EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Cabildo de La Palma ha presentado dos enmiendas al Parlamento de Canarias para que la nueva ley de vivienda vacacional no perjudique a los damnificados por el volcán Tajogaite ni vulnere la Ley de Islas Verdes.
- ¿Quién está detrás? El presidente insular, Sergio Rodríguez (Coalición Canaria), ha remitido un escrito a todos los grupos parlamentarios instándoles a apoyarlas.
- ¿Qué impacto tiene? La votación, prevista para este miércoles 23 de julio, definirá si las familias afectadas pueden reconstruir y mantener sus viviendas turísticas sin cumplir el requisito de antigüedad de cinco años, y si la normativa insular de La Palma, El Hierro y La Gomera prevalece sobre la autonómica.
El volcán Tajogaite sepultó más de 1.600 viviendas en La Palma en 2021. Ahora, el Cabildo insular presiona al Parlamento de Canarias para que las familias damnificadas no pierdan también el derecho a mantener sus viviendas vacacionales.
El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, ha remitido un escrito formal a todos los grupos parlamentarios antes de la votación de este miércoles en la que se decidirá el futuro de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. La institución insular exige blindar dos aspectos: los derechos de los afectados por la lava y la Ley de Islas Verdes que ampara a La Palma, El Hierro y La Gomera.
Las dos enmiendas clave que exige La Palma
La primera enmienda busca eximir a las familias que perdieron sus inmuebles turísticos bajo el volcán del requisito de antigüedad mínima de cinco años para su comercialización. Según el texto, la norma actual “limita a los damnificados el derecho pleno a reconstruirlas y explotarlas de nuevo sin verse perjudicados por este filtro temporal”. El Cabildo recuerda que ese derecho ya está respaldado por la propia Ley del Volcán y los decretos de recuperación dictados por el Gobierno de Canarias.
La segunda enmienda defiende la supremacía de la Ley de Islas Verdes sobre la nueva regulación autonómica. Rodríguez subraya que el modelo de las tres islas –donde no hay grandes tenedores ni cadenas de explotación masiva– funciona de manera “idónea”, ya que las viviendas vacacionales generan rentas complementarias a las economías familiares, ayudan a fijar población y recuperan fincas agrícolas en las medianías.
Las enmiendas no son un capricho ideológico: son la única vía para que la reconstrucción del valle de Aridane no se quede sin su motor económico.
La cuenta atrás para la votación del miércoles
En su carta, Sergio Rodríguez apela a la responsabilidad de los grupos para situar “los derechos de las familias afectadas y el modelo económico insular por encima de la guerra política”. La votación de este miércoles 23 de julio en el Parlamento de Canarias se presenta reñida: el texto del proyecto, tal como ha llegado a la Cámara, cercena según el presidente palmero el espíritu de la Ley de Islas Verdes y colisiona con el derecho de la ciudadanía a obtener ingresos complementarios a través del alquiler turístico.
La Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, en su redacción actual, podría dejar a centenares de propietarios sin la posibilidad de reabrir sus negocios turísticos hasta 2029. El Cabildo de La Palma insiste en que la isla, además de impulsar la vivienda pública y protegida, no puede prescindir de ninguna plaza turística en plena reconstrucción. La decisión está ahora en manos de los 70 diputados autonómicos.
El Pulso Territorial
El archipiélago canario vive un debate tenso sobre el modelo turístico. Mientras las islas capitalinas –Gran Canaria y Tenerife– lidian con tensiones por la masificación, las llamadas islas verdes mantienen un ecosistema de turismo menos invasivo que el Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria) en coalición con el PP, trata de regular sin romper los equilibrios. La Palma aporta apenas el 4% de las plazas turísticas totales de Canarias, pero su peso simbólico es enorme tras el volcán.
El pulso de este miércoles trasciende lo local: lo que se vote en el Parlamento de Canarias sentará un precedente para El Hierro y La Gomera, y en el fondo para todas las comunidades que aspiran a compatibilizar la protección del territorio con el derecho a una economía familiar apoyada en el turismo. La oposición socialista mantiene un perfil bajo, pero podría decantar la balanza. Si las enmiendas no salen adelante, La Palma se enfrentaría a un escenario en el que la reconstrucción física no vendría acompañada de la recuperación económica de sus vecinos.
Ficha Autonómica
- El caso: El Cabildo de La Palma ha presentado dos enmiendas al proyecto de ley de vivienda vacacional para eximir a los damnificados del volcán Tajogaite del requisito de antigüedad de cinco años y para blindar la Ley de Islas Verdes.
- Datos importantes: La votación, este miércoles 23 de julio, afecta a más de 1.600 viviendas arrasadas. El modelo de islas verdes genera rentas complementarias para miles de familias en La Palma, El Hierro y La Gomera.
- Resumen: El resultado del pleno determinará si los propietarios palmeros podrán reactivar sus negocios turísticos de inmediato o deberán esperar hasta 2029, y si la normativa especial de las islas verdes resiste frente a la regulación autonómica.
