El Consejo de Ministros ha autorizado hoy la transferencia de 149,67 millones de euros a las comunidades autónomas para financiar la contratación de profesorado ayudante doctor en las universidades públicas durante 2026, en el marco del Programa María Goyri.
Una partida para 3.400 nuevos docentes
Según ha informado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, la partida autorizada permitirá financiar 3.400 plazas de ayudante doctor en las universidades públicas de todo el país. La inversión se enmarca en un plan plurianual que movilizará más de 900 millones de euros del Ejecutivo central a lo largo de seis años, a los que se suman otros 600 millones que deben aportar las propias comunidades autónomas a través de sus presupuestos.
De acuerdo con las cifras del Ministerio, cada plaza de ayudante doctor financiada supone un coste medio anual de aproximadamente 44.000 euros. El programa, puesto en marcha en 2024, contempla la incorporación de un total de 5.638 profesores ayudantes doctores de manera gradual hasta 2028, lo que representa un incremento del 70% respecto a la cifra del curso 2023-2024.
Además de la transferencia recién aprobada, el programa moviliza otros 600 millones de euros aportados por las comunidades autónomas para financiar 2.236 plazas adicionales. La inversión conjunta alcanza así los 1.500 millones de euros en seis años.
Hasta la fecha, según los datos del Ministerio de Ciencia, las autonomías han formalizado 311 contratos de los 3.400 comprometidos para este año. Es la primera ocasión en que el Gobierno central asume directamente los costes salariales del profesorado universitario, una competencia que hasta ahora recaía íntegramente en las administraciones autonómicas.
Un respaldo a la LOSU y al relevo generacional
La ministra Diana Morant ha subrayado que esta iniciativa es «una de las más ambiciosas» del Ejecutivo para financiar las universidades públicas y adaptarlas a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Según ha detallado, «el objetivo es prevenir la precariedad, elevando el peso del profesorado a tiempo completo y con capacidad investigadora». Además, ha recordado que la LOSU exige incrementar la proporción de profesorado a tiempo completo, una meta que el programa ayuda a alcanzar.
El reparto territorial de los fondos se concretará en la Conferencia General de Política Universitaria, donde se fijarán los criterios de distribución entre las comunidades autónomas. La transferencia aprobada hoy será gestionada por las CCAA, que disponen de plazo hasta el curso 2027-2028 para completar las contrataciones de las plazas asignadas.
No se trata solo de una inyección de recursos: el Gobierno financia directamente el salario de los nuevos docentes, un hecho sin precedentes en la gestión universitaria.
La decisión del Ejecutivo de asumir directamente el coste de los salarios rompe con el modelo tradicional de financiación universitaria, en el que las transferencias a las CCAA no especificaban partidas para gastos de personal. Este giro responde al compromiso de garantizar la estabilidad y calidad del sistema público universitario.
Distribución y calendario de contratación
Una vez que se fijen los criterios en la Conferencia General de Política Universitaria, el Ministerio de Ciencia transferirá los 149,67 millones a las arcas autonómicas para que estas los distribuyan entre las universidades. La convocatoria de 2026 aspira a completar las 3.400 plazas, aunque el ritmo de ejecución dependerá de la capacidad de gestión de cada comunidad. El Gobierno confía en que la experiencia acumulada en los dos años anteriores acelere el proceso.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Consejo de Ministros ha aprobado una transferencia de 149,67 millones a las CCAA para contratar profesores ayudantes doctores en el Programa María Goyri.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? El Gobierno central, a través del Ministerio de Ciencia; las comunidades autónomas; y las universidades públicas.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? La Conferencia General de Política Universitaria fijará los criterios de reparto y, posteriormente, se realizará la distribución de los fondos para las contrataciones.
