EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Carles Puigdemont ha denunciado al Reino de España ante la Comisión Europea por incumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la aplicación de la Ley de Amnistía. La denuncia responde a una providencia del Tribunal de Cuentas que preguntaba a las partes si procede no amnistiar a los ex altos cargos del procés si se utilizaron fondos europeos.
- ¿Quién está detrás? La defensa de Carles Puigdemont, encabezada por el abogado Gonzalo Boye, ha formalizado la comunicación ante la Secretaría General de la Comisión Europea.
- ¿Qué impacto tiene? La iniciativa tensa aún más la relación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts, su socio parlamentario clave, en un momento en el que el Ejecutivo debe defender la independencia del órgano fiscalizador sin perder apoyos en el Congreso.
Carles Puigdemont ha presentado este martes 21 de julio una denuncia formal contra España ante la Comisión Europea por incumplimiento del derecho comunitario. La acción llega después de que el Tribunal de Cuentas emitiera ayer una providencia en la que preguntaba a las acusaciones y defensas del procés si cabe la posibilidad de no aplicar la amnistía a la treintena de ex altos cargos encausados, entre ellos el propio Puigdemont, en caso de haberse utilizado fondos de la Unión Europea para sufragar los gastos del referéndum ilegal.
El escrito, redactado por el abogado Gonzalo Boye y dirigido a la Secretaría General de la Comisión, invoca el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y solicita la apertura de un procedimiento de infracción contra el Reino de España. A juicio de la defensa, la providencia del órgano fiscalizador supone un “incumplimiento” flagrante de la sentencia del TJUE que, en junio de este mismo año, avaló la plena constitucionalidad de la Ley de Amnistía y ordenó a todos los poderes públicos españoles su aplicación sin excepciones.
La denuncia ante Bruselas: argumentos y procedimiento
La providencia del Tribunal de Cuentas, fechada el 20 de julio, abre la puerta a que los exdirigentes independentistas no sean exonerados si se demuestra que los fondos destinados a la promoción exterior del procés procedían de partidas comunitarias. La defensa de Puigdemont considera que esa eventualidad contradice de pleno el fallo del TJUE, que no introdujo ninguna excepción basada en el origen de los recursos. En la denuncia se subraya que la sentencia europea es “clara, incondicional y suficientemente precisa” y que ningún órgano jurisdiccional español puede reinterpretarla.
Fuentes jurídicas consultadas por Moncloa.com recuerdan que la Comisión Europea dispone de un amplio margen para decidir si incoa o no un procedimiento de infracción. De hacerlo, España se expondría a un dictamen motivado y, en última instancia, a una nueva sentencia del TJUE que podría conllevar sanciones económicas. El proceso, sin embargo, se antoja largo y no altera de inmediato el calendario judicial interno.
El movimiento de Puigdemont se produce apenas un mes después de que el TJUE despejara el camino a la amnistía. La denuncia presentada —con doble espacio— ante la Comisión Europea añade un nuevo actor al complejo encaje institucional de la medida, que ya contaba con el rechazo frontal del PP, Vox y una parte del poder judicial.
La posición del PSOE: entre la independencia judicial y la presión de Junts
Desde Ferraz y La Moncloa se ha evitado comentar en detalle la denuncia, aunque fuentes de la dirección federal del PSOE han trasladado a esta redacción que el Gobierno “respeta la autonomía del Tribunal de Cuentas como órgano independiente” y al mismo tiempo “cumplirá y hará cumplir las sentencias del TJUE”. La doble afirmación resume el difícil equilibrio que el Ejecutivo de Sánchez debe mantener con sus socios de Junts, quienes ya han advertido de que cualquier obstáculo a la aplicación íntegra de la amnistía pondrá en riesgo su apoyo parlamentario.
En el Grupo Parlamentario Socialista se respira prudencia. El portavoz del GPS en el Congreso, Patxi López, ha evitado pronunciamientos públicos en las últimas horas y ha remitido a la comparecencia prevista para el próximo miércoles, donde se espera que aborde la cuestión. Mientras, el Gobierno confía en que la Comisión Europea no dará curso a la denuncia de forma urgente y en que el Tribunal de Cuentas resolverá la providencia en los términos marcados por el alto tribunal europeo.
La denuncia de Puigdemont coloca al Gobierno en la difícil tesitura de defender la independencia del Tribunal de Cuentas sin quebrar el apoyo parlamentario de Junts.
En Cataluña, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha preferido centrar su discurso en “la normalización institucional” y ha insistido en que la Ley de Amnistía “es una realidad jurídica que debe aplicarse sin subterfugios”. Su postura, similar a la de otros barones socialistas como Adrián Barbón o María Chivite, busca preservar la unidad del partido evitando personalizar el conflicto en el expresident huido de la justicia española.
El Eje del Poder Socialista
La denuncia ante Bruselas aviva un debate interno que el PSOE creía haber cerrado con la aprobación de la Ley de Amnistía en 2024. Ferraz asume que los próximos meses serán cruciales para demostrar que la norma —avalada por el TJUE— se cumple en todos los niveles jurisdiccionales, sin que ello suponga un menoscabo de la independencia judicial. El precedente más inmediato es la propia tramitación de la ley: entonces, como ahora, el partido tuvo que lidiar con las críticas de la oposición, las reservas de algunos barones territoriales y la exigencia de los independentistas de que se aplicara sin dilación.
En las federaciones territoriales socialistas la lectura es heterogénea. Los presidentes autonómicos de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de Asturias, Adrián Barbón, han manifestado en privado su incomodidad con la estrategia de Junts, pero ambos se han alineado con la dirección federal en público. En el Ayuntamiento de Barcelona, el socialista Jaume Collboni prefiere no entrar en el fondo de la polémica y subraya que el consistorio debe ser un “espacio de cohesión”. La diversidad de voces no ha fracturado al partido, pero sí obliga a Ferraz a ejercer un minucioso trabajo de coordinación a medida que se acerca el próximo ciclo electoral.
El riesgo real para el Ejecutivo no reside tanto en el procedimiento europeo —que, de abrirse, tardaría años en agotarse— como en la erosión de la confianza de Junts si el goteo de decisiones judiciales sigue posponiendo la amnistía de sus líderes. Cualquier retraso significativo daría argumentos a los sectores más radicales del independentismo, que ya acusan al Gobierno de falta de voluntad política. Ferraz lo sabe y por eso ha intensificado en las últimas semanas los contactos con los grupos parlamentarios: el objetivo es blindar la mayoría de la investidura antes de que el ruido judicial escale.
La próxima ventana crítica se abrirá cuando la Comisión Europea responda —o no— al escrito de Boye y cuando el Tribunal de Cuentas concrete el alcance de su providencia. Mientras, en Moncloa se respira un compás de espera que, en el fondo, es pura gestión de la incertidumbre.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La amnistía es ley y se aplicará conforme a las sentencias del TJUE; el Gobierno respeta la independencia judicial y confía en que el Tribunal de Cuentas resuelva de acuerdo con el derecho europeo.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Respuesta de la Comisión Europea a la denuncia y nueva resolución del Tribunal de Cuentas sobre la aplicación de la amnistía a la treintena de ex altos cargos del procés.
