La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aplazado sin acuerdo, este martes 21 de julio, la decisión sobre el archivo de las diligencias disciplinarias abiertas contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, por las palabras que vertió contra la Policía Nacional en uno de sus autos.
El órgano de gobierno de los jueces abordó el orden del día, que incluía cinco diligencias informativas, pero la falta de consenso sobre las propuestas de archivo presentadas por el promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, impidió cerrar el asunto. Las deliberaciones continuarán en los próximos días, según ha confirmado el CGPJ.
El auto que desató la controversia
La queja más relevante deriva del auto de 84 páginas en el que el magistrado acordó retirar el pasaporte a Begoña Gómez y en el que sostuvo que «no cabe duda» de que los agentes de la Policía Nacional encargados de su protección podrían, «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores», colaborar en una eventual fuga. Una afirmación que, según el Ministerio del Interior, supone un grave menosprecio a la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La reacción institucional fue inmediata. El ministro Fernando Grande-Marlaska remitió una queja formal a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, en la que calificó de «máxima gravedad» las sospechas del juez y defendió que los agentes y la cadena de mando actúan siempre con pleno respeto a la legalidad. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también presentó su propia denuncia disciplinaria.
Cinco quejas y ningún acuerdo
Junto a la diligencia impulsada por el SUP y por el propio Ministerio del Interior, la Comisión Permanente analizó otras cuatro diligencias abiertas a raíz de denuncias del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el grupo municipal Más Madrid, un diputado socialista, la asesora de Begoña Gómez y un particular. El promotor Disciplinario había propuesto el archivo de todas ellas, pero el empate en la votación —resuelto inicialmente por el voto de calidad de Isabel Perelló— ha impedido una posición común.
El Ministerio del Interior ratifica su plena confianza en la profesionalidad de la Policía Nacional, cuyos escoltas cumplen su labor con escrupuloso respeto a la ley.
El contexto institucional
La polémica se encuadra en un momento en el que el Ministerio del Interior ha reforzado los mecanismos de defensa de la imagen de los cuerpos policiales. Según los balances anuales del departamento, los índices de incidencia en los dispositivos de protección de la Policía Nacional se sitúan por debajo del 0,01 %, un reflejo del «altísimo estándar de profesionalidad» que el ministro Grande-Marlaska ha reivindicado en todas sus comparecencias. Ese historial limpio choca con las afirmaciones vertidas en el auto, que cuestionan la integridad de agentes y mandos.
Desde el CGPJ se insiste en que la decisión definitiva se tomará en próximas reuniones, una vez que los vocales de la Comisión Permanente alcancen un consenso. Mientras, el juez Peinado continúa al frente de la instrucción del caso Begoña Gómez, una causa judicialmente compleja que se ha visto salpicada por esta controversia disciplinaria. La defensa de la honorabilidad policial, según fuentes del Interior, es una línea roja que no admite matices.
