. La reactivación de la carrera profesional del Sescam, aplazada durante años, es la gran promesa del Gobierno y, al mismo tiempo, el mayor riesgo para las cuentas del futuro inmediato.
Ficha Autonómica
- El caso: La AIReF advierte de que Castilla‑La Mancha superó la regla de gasto en 2025 y su plan de corrección carece de medidas efectivas, lo que anticipa un crecimiento estructural del gasto a partir de 2027 y posibles incumplimientos hasta 2029.
- Datos importantes: Gasto regional: +5,2% en 2025 (límite 3,2%); previsiones AIReF para 2026‑2027 alcanzan el 4,1% y 6,6%; deuda autonómica: 28,3% del PIB; déficit: 0,1% en 2025. Factores de presión: 111 M€ por salarios, 47 M€ por inflación, 48 M€ estimados por la carrera profesional del Sescam en 2027.
- Resumen: La Junta deberá reformular el plan económico financiero e introducir ajustes antes de que el CPFF lo evalúe, mientras la reactivación de la carrera profesional sanitaria añade tensión a un presupuesto ya estresado. La cercanía de las elecciones autonómicas de 2027 condiciona cualquier decisión de gasto.
